Martínez no descartó que hayan más nacionales entre los inmigrantes, que fueron atacados por presuntos integrantes del grupo armado «Los Zetas» cuando intentaban llegar a los Estados Unidos.
«Sabemos que probablemente (…) haya otras personas salvadoreñas que sean identificadas más adelante», añadió el canciller, quien detalló que los nacionales que han sido identificados portaban documentos del país.
«Es un escenario dantesco», manifestó Martínez, al aludir al lugar de la masacre y detalló que los fallecidos estaban «atados de mano» y «vendados».
El jefe de la diplomacia salvadoreña aseguró que «las condiciones de seguridad» para que se acerquen los funcionarios de la Cancillería «no están fáciles», debido a que «hay todavía persecuciones» y «combates en la zona».
El viceministro para los Salvadoreños en el exterior, Juan José García, manifestó, sin precisar nombres o sexo de los muertos, que se trataba de «personas jóvenes, en edad productiva, entre 20 y 35 años».
Al tiempo que reiteró su condena a este «repudiable hecho», Martínez afirmó que han pedido «de la manera más firme a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva para determinar a los responsables».
«El asunto que ha sucedido ahora no es algo nuevo, lo que nos alarma es la dimensión de esto», agregó Martínez, quien señaló que han tenido registros y reportes de los organismos de derechos humanos sobre secuestros y ataques contra migrantes.
Confirmó que se han hecho «los arreglos necesarios», a fin de brindar las facilidades para la repatriación de los cadáveres, proceso que, según García, «dependerá de las autoridades mexicanas».
Pese a admitir que los recursos de los que dispone la Cancillería «son mínimos», Martínez confirmó que su despacho dispuso la apertura de ventanillas para brindar asistencia en el país de los familiares de los fallecidos y se conformó una comisión para atender el hecho.
A su vez, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy un pronunciamiento en el que expresa su «condena enérgica» al asesinato de los 72 inmigrantes, pidió al Gobierno brindar asistencia a los parientes de las víctimas e instó a las autoridades mexicanas a efectuar las «investigaciones necesarias» para castigar a los responsables.
Lamentó que «esta masacre venga a sumarse a una serie de hechos» en los que «más de 28.000 personas han muerto como producto de violencia relacionada con el narcotráfico en México durante los últimos cuatro años» y que «muchas de estas víctimas son migrantes que transitaban por México en búsqueda de un mejor porvenir».
