Tegucigalpa– La construcción de carreteras ilegales en áreas protegidas del país va en aumento, a vista y paciencia de las autoridades del Ministerio Público que ni de oficio realizan las investigaciones ante grave daño ambiental que generan al país.
–Iniciativa de ley de Licencias Ambientales Express hará un grave daño al ambiente en Honduras, advierte ambientalista.
-La proliferación de carreteras ilegales, deja deforestación, tala ilegal y daño ambiental.
Recientemente el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Soliz, confirmó la construcción ilegal de una carretera en la montaña de Celaque en el departamento de Lempira.
“La carretera fue construida pese a existir dictámenes que se oponían a la construcción de la carretera, es un delito ambiental”, dijo.
Manifestó que desde junio de 2022 tuvo conocimiento de que había intenciones de construir una carretera en la montaña de Celaque con el fin de comunicar varias comunidades en el municipio de San Manuel de Colohete.
Sin embargo, indicó que el ICF emitió un dictamen señalando que la construcción de la carretera no era factible porque se haría en un área protegida.
Explicó que el argumento es que la montaña de Celaque tiene un comanejador administrado por una unidad técnica para ejecutar acciones de protección, conservación y trabajar con la población en las áreas protegidas, no obstante, los promotores empezaron la construcción de la carretera pese a los dictámenes de oposición en 2023.
MP sólo decomisan maquinaria
Soliz lamentó que el ICF envió documentación sobre este hecho al Ministerio Público denunciando que se estaba cometiendo un delito ambiental.
Fiscales del Ministerio Público se apersonaron sobre la zona en 2023 y constataron que se estaba construyendo de manera ilegal una carretera y procedieron a decomisar la maquinaria.
Sin embargo, los encargados continuaron con la construcción de la carretera en montaña de Celaque.
El director de ICF denunció que hay acciones de deforestación en la zona y que hay un tramo carretero de dos kilómetros que abarca la zona núcleo de la reserva forestal.
Indicó que está a la espera de la resolución de un juez para neutralizar la carretera.
La investigación del MP quedó ahí con el decomiso de la maquinaria, ahora la carretera está hecha y ni de oficio ha vuelto a empezar de nuevo con la investigación, lo mismo sucede con las carreteras que han sido construidas de forma ilegal en La Mosquitia.
Otra carretera ilegal en la Biosfera del Río Plátano
El 26 de junio, la Secretaría de Defensa informó que en la zona núcleo de la reserva del Río Plátano se encontró una carretera ilegal de 3.2 kilómetros de longitud.
De acuerdo a la comunicación oficial, la apertura ilegal de la carretera de aproximadamente 3.2 kilómetros de longitud, fue localizada durante patrullajes de reconocimiento de protección ambiental efectuados en el sector de Tilopo, municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho.
La vía de comunicación se interna en la zona núcleo de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, considerada patrimonio natural de la humanidad.
En riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y el agua
En los últimos años, se ha denunciado la habilitación de la carretera que conecta a los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, más conocida como “narcocarretera”, que se ha convertido en un crimen ecológico, donde extraños se están haciendo millonarios con la venta de especies de árboles, la vida silvestre y la arqueología que posee la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano.
En las selvas de Olancho y La Mosquitia están las principales reservas de bosque del país, en especial la del Río Plátano, patrimonio de la humanidad, que constituye junto a 75 áreas de reserva declarada a nivel nacional, la segunda mayor extensión de tierras silvestres de Centroamérica y uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica.
El crimen organizado que ejecuta las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas está arrasando con los bosques y desestabilizando la región poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y el agua.
Al inicio del actual gobierno el ministro de Ambiente, Lucky Medina se comprometió a clausurar dicha carretera a petición de las comunidades indígenas afectadas y líderes ambientalistas. Sin embargo, el asesor presidencial Manuel Zelaya dijo que era de utilidad y que no se iba a destruir.
Coalición Ambiental preocupada por proliferación de carreteras ilegales
Proceso Digital consultó con miembros de la Coalición Ambiental de Honduras sobre la construcción ilegal en la zona núcleo de Celaque indicaron hay intereses económicos, y están involucrados el alcalde de San Manuel de Colohete, el gobernador político, hay de por medio un contrato de construcción de la carretera, el hijo del gobernador es quien ejecuta y la maquinaria es del alcalde.
El costo beneficio de esta carretera no es a beneficio de colocar en el mercado productos agrícolas, no, esa carretera remata en cuatro casas, afirmó la Coalición.
Agregaron que no hay un beneficio para la comunidad, ni se ha socializado el proyecto, el alcalde es el presidente de la mancomunidad que aprobó que se aprobara la carretera.
Siempre hemos manifestado que el papa es el que da el mal ejemplo, el Estado con sus instituciones que son las llamadas a proteger el medio ambiente, cometen faltas, por eso sus hijos que en este caso son los municipios también lo hacen y eso rompe con toda la institucionalidad.
