Asimismo, existe preocupación por el manejo de los mismos, ya que aún no se han definido canales claros de administración de recursos que bien podrían conducirse a través de fideicomisos o mediante responsabilidad directa de entidades del Ejecutivo o Legislativo, según se determine.
Lo inseguro de la tasa de seguridad
La controvertida tasa de seguridad, una iniciativa que cuenta con el respaldo del titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y que es bien vista tanto por la Policía como por la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público, busca recaudar 1,500 millones de lempiras, equivalente al 0.5 por ciento del producto interior bruto (PIB).
Los desencuentros en torno a la fuente que proveerá estos recursos han causado una serie de debates entre las esferas de poder público y privado.
Hernández ha atacado al sector empresarial porque estos no aceptan los parámetros fijados por el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad para aportar dichos fondos.
De hecho, el titular del legislativo lanzó descalificaciones contra los empresarios y les advirtió que pagarán la tasa las empresas más grandes y las que obtienen mayores ganancias.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, manifestó el malestar de su sector por lo que consideró la politización del tema.
Hernández dijo que los empresarios le propusieron elevar el impuesto sobre ventas en un punto porcentual, algo que rechazaron los mismos empresarios haber sugerido.
El diputado-presidente adelantó que esta semana o la próxima aprobará la tasa de seguridad
Pero el tema también ha dado lugar a una especie de disputa interinstitucional protagonizada por los actores que se creen con derecho a llevarse su “pedazo de pastel”, ya que invocan realizar, desde sus funciones, una lucha en contra del crimen.
Los últimos debates públicos en torno a la traída tasa de seguridad indican que gran parte de la misma deberá ser absorbida por la población en general a la que se le vaticina cobros impositivos en servicios de telefonía celular, matricula de vehículos y otros.
Fondo Especial
Otra iniciativa es el decreto aprobado en el Congreso Nacional, enviado por el Ministerio de la Presidencia, y el cual busca concentrar en un fondo especial al menos 1,500 millones de lempiras.
Los recursos provendrán de los presupuestos no ejecutados de al menos 19 entes estatales a los que se les achaca baja ejecución o gastos superfluos. Los saldos, de al menos 25 por ciento de cada ente, serán transferidos al referido fondo.
El hecho que los fondos presupuestados no sean ejecutados con la diligencia oportuna, es una admisión del fracaso de los ministerios y entes estatales involucrados. %26nbsp;
Lo especial, según lo señaló la ministra de la Presidencia María Antonieta Guillén, es que el fondo no tendrá fin específico, como ocurre con este mecanismo, sino que los recursos se destinarán según la disposición del momento.
El control de los fondos estará en manos del Congreso Nacional y una parte del gobierno, según han señalado los impulsores del proyecto. Ello daría a los responsables, el manejo de 3,000 millones de lempiras, el 1 por ciento del PIB.
