El tema reviste un interés trascendental especialmente en el actual escenario político y social del país. Su titular deberá hacerle frente a férreas defensas del Estado, cuestionado por hechos relacionados con la crisis política que se vivió el año anterior, tras la salida del poder del depuesto Manuel Zelaya.
La Procuraduría General de la República representa los intereses del Estado, su titular es electo por el Congreso hondureño para un período de cuatro años y no podrá ser reelecto. Como abogado y defensor del Estado, sus funciones marcan gran parte de los procesos de transparencia, rendición de cuentas, protección de derechos y en general el resguardo de los grandes casos que importan o tocan los intereses de Honduras.
Para detallar, el Procurador conoce las intervenciones fiscalizadoras del Tribunal Superior de Cuentas y puede solicitar a cualquier dependencia estatal informes y certificaciones en asuntos de su competencia.
Asimismo, representa al Estado en actos y contratos de interés nacional, emite opiniones jurídicas, asesora al presidente y a sus ministros, acusa o denuncia al responsable de delitos que causen acción pública.
Así, sus acciones reflejan la ruta nacional en materia de compromisos, avances, ética o por el contrario, su gestión puede indicar retrocesos, impunidad y corrupción, para citar algunos males.
El Procurador deberá velar por la recta aplicación de las leyes en los procesos penales y en todos aquellos juicios que interesen al Estado o afecten al orden o al interés público y promoverá los juicios contra todo aquel funcionario público que de lugar.
Otra de las tareas básicas del abogado del Estado es promover demandas contra los deudores de la hacienda pública, una tarea en la que hay mucho por hacer en Honduras, donde los delitos fiscales fluyen por doquier.
Un abogado que haga frente a las huellas de la crisis política
Al iniciar el nuevo gobierno, las huellas de la crisis política continuarán marcado la ruta hondureña. El país deberá defenderse de las acusaciones contra el Estado que pudieran presentarse en tribunales internacionales de los cuales es signatario.
El ex presidente Manuel Zelaya no se cansa de verter amenazas y hasta aseveraciones de demandas internacionales relativas al accionar político nacional.
Casos de tal magnitud deberán ser enfrentados por un procurador empoderado de la realidad nacional y de todo en tinglado jurídico del que deba echar mano en pro de los intereses nacionales.
Dictámenes trascendentales
La actual procuradora, Rosa América Miranda de Galo, enfrentó una gran parte de la crisis hondureña y la institución a su cargo debió opinar y brindar criterios que se extendieron desde temas como la legitimidad y legalidad del proyecto denominado cuarta urna que quiso se materializado por el depuesto Zelaya, con la intensión de instalar una Asamblea Nacional Contribuyente para darle vida al continuismo presidencial, prohibido en la Carta Magna vigente.
Otras situaciones como la de remitir al Congreso Nacional su opinión sobre si jurídicamente procede o no se podía restituir al Manuel Zelaya en la Presidencia del la República, de acuerdo a un planteamiento formulado en el pacto Tegucigalpa – San José, comprendido en el diálogo Guaymuras, suscrito por representantes del gobernante depuesto como del interino, para poner fin a la crisis política.
La abogada del Estado recibió la petición del CN en cuanto a que se pronunciara si era o no posible retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental el 27 de enero de 2010, como se expone en el Acuerdo Tegucigalpa-San José, que, en su momento, resolvió el Poder Legislativo.
Las acciones realizadas por la procuradora Miranda de Galo, en los casos antes expuestos, le llevaron incluso a recibir amenazas a muerte. La abogada Miranda manejó el tema con discreción y frente a las consultas de la prensa únicamente dijo que “no quiero referirme a esto, pero sí quiero decirles que si tienen algo que hacer que lo hagan contra mi, pero no contra nadie de la PGR y nadie de mi familia”.
Frente a las expectativas de la ciudadanía que demanda acciones concretas del Estado en favor de la gente, así como de cara al contexto internacional, no hay duda que para los 128 diputados que se instalarán en la Cámara Legislativa a partir del 25 de este mes, el nombramiento del abogado del Estado es uno de los más trascendentales retos.
