Tegucigalpa – Debido a los índices de homicidios que los ubican en una de las regiones más violentas del planeta, el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) trabaja en hacer una metamorfosis en sus sistemas penitenciarios, desde donde se ordenan una serie de delitos.
– El pasado 10 de marzo, un vehículo del Sistema Penitenciario fue atacado con una granada frente a uno de los principales hospitales de Ciudad de Guatemala, dejando tres muertos. En el atentado al menos 25 personas resultaron heridas.
– La semana anterior durante el traslado de peligrosos reos en Honduras, se reportó la muerte de tres personas y más de 30 heridos.
En sintonía con lo que pasa en Honduras, Guatemala presentó esta semana un plan a 10 años para transformar su sistema penitenciario que tiene como ejes principales la rehabilitación de los reos y la mejora estructural de las cárceles, marcadas por el hacinamiento.
La reforma también incluye la implementación de la carrera penitenciaria y el fortalecimiento de la atención especializada e integral a hombres, mujeres y adolescentes que están tras las rejas.
El objetivo de la nueva política es transformar las 22 prisiones que tiene Guatemala, que alojan a 18 mil 686 reclusos cuando su capacidad es de seis mil 472 reos.
Estos problemas no son ajenos a lo que sucede en Honduras, donde hay 24 cárceles que albergan un poco más de 14 mil internos. Aquí también hay serios problemas de hacinamientos, reyertas, fugas y ordenamiento para ejecutar delitos de impacto.
Mientras en El Salvador la situación de hacinamiento es similar, ya que según datos de la Dirección General de Centros Penales del gobierno salvadoreño, en los 22 centros penales albergan 28,697 reclusos, mientras la capacidad apenas es para 8,490 reos, lo que refleja una sobrepoblación carcelaria de más del 300 por ciento.
Honduras lleva a cabo su reforma penitenciaria
El gobierno que encabeza el presidente Juan Orlando Hernández ha emprendido la tarea de lograr la gobernabilidad de los recintos penitenciarios y para ello ha anunciado una serie de reformas que incluye la segregación de reos de acuerdo a su peligrosidad, trabajo forzado y construcción de nuevas cárceles, este último apartado comenzó con la construcción de la Cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán, donde habrá al menos dos mil reclusos.
También se construyen proyectos penitenciarios en Naco, Cortés; Santa Bárbara y otras que comenzarán en los próximos días.
Asimismo, se ha bloqueado la señal de telefonía móvil en los 24 centros carcelarios del país, aunque esta medida “medianamente” ha dado resultados porque siguen saliendo llamadas de algunos recintos ha reconocido la propia autoridad.Más de 50 reos considerados de alta peligrosidad han sido trasladados desde las cárceles de San Pedro Sula y Tegucigalpa hacia módulos de máxima seguridad ubicados en instalaciones policiales y militares.
El presidente Juan Orlando Hernández se comprometió a recuperar el control de las cárceles en lo que resta de este 2015, así lo declaró en una intervención de esta semana en Chamelecón.
Esta semana el Ejecutivo envió al Congreso Nacional una reforma al Artículo 332 del Código Penal, que se conoce como Ley Antimaras, para que se castiguen a otras personas que colaboran con estos grupos criminales.
«Esta no es Suecia, el que está privado de libertad tiene que trabajar para pagarle al Estado lo que estamos invirtiendo, y más importante aún, que esté ocupado para que no esté pensando en cómo delinquir desde la cárcel», dijo Hernández en las últimas horas.
Oposición al trabajo forzado
Consultada por Proceso Digital, la subcoordinadora del Centro de Protección, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, Alba Mejía, criticó la medida del trabajo forzado anunciada por el actual gobierno, la que consideró sin fundamentos jurídicos y como una clara violación a los derechos humanos de los internos.“El trabajo forzado forma parte de una historia superada por la humanidad, entonces toda medida que adopte el Congreso tendrá un impacto en el tema de derechos humanos. Es inadmisible desde cualquier visión que se tenga para ser aplicado en cárceles”, argumentó.
No obstante, apuntó que “como derecho es otra cosa, es legítimo tener una política para que las personas privadas de libertad tengan acceso al ejercicio de una actividad que les permita realizarse como personas y que sea una oportunidad para agenciarse de algunos recursos y pueda apoyar a su familia”.
