Buenos Aires.- Las ocho mayores entidades empresariales de Argentina renovaron hoy su rechazo al proyecto de nueva ley de abastecimiento que el oficialismo buscaba este miércoles aprobar en el Parlamento.
Mediante un comunicado, el denominado «Grupo de los 8», conformado por los sectores de la construcción, la industria, el campo, el comercio, el mercado de capitales y los bancos, expresaron su «rechazo al proyecto de ley de intervención de mercados y apelan a la conciencia republicana de los legisladores nacionales».
Las entidades empresariales «manifestaron su preocupación por el impacto adverso que traerá aparejado el proyecto de Ley de Abastecimiento en la actividad económica, la inversión y el empleo en el conjunto de los sectores de las diferentes provincias del país».
Expresaron asimismo su preocupación por las facultades extraordinarias que el Parlamento le delegará al Ejecutivo con esta norma, «validando mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica con las implicancias negativas ya observadas en los últimos años».
«En el actual contexto económico se deben alentar la producción, la inversión y la generación de puestos de trabajo», sostuvieron.
En una sesión especial, que comenzó al mediodía y se podría prolongar hasta muy entrada la madrugada del jueves debido al gran número de intervenciones previstas, los diputados votarán la reforma de la Ley de Abastecimiento y la creación de un fuero del consumidor y un observatorio de precios.
El Ejecutivo de Cristina Fernández ha presentado este paquete de medidas, que fueron ya aprobadas por el Senado argentino a comienzos de mes, como leyes de defensa del consumidor.
La nueva Ley de Abastecimiento pretende regular las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo con el objetivo de evitar «abusos», según el texto del proyecto.
Ante situaciones de desabastecimiento o escasez, el Gobierno podrá imponer la producción de bienes aún a pérdida de la empresa (que podrá pedir una compensación) y se sancionarán las subidas injustificadas de precios y la acaparación de materias primas.
Quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas por no tener una posición dominante en el mercado.
