Tegucigalpa – El abogado y analista político Kenneth Madrid se pronunció este jueves sobre el polémico caso del «cheque-video» que involucra directamente a la diputada Isis Cuéllar y al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Cardona, calificando el hecho como una posible estructura delictiva que debe ser investigada a fondo.
Madrid enfatizó que la investigación no puede quedarse en simples separaciones del cargo o solicitudes de permiso, ya que se trata de una “trama organizada” que pudo implicar una planificación previa entre varios actores. “Aquí habría una asociación para delinquir con otras personas con las que se pudo haber acordado esta operación. No es una acción aislada”, afirmó.
El jurista también alertó sobre el uso de prestanombres en el cobro de cheques, lo que según él constituye un claro indicio de participación en actos delictivos. “Estas personas tienen un grado de responsabilidad, aunque no sean funcionarios. Si colaboraron para desviar fondos, también deben responder ante la justicia”, recalcó.
Madrid recordó que este no es un hecho aislado en el Congreso Nacional. “Ya teníamos antecedentes, como el caso ‘Red de Diputados’ o el escándalo Pandora. Los políticos no aprenden. Siguen jugando con el presupuesto público como si se tratara de su patrimonio personal”, lamentó.
Para el abogado, uno de los aspectos más graves sería si se confirma que los fondos públicos cobrados mediante estos cheques fueron a parar a actividades políticas. “Si el dinero terminó en campañas o estructuras partidarias, hay un nivel mayor de responsabilidad. El delito puede ser el mismo, pero el grado de participación cambia”, explicó.
Madrid también subrayó que los diputados no están autorizados para manejar fondos públicos. Su función es legislar, no administrar ni ejecutar recursos. Cualquier transferencia o cobro directo es una violación al principio de legalidad y transparencia, sostuvo.
Finalmente, instó al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a esclarecer el destino de cada lempira involucrado en este caso. Si el presidente del Congreso ha dicho que más de 200 diputados han manejado fondos, entonces más razón hay para una investigación masiva y objetiva. El país no puede seguir tolerando estas prácticas bajo la impunidad, concluyó. LB