Recomendó que “si se van a construir cárceles, que se calcule el espacio, no como para gallinas que pongan huevos, como es el caso del centro que están construyendo en Naco”.
En términos generales, la visión de cualquier mandatario debe de ser humanizar cada vez más esos ambientes carcelarios, es la única manera en que el Poder Ejecutivo puede garantizarse la reintegración en términos de salud mental de las personas que salgan de la cárcel, indicó Mejía.
Puntualizó que “ya es necesario mejorar la construcción de nuevas cárceles, pero estas deben mantener los sistemas de comunicación porque es un principio, si lo que vamos a tener es un aislamiento para las personas privadas de libertad, la jaula aunque sea de oro siempre es jaula”.
El trabajo no es castigo
De su lado, el analista Raúl Pineda Alvarado, aportó que “el trabajo para los prisioneros es un derecho, ha sido una moderna legislación internacional, la ley del sistema penitenciario hondureño que prohíbe el trabajo forzado, aunque algunas penas establecidas en el Código Penal llevan la obligación de trabajar en obras públicas, pero esto no implica la capacidad del Estado para purgar a un interno a trabajar por la vía de la coacción en caso de que ellos no quisiesen”.Agregó que bajo ningún contexto puede concebirse el trabajo como un castigo.
Recordó que “las cárceles de Latinoamérica han sido un fracaso y la tendencia hoy es convertirlas en especies de industrias de escuela, que el interno pueda tener una resocialización en base a la actividad laboral que le permita mantenerse él, mantener su familia y colaborar con la familia de la víctima como establece la ley”.
Consideró que “la expresión de poner a picar piedra a los presos fue una especie de metáfora y si la idea es convertir las cárceles en centros de trabajo para los internos que tengan disposición de hacerlo y mediante un pago decoroso, la idea puede ser saludable”.
Sin embargó, refirió que “es inadmisible ver el trabajo forzado, el trabajo como castigo, está prohibido por las convenciones internacionales y por la propia ley del Instituto Penitenciario hondureño”.
Recomendó que “lo que se debe hacer en el Congreso Nacional de la Republica es crear un decreto que establezca los centros de detención emergentes”.
“La Constitución de la Republica en su Artículo 85 establece que sólo pueden estar recluidos los sujetos a juicio en virtud de las cárceles regidas por ley, por ejemplo los batallones no son cárceles instituidas en una ley, sino más bien en un acuerdo del Poder Ejecutivo”, manifestó.
Prosiguió que “esa es una falencia que debe resolver el Congreso Nacional cuanto antes, emitir un decreto estableciendo claramente que pueden estar proyectadas estas cárceles en los batallones, igual que las otras penitenciarías reconocidas expresamente por la ley del sistema penitenciario”.
Coincidió que la construcción de nuevos centros penales generará un descongestionamiento porque lo que ha existido en el país “son bodegas para guardar seres humanos, lo que sólo ha servido para generar más delincuentes”.
Finalizó que “el Estado cae en una contradicción de combatir el crimen generando más criminales desde las propias cárceles. En Honduras se da un fenómeno bien interesante a partir de los últimos dos años, se ha aumentado casi en dos mil el número de nuevos internos”.
El Salvador  Mientras en El Salvador, las cárceles albergan una cantidad enorme de privados de libertad que supera ampliamente su capacidad, tal como ocurre en las naciones vecinas.Debido a esta situación el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén fue denunciado ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) por la situación irregular en las cárceles de esa nación. Los dos organismos acusaron al gobierno de “indiferente” ante la problemática carcelaria. Las cárceles son objetivo principal de las organizaciones criminales, a tal grado que el acuerdo entre las pandillas Salvatrucha y Barrio 18 para no atacarse y con ello reducir el número de muertes violentas, pero a cambio sus líderes serían destinados a cárceles donde se relajarían las medidas disciplinarias y gozarían de mayor libertad en el interior. Las denuncias de la prensa salvadoreña señalan que los privados de libertad gozan de acceso a plasmas, teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos. El gobierno de Sánchez Cerén retiro el apoyo al acuerdo y decidió quitarle los privilegios que gozaban los líderes de las pandillas, en un intento de recuperar el control de los centros penales.
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