San Salvador – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador respaldó hoy la participación de militares en tareas de seguridad pública y combate de la delincuencia junto a la Policía, informó una fuente judicial.
«No existe inconstitucionalidad en el decreto ejecutivo que dispone de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en operaciones de mantenimiento de la paz interna», señaló la Sala en un comunicado.
La Sala emitió el fallo, por unanimidad de sus cinco magistrados, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado hace varios meses por un abogado contra la decisión del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, de utilizar militares en labores de seguridad.
Funes, quien el próximo 1 de junio entregará el mando a su correligionario Salvador Sánchez Cerén, renovó en mayo de 2013 un decreto presidencial de noviembre de 2009 que autoriza la participación de al menos 6 mil 200 miembros del Ejército en tareas de combate de la delincuencia junto a patrullas de la PNC.
La Sala subrayó en su resolución que «tal decreto ha sido emitido con base en razones suficientes que justifican su excepcionalidad, subsidiariedad, temporalidad y estricta necesidad, dada la situación de criminalidad e inseguridad ciudadana que vive el país».
El Salvador ha experimentado en los últimos meses un repunte en los homicidios, a pesar de una «tregua» o pacto entre pandilleros para no asesinarse entre sí desde marzo de 2012.
Durante su primer año de implementación, ese pacto bajó la cifra de homicidios diarios de alrededor de 14 a 5,3, según el Ministerio de Seguridad, pero en su segundo aniversario, en el mes de marzo, repuntó a 9,9, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal.
Según un informe de Naciones Unidas presentado el jueves en Londres, con datos de 2012, frente a una media mundial de 6.2 homicidios por 100 mil habitantes, Honduras es el país centroamericano con más homicidios, con 90.4 por cada 100 mil personas, seguido por Belice (44.7), El Salvador (41.2), Guatemala (39.9), Panamá (17.2), Nicaragua (11.3) y Costa Rica (8.5).
La Sala emitió el fallo, por unanimidad de sus cinco magistrados, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado hace varios meses por un abogado contra la decisión del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, de utilizar militares en labores de seguridad.
Funes, quien el próximo 1 de junio entregará el mando a su correligionario Salvador Sánchez Cerén, renovó en mayo de 2013 un decreto presidencial de noviembre de 2009 que autoriza la participación de al menos 6 mil 200 miembros del Ejército en tareas de combate de la delincuencia junto a patrullas de la PNC.
La Sala subrayó en su resolución que «tal decreto ha sido emitido con base en razones suficientes que justifican su excepcionalidad, subsidiariedad, temporalidad y estricta necesidad, dada la situación de criminalidad e inseguridad ciudadana que vive el país».
El Salvador ha experimentado en los últimos meses un repunte en los homicidios, a pesar de una «tregua» o pacto entre pandilleros para no asesinarse entre sí desde marzo de 2012.
Durante su primer año de implementación, ese pacto bajó la cifra de homicidios diarios de alrededor de 14 a 5,3, según el Ministerio de Seguridad, pero en su segundo aniversario, en el mes de marzo, repuntó a 9,9, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal.
Según un informe de Naciones Unidas presentado el jueves en Londres, con datos de 2012, frente a una media mundial de 6.2 homicidios por 100 mil habitantes, Honduras es el país centroamericano con más homicidios, con 90.4 por cada 100 mil personas, seguido por Belice (44.7), El Salvador (41.2), Guatemala (39.9), Panamá (17.2), Nicaragua (11.3) y Costa Rica (8.5).
