Tegucigalpa – Los aspirantes a Fiscal General, 18 en total, concluyeron este jueves las pruebas de confianza que son requisito para coronar su postulación y la de su adjunto y la agenda marcha a un ritmo acelerado, considerando que el actual titular, Óscar Fernando Chinchilla, concluye su período en septiembre próximo.
“Ha sido un proceso bastante transparente en base a las actividades, ha estado acompañado por miembros del Cohep, MACCIH y otras organizaciones protectoras de derechos, y esto garantiza todo lo actuado”, dijo Anny Ochoa.
– A más tardar el próximo viernes 15 de junio estará lista la nómina de cinco finalistas que enviará la Junta Proponente al Congreso Nacional.
Las pruebas iniciaron el miércoles en la sede de la Corte de Apelaciones y las mismas incluyeron exámenes toxicológicos, patrimoniales y psicométricos.
Los exámenes de este jueves fueron en los ámbitos socioeconómico y poligráfico, aunque Proceso Digital conoció que estas se extenderán incluso hasta el fin de semana.
Se prevé que este viernes los candidatos que deban responder a audiencias de descargo tendrán 45 minutos de acuerdo con un cronograma elaborado por la Junta Proponente para hacerlo.
Reto
Desde su creación hace veinticuatro años, el Ministerio Público en Honduras enfrenta su mayor desafío en cuanto a la elección del próximo Fiscal General y Adjunto, pues quien sustituya al actual Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, no solo deberá determinar cuál será el rumbo de la lucha anticorrupción e impunidad en Honduras, también la estabilidad institucional y la certeza que la zozobra del pasado no retornará a esa institución.
Tras la sentencia de la Sala Constitucional que limita el accionar de la Misión de apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) creada para investigar la “gran corrupción”, el Ministerio Público podría entrar en una pausa, si el nuevo Fiscal General electo decide: primero, desmantelar la UFECIC y disgregar su personal a otras fiscalías, segundo, bajarle perfil, y tercero, cerrar definitivamente esta fiscalía especial. La cuarta opción, sería que quien llegue al Ministerio Público apueste por seguir golpeando la corrupción y la impunidad, independientemente de quien se trate, manteniendo y fortaleciendo la UFECIC.
Las cuatro opciones están abiertas para quien sustituya la función de Óscar Fernando Chinchilla, un abogado constitucionalista a quien la Sala Constitucional del Poder Judicial le dijo, con su sentencia, que “no conoce” la Constitución por crear la UFECIC, misma que surge al amparo del convenio de la MACCIH, que, de acuerdo con esa misma sentencia, “es constitucional”.
Una elección cuesta arriba
La decisión de la Sala Constitucional pone así cuesta arriba la elección del próximo Fiscal General y Adjunto, misma que recaerá en el Congreso Nacional, tras una nómina de cinco personas que le envíe la Junta Proponente, como establece la ley. En el Congreso Nacional, varios de sus parlamentarios están siendo investigados por la Ufecic del Ministerio Público.
En términos de números y procedimientos, a la luz pública podría decirse que el proceso marcha como estaba previsto: se han hecho las primeras fases de convocatoria, revisión de hojas de vida y audiencias públicas. Se han descartado las primeras postulaciones, unas por salud, otras por no llenar requisitos y otras por no ser bien evaluadas en las audiencias públicas. Concluye ahora la etapa de las pruebas de confianza y patrimoniales, entre otras.
Pero la nómina que va a escoger la Junta Proponente no termina con elegir cinco postulantes, el trabajo de la Junta Proponente comienza ahora, cuando sus esfuerzos de selección demuestren la rigurosidad y la sapiencia en la escogencia que enviarán al Congreso.
