La iniciativa que será liderada por la secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fue signada también por el embajador de Italia, Giovanni Adorni Bracessi, país que otorgará el crédito de ayuda para el Proyecto de Riego, y el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), José Manuel Hermida, organismo que ofrecerá apoyo técnico y administrativo a esta iniciativa.
Por su condición de zona altamente deprimida y su amplio capital social y riqueza natural, condiciones propicias para la construcción del desarrollo territorial, la zona piloto para poner en marcha la Declaratoria es la zona sur, que ya cuenta con la represa José Cecilio del Valle, conocida también como represa Nacaome
Esta infraestructura financiada por Italia, almacena una importante cantidad de agua, fue diseñada y construida para incrementar su capacidad de almacenamiento.
El gobierno italiano financiará con 24 millones de euros (574 millones de lempiras), la ampliación de la represa para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y la construcción de 4 mil 325 hectáreas bajo riego.
El diplomático italiano dijo que después de que se firmó el acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la exportación de los productos agrícolas de Honduras hacia esos países tiene una oportunidad muy grande de crecer y ayudar al desarrollo del país.
Adicionalmente, el gobierno hondureño impulsará la coordinación y complementariedad de estas iniciativas con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (Emprendesur), el cual ya cuenta con la aprobación de los recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA,) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Con esta Declaratoria, el gobierno fortalece las acciones dirigidas al combate a la pobreza, priorizando la promoción de actividades que promuevan la generación de empleo y el mejoramiento de los ingresos de las familias rurales, dijo el representante del PNUD.
Pensado de forma integral, esta estrategia de desarrollo incluye además asegurar la tenencia y posesión legal de la tierra para los beneficiarios del proyecto, para lo cual, el gobierno se compromete a completar la titulación de la tierra comprendida en el área de influencia del área de intervención en el menor tiempo posible.