Detallaron que Celaque tiene prohibiciones desde su plan de manejo y es de las áreas protegidas que se quedaron en el decreto 87-87 tiene regulaciones específicas hasta 2028 y claramente establece como una de sus actividades prohibidas la tala del bosque, hacer apertura de caminos.
Señalaron que el ente regulador de las áreas protegidas en Honduras es el Instituto de Conservación Forestal (ICF), por eso tiene oficinas regionales en todo el país, por lo que no podemos esperar que la población en si pare un proyecto si el ente regulador es el encargado.
Agregaron que las áreas protegidas una de las cosas que tienen que hacer los jefes departamentales es monitorear ese plan de manejo, me queda la duda de cuando perdieron el monitoreo de campo y se dieron cuenta hasta que ya estaba construida la obra.
Los miembros de la Coalición indicaron que ellos no han logrado ir a evaluar la zona afectada, pero la han monitoreado satelitalmente y han visto las fotografías dadas a conocer por ICF.
Afirmaron que las autoridades apoyan la construcción de esa carretera ilegal en vez de apoyar a la comunidad con el daño ya hecho.
Apuntaron que la Coalición está trabajando en el pronunciamiento sobre estas carreteras que están proliferando en las áreas protegidas.
Licencias ambientales express
Ana Velásquez, experta ambiental de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Proceso Digital que las licencias ambientales express son una iniciativa de ley que perjudicaría enormemente y que mantiene preocupados a todos los ambientalistas del país.
“No podemos ni monitorear las áreas protegidas y sus daños, que nos espera entonces”, dijo Velásquez.
Afirmó que las áreas protegidas deben ser cuidadas en primer lugar por los alcaldes, pero vemos como ellos también se hacen de la vista gorda.
Ese es el problema de las licencias ambientales express porque harán el daño y eso será irreversible cuando los procesos se inicien y no tengan supervisión, apuntó.
Iniciativa fue introducida por Redondo
El diputado Luis Redondo sometió a debate tres iniciativas vinculadas al sector empresarial. La primera fue la aprobación, en segundo debate, de la Ley del Régimen Laboral de Teletrabajo; la segunda, la Ley Especial para el Fomento del Empleo. Ninguna de estas propuestas resultó favorable. La tercera, relacionada con el licenciamiento ambiental exprés, sí logró pasar dos debates exitosos.
En la sesión del Congreso del 13 de mayo, se anunció la socialización de la ley de licencias ambientales exprés, pero no su sometimiento a debate. En ese momento, se intentó posicionar al Congreso como una institución comprometida con la protección ambiental. Redondo, citó decretos anteriores sobre la cota 200, reservas naturales y medidas contra incendios provocados, y afirmó: “Nosotros no vamos a actuar en contra del medio ambiente ni de intereses particulares (…) licencias que cumplan con los requisitos y que sean siempre revisadas por el Estado puedan agilizarse”, justificando así la creación del mecanismo especial, excepcional y simplificado para otorgarlas.
Redondo admitió que aún no se habían incluido cláusulas clave, como la exclusión de proyectos mineros o el respeto a la consulta previa en pueblos indígenas. “Si ese es el temor, metámosle que diga literalmente que no se puede”, dijo, reconociendo tácitamente que el proyecto fue elaborado sin salvaguardas fundamentales.
De manera similar, el diputado, Ariel Montoya, presidente de la Comisión del Medio Ambiente, respaldó el dictamen afirmando que se trataba de una autorización para que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) estableciera un mecanismo más ágil, sin eliminar los principios legales existentes. Sin embargo, reconoció que aún permanecen pendientes varias correcciones, como: “La no eliminación de requisitos de consulta… la exclusión de proyectos en territorios indígenas y afrodescendientes y que no sea aplicable a la minería metálica.”
La congresista Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras, expresó una oposición firme al proyecto en su forma actual: “Este proyecto abre una puerta para un mecanismo administrativo especial, excepcional y simplificado. Si con el marco actual hay asesinatos de defensores, ¿qué ocurrirá con un proceso más laxo?”. Su intervención desmonta el argumento central de la ley, que sostiene que basta con simplificar el proceso para resolver la mora, cuando en realidad lo que se necesita es fortalecer el Estado.
En el extremo más crítico del espectro, la diputada Suyapa Figueroa acusó directamente al Congreso y al Gobierno de incoherencia. Cuestionó la falta de protección efectiva a defensores ambientales, la impunidad en casos como el asesinato de Juan López, y la negativa a ratificar el Acuerdo de Escazú.
En tono frontal, declaró: “Aquí no existe equilibrio. En este país no existe justicia. En este país no existe moral”. Su crítica se conecta con una memoria histórica que refleja el papel del Congreso en la aprobación de decretos que han entregado el territorio a megaproyectos.
Al finalizar la discusión, queda pendiente la socialización del proyecto con los sectores que el CN considere pertinentes, con el fin de incorporar elementos que mejoren la propuesta, sin que esto signifique detenerla. IR