Y si los aspirantes no llenan los requisitos ni reúnen las condiciones de idoneidad, la Junta Proponente deberá ser capaz de decir que no hay nómina y es un escenario que debe contemplar, en caso de presentarse. La Junta Proponente en esta etapa deberá valorar hasta dónde los postulantes están dispuestos a hacer cumplir el “principio de ingratitud”que significa que una vez en el cargo, el próximo fiscal general no debe obediencia ni agradecimiento a quienes le eligieron, porque su compromiso es defender a la sociedad frente a los abusos del Estado.
La sombra del pasado
Bajo este contexto, la suerte del Ministerio Público va más allá de la simple elección de un Fiscal General y Adjunto. El quid del proceso está en garantizar que Honduras, y el MP, en particular, no puede regresar al pasado, a los pactos bajo la mesa, a engavetar o frenar procesos de persecución de penal o a generar a lo interno de la Fiscalía General incertidumbre sobre la estabilidad o no de sus empleados, menos sobre la política criminal.
Las nuevas autoridades del Ministerio Público deben dar certeza que esa institución no volverá al vaivén de inestabilidades del pasado.
Tampoco el nuevo Fiscal General y Adjunto puede llegar a hibernar en su cargo en un contexto regional en donde los ojos sobre los llamados países del Triángulo Norte se posan con mayor intensidad dado los niveles de corrupción y de criminalidad organizada que pulula en estos territorios. La comunidad internacional, en especial Washington, ha sido clara sobre sus nuevos ejes en materia anticorrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, el eje del norte de Centroamérica.
Las políticas antidroga, el combate a las maras o pandillas y la persecución penal a la gran corrupción que se trabaja en conjunto con las fiscalías del Triángulo Norte y el resto de los países, son temas en la agenda internacional y del próximo Fiscal General y Adjunto a las cuales deberá dar respuesta, además de conocer las acciones que en su momento se pueden tomar, desde el extranjero, en contra de funcionarios corruptos y narcos de Centroamérica, como indica la víspera.
Los escenarios para la estabilidad del Ministerio Público están complicados, pues, aunque es un ente con rango constitucional, cualquier acción que tome quienes sustituyan a Óscar Fernando Chinchilla, puede ser sujeto de “revisión” judicial, interpelaciones o incomodidades si el nuevo fiscal general aplica el principio de ingratitud.
Veinticuatro años después de su creación, el Ministerio Público, que recién salió de sus crisis internas y empezó a construir institucionalidad, ahora se enfrenta a uno de sus desafíos más grandes: encontrar un inquilino ajustado a las demandas del país contra la corrupción o hibernar con uno que lejos de fortalecerlo, lo deslegitime como en el pasado.
Listado final estaría el próximo viernes
Anny Ochoa, representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en la Junta Proponente, le confió a Proceso Digital que el proceso de selección de candidatos al cargo de Fiscal General ha sido transparente hasta el momento.
Anny Ochoa.Sobre las audiencias de descargo que se practicarán a los aspirantes este viernes, dijo que “tenemos que revisar todo el expediente porque la denuncia es una parte de lo que completa todo el expediente personal y profesional. Son pocos los denunciados, pero hay quienes tienen varios hechos denunciados, son 45 minutos para que se defiendan y luego vienen las deliberaciones entre los miembros de la Junta”.
Consultada sobre la denuncia que hace el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que uno de los aspirantes defendió a un ciudadano hondureño extraditado a Estados Unidos y que es motivo para apartarlo del proceso, la abogada Ochoa refirió que “desde mi perspectiva y lo hablamos en sesión de Junta Directiva del Colegio de Abogados, hemos hecho una valoración y creo que son ese detalle se violenta el ejercicio profesional de un profesional del derecho, además del derecho a la defensa y de inocencia. El hecho que un abogado represente a un ciudadano que tiene un problema o conflicto con la ley, no puede ser vinculado como que tiene nexos con el crimen organizado”.
Concluyó que luego de terminadas las pruebas de confianza y evacuadas las denuncias, viene la discusión de los miembros de la Junta Proponente, en base a los protocolos aprobados, para elaborar la lista de cinco finalistas que será enviada al Congreso Nacional a más tardar el 15 de junio.
