Tegucigalpa – Honduras tiene más de dos décadas consecutivas en donde el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho que se defiende a diario, en cada nota y en cada cobertura. Cerca de 82 periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación social han sido asesinados en casi dos décadas y en medio de esa incertidumbre, en el año que inicia, la expectativa va por la despenalización de los delitos contra el honor que sigue siendo incierta.
Comenzando la primera década del milenio, Honduras figuraba en los reportes de libertad de expresión como un país que aún mantenía en su legislación la figura del desacato, la cual estaba penalizada con cárcel si el periodista o el comunicador social osaba ofender a un funcionario público. Esa figura fue abolida tras intensos cabildeos internos e internacionales.
Pero las amenazas sobre la prensa siempre se mantenían con la figura de los llamados delitos contra el honor: injuria, calumnia y difamación. Las primeras preocupaciones de la intolerancia de gobiernos hacia la libertad de expresión se empezaron a sentir desde los gobiernos militares y se fueron acentuando tras el retorno a la institucionalidad en la década de los 80.
El asesinato en 2001 del comunicador social, German Rivas, en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán, seis meses después de salir ileso de un atentado, fue el preámbulo de negros nubarrones sobre la libertad de expresión. La relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA identificaba desde entonces dos componentes detrás de estas amenazas a la libertad de expresión: la corrupción y el narcotráfico.
Impunidad y silencio, letales para el periodismo
Fenómenos que hoy tienen a Honduras con instituciones sumamente frágiles, dado el nivel de penetración y cooptación que han hecho, al grado que una misión internacional como la MACCIH se encuentra acompañando los esfuerzos que en el combate a la impunidad y la corrupción efectúa el Ministerio Público, así como los esfuerzos ciudadanos desde instancias civiles.
De acuerdo con los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de momento se desconocen las causas sobre los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, manteniéndose como hipótesis principal el ejercicio de la profesión. De los 82 asesinatos cometidos contra los periodistas, el 7 por ciento de ellos ha sido investigado, y al finalizar el 2019, un total de ocho periodistas y comunicadores sociales engrosaron la larga lista de luto que rodea a la prensa y a la libertad de expresión en esta nación centroamericana.
Considerado uno de los países latinoamericanos de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, Honduras no sale del semáforo rojo que aplican los distintos indicadores internacionales de libertad de expresión, entre ellos el que mide la Cuenta del Milenio, al poner el país desde hace más de una década como una nación que no respeta la libertad de información en materia de acceso y derecho a la información, indispensable para tomar el pulso a la transparencia y la rendición de cuentas.
Informar en medio del riesgo
La libertad de expresión se defiende a diario en cada nota o en cada búsqueda de información, los medios y periodistas se las ingenian para sortear los silencios, las amenazas de los carteles criminales en el interior o en la urbe como forma de intimidar o censurar material informativo, sin que ello trascienda a la opinión pública.
La violencia e inseguridad que asola al país obliga también a la prensa a crear sus protocolos de sobrevivencia, en el caso de la nota roja, en algunas zonas del país, los periodistas han optado por ir todos al mismo tiempo a la cobertura de un hecho e igualmente salir en grupos al finalizar su trabajo de sucesos, acompañarse en las coberturas nocturnas.
Si esa amenaza es real, lo son también las que enfrentan en materia jurídica. Las leyes que penalizan con cárcel los delitos contra el honor no solo persisten, se agravan con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo próximo, tanto así que ahora no solo se pagarán con cárcel algunos de esos delitos, sino que también se impone una multa cuyo monto queda a discreción del juez.
La batalla por la despenalización
La batalla por despenalizar los delitos contra el honor será un tema que predominará en el 2020 en la agenda mediática y de libertad de expresión, pues la promesa de buena fe hecha por el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, a fines de 2019, ha sido frenada luego que una opinión no vinculante del Poder Judicial sugiere que estos delitos no sean despenalizados y se castigue con cárcel a los periodistas.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha liderado una campaña a favor de la despenalización de los delitos contra el honor en vista que riñe con la libertad de expresión y ha propuesto que estos delitos pasen al ámbito de lo civil en donde un tribunal fijará con multas o trabajos sociales voluntarios el delito en que incurra un periodista o comunicador social si comete delitos contra el honor. La propuesta del CPH no es exonerar a la prensa de sus responsabilidades, sino que llevar al ámbito civil para que la cárcel no sea un mecanismo inhibitorio en contra del ejercicio de la libertad de expresión.
La despenalización de los delitos contra el honor quedó así en el tintero, luego que el presidente del Congreso Nacional empeñara su palabra de abolir esta figura y pasarla al ámbito de lo civil. Oliva ha prometido que empujará de nuevo la iniciativa este año.
La Cámara Legislativa, a petición de la Corte Suprema de Justicia y un sector social y gremial, entre ellos el CPH y el Cohep, postergó la entrada en vigor del nuevo Código Penal para mayo de 2020.
Originalmente estaba prevista para noviembre 2019. Un fuerte sector de la sociedad civil es del criterio que ese código contiene artículos lesivos en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, además de otros derechos lesivos contra las mujeres y la trata de personas.
En este nuevo Código Penal, también se contemplan acciones condicionales en libertad de expresión y derecho a la información relacionadas con restricción a las fuentes y búsqueda de información, reforzando así el cerrojo que ya contempla la Ley de Secretos, otra limitante para el ejercicio de la libertad de expresión.
Los congresistas hasta ahora los únicos artículos que han dejado sin validez en el nuevo Código Penal, por reformas introducidas y aprobadas en el hemiciclo, son los relacionados con algunos delitos tributarios a los cuales se opone el Cohep, así como aquellos que castigaban a los dueños de los medios de comunicación y que buscaban poner censura también a directores, editores y coordinadores de prensa.
En materia jurídica, la Ley de Secretos, la Ley de Espionaje, el actual Código Penal, el nuevo Código Penal, y otras reformas penales constituyen las otras tenazas que atemorizan y ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras.
Organismos internacionales y nacionales en materia de libertad de expresión han hechos recomendaciones para revertir las leyes lesivas a la libertad de expresión y el derecho a la información, sin avance alguno. La incógnita para despejar es saber ¿si algún día se disminuirán estos riesgos?
