Llama poderosamente la atención que la convocatoria hecha por el ministro de Gobernación, Víctor Meza, incluye solamente aquellas organizaciones de la sociedad civil “debidamente registradas ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC)”, dependiente del ministerio a su cargo.
Se conoció anoche que en la escogencia de sus representantes hay fuertes discrepancias entre las organizaciones de sociedad civil, porque existen dos grupos que pretenden imponer a nominadores afines al partido de gobierno y otros ligados a la oposición política, en este caso el Partido Nacional.
Diferentes sectores han denunciado en los últimos días que desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo se pretende politizar la escogencia de los nominadores, así como de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República, cuya elección está contemplada para enero del próximo año.
Los representantes de todas las organizaciones de sociedad civil están convocados a una asamblea a realizarse este miércoles 20 de agosto en un hotel de la capital a partir de las ocho de la mañana a cinco de la tarde.
En la convocatoria, Meza señala que el acceso a la asamblea es libre para cualquier ciudadano, pero sólo podrán acreditarse, para tener incidencia de voto, las organizaciones que llenen el único requisito establecido, que es estar debidamente registrados ante la URSAC, que dirige Carlos Arita Valdivieso.
Según la Constitución de la República, los magistrados del supremo tribunal de justicia serán electos por el Congreso Nacional de una nómina de 45 aspirantes, propuesta por una Junta Nominadora que componen representantes del Poder Judicial, Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Empresa Privada, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sociedad civil y confederaciones de trabajadores.
Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso el 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el 25 de enero.
Los magistrados de la CSJ, incluyendo a su presidente, son electos por un periodo de siete años a partir de la fecha que prestan su promesa de ley, pudiendo ser reelectos para otros siete años.
El analista político y miembro de la organización no gubernamental Foprideh, Jorge Yllescas informó a Proceso Digital que actualmente están inscritas ante Gobernación y Justicia unas 8,500 organizaciones de la sociedad civil, pero solo unas quinientas están debidamente actualizadas ante la URSAC, la mayoría iglesias.
Recordó que Froprideh y otras organizaciones no gubernamentales plantearon al ministro Meza la posibilidad de que la elección de los representantes ante la Junta Nominadora no se haga de forma transparente bajo este procedimiento, pero el ministro se comprometió a establecer como requisito único la inscripción legal de las organizaciones.
“Entonces todos los que estén inscritos legalmente y que tengan su personería jurídica y soliciten su participación no van tener problemas para hacerlo”, dijo.
Explicó que en esta asamblea se elegirá al propietario y suplente que representará a la sociedad civil ante la Junta Nominadora, pero quedará abierta la asamblea para posteriormente escoger la nómina de 20 precandidatos a magistrados que corresponden a las organizaciones de sociedad civil.
Yllescas dijo que se nombrará una comisión interna para recibir todos los currículos de los aspirantes y luego se hará una nueva asamblea para seleccionar a los 20 precandidatos. “porque a más tardar el 28 de agosto deberán estar integrada la nomina de 20 aspirantes de la sociedad civil”.
Consideró que bajo este procedimiento la elección de los nominadores y los aspirantes de la sociedad civil se politice, pero no descartó que en el proceso posterior hasta su llegada al Congreso Nacional, esto suceda, dado los intereses que se juegan para elegir magistrados afines a los partidos políticos tradicionales.
