Tegucigalpa – El silencio institucional también es complicidad refirió hoy el Partido Nacional de Honduras ante el intento de sabotaje electoral del oficialismo en Honduras.
El partido opositor se pronunció a través de un comunicado en el que solicitó a las Fuerzas Armadas brindar protección a las autoridades y colaboradores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por el Partido Nacional:
Sabotaje electoral: el silencio institucional también es complicidad
Al Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a su Junta de Comandantes y a las autoridades de justicia, les dirigimos este mensaje con total claridad y sentido de urgencia: los hechos registrados en los últimos cuatro días no son simples manifestaciones ciudadanas, sino acciones coordinadas y deliberadas para sabotear el proceso electoral. Esta conducta no solo es inaceptable; constituye un acto preparatorio del delito de sedición, tipificado en el artículo 525 del Código Penal de Honduras.
La sedición es un acto abierto, colectivo y violento contra la autoridad legalmente constituida, con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones, obstaculizar el ejercicio del poder público o alterar el orden institucional. En los últimos días, el Partido Libertad y Refundación (PLR) ha incurrido precisamente en esta conducta: ha recurrido a la violencia para bloquear el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y de manera inadmisible, ha forzado la suspensión de una sesión del pleno legislativo.
Frente a esta situación, el deber constitucional de las Fuerzas Armadas es claro e ineludible. El artículo 274 de la Constitución de la República establece que deben brindar protección al Consejo Nacional Electoral, para su instalación y funcionamiento cuando así lo soliciten sus autoridades. Sin embargo, pese a una solicitud formal de resguardo realizada por la presidenta del CNE, ustedes decidieron ignorarla. Esa omisión representa una violación directa del orden constitucional y pone en grave riesgo la integridad del proceso electoral.
A estos hechos se suman otras figuras penales claramente descritas en la legislación nacional. El artículo 541 del Código Penal tipifica como delito la perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, sancionado con penas de hasta diez años de prisión a quienes, mediante violencia o intimidación, invadan o impidan el funcionamiento del Congreso Nacional y demás órganos del Estado.
Del mismo modo, el artículo 542 sanciona la coacción y amenaza contra los órganos electorales o cualquier autoridad de sus miembros. Todo lo descrito en estos artículos ha ocurrido a plena luz del día y ante la mirada pasiva de las instituciones llamadas a intervenir. No ha habido acción. No ha habido procedimientos. No ha habido cadenas nacionales ni medidas para restablecer el orden público e institucional se convierten, en este contexto, en una forma de complicidad. El pueblo hondureño no lo olvidará.
Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras y Junta de Comandantes: aún están a tiempo de actuar conforme a la ley y proteger a los ciudadanos que desean vivir en libertad y paz en la gran fiesta democrática del 30 de noviembre. La historia los está llamando. El país entero observa sus decisiones y recordará, con absoluta claridad, sí estuvieron o no a la altura que exige este momento. (RO)
