Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta negó la noche de este domingo que el Supremo hondureño haya estado al servicio del expresidente Juan Orlando Hernández, al tiempo que aseguró nunca engavetó una solicitud de extradición durante su gestión desde febrero de 2016.
– Destacó reducción de la mora judicial de 185 mil en 2016 a 38 mil 920 en 2022.
Se negó a aceptar que el Supremo hondureño sea corrupto como denuncian muchos personajes políticos, especialmente los que forman parte del oficialismo.
En entrevista con el foro televisivo 30/30 de la Corporación Televicentro, aceptó que existen “casos aislados” de algunos jueces que se salen de la regulación legal y ética, pero que se han entablado acciones y las mismas enviadas a la Fiscalía hondureña.
“Hemos recibido muchas denuncias contra empleados del Poder Judicial y a través de la Supervisión de Tribunales hemos desplegado las investigaciones administrativas para deducción disciplinaria. En este alrededor de seis años hemos sancionado 500 empleados en acreditaciones de irregularidades que van desde llamados de atención hasta la suspensión del cargo”, explicó.
Explicó que la función del Poder Judicial lleva a la descalificación de los jueces por usuarios del sistema que no quedan conformes con las decisiones judiciales, igualmente por situaciones de carácter político-ideológico, entre otros.
Argueta garantizó “la limpieza” con que ha desempeñado el cargo por más de cinco años.
“Hemos intentado llevar con celeridad, con transparencia y con calidad cada una de las decisiones que ha llegado a nuestro escritorio. En materia de extradiciones -por ejemplo- tenemos cero mora”, expresó.
Aceptó que a veces existen retardos en la administración de justicia para algunas sentencias, pero no es una actuación propia de todos los órganos jurisdiccionales.
Extradiciones
Reveló que la única visita del Congreso Nacional que ha recibido en los últimos cuatro meses fue la que hizo una comisión especial para indagar sobre los procesos de extradición, la misma fue encabeza por el diputado Ramón Enrique Barrios.
“Los recibimos y les entregamos la documentación, donde se verificada cómo se ha manejado el tema de las solicitudes de extradición y nos manifestaron quedar bastante satisfechos y las declaraciones que dieron ante los medios de comunicación fue de satisfacción a la información y documentación que se les presentó”, desglosó.
Detalló que hasta la fecha han recibido 80 solicitudes de extradición con 106 personas reclamadas por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
De las 106 personas requeridas se completaron los procesos de 35, además 37 se entregaron a la justicia norteamericana sin pasar por el procedimiento, cuatro están pendientes de decisión y 30 pendientes con órdenes de captura, pero algunos casos la persona está sometida a la justicia estadounidense.
“Cero, ninguna, en ningún momento, de nadie”, fue la respuesta a la consulta si se han engavetado solicitudes de extradición.
Agregó que todas las solicitudes de extradición otorgadas han seguido los plazos establecidos en el auto acordado, sin dilaciones ni retardos de ningún tipo.
Explicó que cada pedido de extradición ya tiene un orden cronológico del juez natural que la conocerá, es decir que no se asignan viendo quien es el pedido por la justicia de EEUU.
Supremo nunca estuvo a la orden de JOH
El magistrado presidente del Supremo hondureño, volvió a negar que ese poder estuvo al servicio del expresidente Juan Orlando Hernández. “Tenemos independencia, lo hacemos con objetividad y tengo incluso documentación que acredita que muchas de las mociones que se llevaron a cabo en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nosotros nos opusimos de manera verbal a decisiones importantes”, mencionó.
Ejemplificó que se opuso a un préstamo de 4 mil millones de lempiras para la Tasa de Seguridad en febrero de 2021, asimismo a seguir alquilando por cinco meses más a un monto de 27 mil dólares mensuales el edificio donde funcionaba la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), ya que éstos abandonaron el país en enero y se pretendía extender el contrato de arrendamiento hasta junio de 2020.
También se opuso a la renta de vehículos blindados para funcionarios judiciales, y en iguales términos se pronunció para aprobar de 236 millones de lempiras para el presupuesto anual de la OABI.
Tal como lo ha expresado en otras oportunidades, Argueta se pronunció a favor de cualquier acompañamiento nacional e internacional que verifique el respeto a la soberanía en materia de justicia y seguridad.
“Hemos dicho que no sea por excesivo tiempo que una misión internacional esté en el país. Ya en el Poder Judicial tuvimos acompañamiento de la MACCIH y trabajamos bien con ellos, no queremos que sea indefinida en el tiempo y tampoco a corto plazo”, indicó.
El magistrado Argueta valoró el hecho que su gestión deja más de 40 edificios construidos, así como la modernización del Poder Judicial (expedientes electrónicos). Esto fue posible gracias a la austeridad y los controles que se han tenido en ese poder del Estado. JS
