“El proyecto está en la ejecución de su tercera fase, en la cual se están definiendo las áreas nacionales prioritarias, los objetivos y los planes de acción de cada una, indicando las condiciones de lo que se ha encontrado y lo que se puede realizar como país a corto, mediano y largo plazo para poder controlar y eliminar los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)”, dijo Sara Ávila.
Ávila explicó que los COPs son productos con características peligrosas porque tienen una persistencia en el ambiente que se puede bio-acumular en los tejidos grasos de los animales y las personas y son fáciles de transportar por lo que a nivel mundial son prohibidas.
Entre algunos de los plaguicidas se mencionan el Adrín (Aldrite), Clordán (Chlordan), Dieldrín (Dieldrite), Endrín (Hexadrin), DDT (prioritaria su eliminación), Hexaclorobenceno (HCB), Mirex (declorano), dioxinas y furanos.
Ávila dijo que la jornada nacional de trabajo estuvo orientada a fortalecer el conocimiento de las capacidades de las instituciones que conforman el Comité Nacional de Gestión de Sustancias Químicas (CNG), integrado por el sector privado, instituciones gubernamentales, educativas, y la sociedad civil.
En esta jornada se identificó al personal involucrado en el movimiento de importación y exportación de de sustancias químicas en las aduanas, para conocer los controles que el país realiza, y además conocer e informar al CNG sobre Plan de Estocolmo y la relación que existe con los convenios de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, y el de Rotterdam que se encarga de alertar si una sustancia puede no entrar al país, señaló.
Sobre el tema, el oficial de la Unidad de Ambiente y Gestión de Riesgo del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Juan Ferrando, dijo que la eliminación de los COPs sólo se logrará si no se generan nuevos contaminantes ni se de apertura a nuevas instalaciones que los fabriquen, evitar que algunas empresas los liberen de forma no intencionada y que los productos que existen sean sustituidos progresivamente,
El análisis socioeconómico de todos los planes de acción y la redacción del documento del “Plan de Implementación del convenio de Estocolmo” darán por concluido este proyecto que intenta proteger la salud humana y del medio ambiente contra los contaminantes orgánicos.
El convenio de Estocolmo fue firmado por 152 países y entró en vigor en mayo de 2004. A través del apoyo del Fondo Mundial del Ambiente (GEF) y el PNUD se han facilitado fondos para impulsar acciones establecidas en este acuerdo para reducir la emisión de contaminantes en el país.
En el evento promovido por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el GEF y el PNUD, estuvieron presentes los subcomisionados de aduana de la Dirección Ejecutiva de ingresos (DEI), la policía fronteriza y los representantes del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
