- Pese a que el Congreso hondureño solicitará la opinión de la Corte Suprema de Justicia en torno a la inconstitucionalidad o no de las reformas, el secretario de la cámara legislativa, José Alfredo Saavedra asegura que la mayoría calificada podrá aprobarlas debido a que la opinión judicial no es vinculante.
En tanto el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, anunció que remitirán el veto a la Corte Suprema de Justicia y esperarán 48 horas para conocer si las reformas son o no inconstitucionales, como justifica la determinación del gobernante hondureño.
El veto presidencial fue entregado a la Secretaría del Parlamento hondureño por el ministro de la Presidencia y asesor legal de la casa de gobierno, Enrique Flores Lanza.
La determinación de “Mel” Zelaya fue recibida en la Cámara en el primer día de sesiones ordinarias de este año, luego de más de dos semanas de vacaciones navideñas.
A su retorno al Congreso los temas debatidos por los diputados rondaron en torno a las reformas electorales a las negociaciones del Ejecutivo para formar parte de Petrocaribe, como alternativa para adquirir combustibles que en una buena parte serán sujetos de un crédito blando, pagadero en los períodos presidenciales subsiguientes al de Zelaya Rosales.
En medio del las discusiones sobre el tema de Pedevesa, los diputados esperaban la llegada del anunciado veto presidencial que fue entregado después de las siete de la noche por Flores Lanza al secretario José Ángel Saavedra quien de inmediato lo trasladó a la Cámara.
El ministro Flores Lanza justificó la determinación del Ejecutivo de vetar las reformas electorales en dos puntos: dijo que el adelanto de las elecciones internas prolonga las campañas políticas aunque no han faltado quienes dentro del Congreso interpreten este pensamiento como el temor presidencial de perder el poder y quedar solo con una mayor antelación.
Otro de los detalles que según el asesor y ministro presidencial inspiraron el veto es el de aprobar un presupuesto de mil millones de lempiras en beneficio de los partidos políticos.
Esta afirmación ha sido cuestionada incluso por el propio presidente del Congreso y aspirante presidencial liberal, Roberto Micheletti quien aseguró que se trata de un presupuesto que ronda por los 750 millones de lempiras que serán entregados en un periodo de cuatro años.
Micheletti dijo que esos fondos servirán entre otros temas para que los políticos puedan subsidiar obras comunales en sus poblados.
Parte de una campaña publicitaria del Congreso hondureño da a conocer que el financiamiento que a través de las reformas electorales se busca brindar a los partidos políticos es para evitar la infiltración de financistas dudosos en las campañas presidenciales e indican que es un mecanismo para blindar al sistema democrático de las redes del narcotráfico y del crimen organizado.
De igual manera varias leyes que se han enviado para su respectiva sanción se mantienen engavetadas en el altar Q sin retornar al Congreso hondureño.
Otros proyectos como la contratación de suministros como los derivados del petróleo que el gobierno negocia con Venezuela se han hecho sin antes considerar las opiniones del Parlamento.
Asimismo, las reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas consensuadas por la casi totalidad de los diputados han contado con el rechazo y una feroz y cacareada oposición del presidente Zelaya y sus cercanos colaboradores.
Las reformas electorales son rechazas frontalmente por la presidenta del Central Ejecutivo, Patricia Rodas, considerada la mano derecha del gobernante y la principal carta del grupo conocido como “los patricios” para lanzar una candidatura presidencial.
Otros grupos liberales como el que lidera el también aspirante presidencial y hasta hace unos días ministro de la Presidencia Yanni Rosenthal también es un opositor natural a las reformas electorales.
En ese entorno, las leyes hondureñas y su aprobación, veto o discusión transcurren, avanzan o se engavetan al son de los intereses de los tradicionales políticos hondureños.
El presiente dijo que las reformas electorales propuestas por el Parlamento hondureño “debilitan en vez de fortalecer la democracia” y agregó que son “inconvenientes para los intereses públicos porque afectan las finanzas del país.
El gobernante calificó las reformas de inconstitucionales y las catalogó de dañinas para los presupuestos de salud, seguridad y educación públicas.
Asimismo dijo que debilitan la democracia en tanto no incluyen la participación igualitaria de la mujer en los cargos de elección popular.
En su opinión, las reformas quebrantan el principio de igualdad de derechos que establece la constitución de la república.
Dijo que “es inconveniente que el producto de la recaudación de impuestos se destine a financiar en forma irracional e inconsecuente el funcionamiento de los partidos políticos”.
