Tegucigalpa – De las cárceles de Honduras salen las órdenes para realizar masacres, se encargan muertes a sicarios, se coordinan extorsiones y un sinfín de actos que mantienen en zozobra a la población han reconocido autoridades hondureñas sin empacho alguno.
· En medio de debate por aislamiento de reos, priva apatía para elegir a nuevos miembros del Conaprev
La afirmación no es más que el hincapié en que los presos no solo se autogobiernan, sino que extienden sus reinos criminales al resto de la sociedad.
El presidente Juan Orlando Hernández ha dicho que una medida contundente para poner alto a la ola de violencia que, aseguran, emana de las prisiones, es la de aislar a los reos peligrosos que dirigen y ordenan bandas asesinas y extorsionadoras.
Todo ocurre a escasos días que venza el plazo para elegir a los nuevos miembros del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumano o Degradantes (MNP-Conaprev). Las instituciones encargadas de proponer a sus integrantes, todavía no lo hacen.
El mandato del MNP-Conaprev es examinar periódicamente el trato de personas privadas de libertad en lugares de detención.
Desidia para el nombramiento
El comisionado de Conaprev, Orle Solís, explicó a Proceso Digital que el próximo sábado 17 de septiembre, según la ley, deben estar nombrados los nuevos miembros de ese organismo.
Detalló que son tres comisionados, uno propuesto por el Poder Ejecutivo, uno por el Congreso Nacional y el otro por las organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento ninguno de ellos ha presentado a sus candidatos.
Explicó que la comisionada Odalis Nájera ya cumplió el período máximo de seis años en el que puede estar en su cargo, mientras que él y el otro comisionado, Fernando Morazán si pueden optar a otro período de tres años.
En el caso de la sociedad civil, el representante de Transparencia Internacional (TI) y de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, argumentó que no han nombrado al representante que le toca proponer porque como política nunca promueven a ningún candidato.
Oportunidad para mejorar
No obstante, Hernández consideró que es un buen momento para renovar y hacer la selección de los nuevos miembros pensando en la idoneidad y el espíritu de trabajo en favor de la sociedad.
En la composición del Conaprev actual, Fernando Morazán fue nombrado por el Poder Ejecutivo, Orle Solís por el Congreso Nacional y Odalis Nájera por la sociedad civil.
Diputados consultados por Proceso Digital expresaron que esperan que el presidente de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, haga pública la nominación del nuevo representante del Poder Legislativo ante el Conaprev.
Aislamiento de reos
Mientras la decisión para elegir a los comisionados de Conaprev es incierta, el Ejecutivo hondureño impulsa medidas para aislar a varios internos de los centros penitenciarios quienes estarían ordenando y dirigiendo terroríficos delitos desde dentro de las cárceles.
Para el mandatario, llegó la hora de poner orden en los presidios por lo que el gobierno tomará medidas contundentes para frenar las comunicaciones telefónicas desde los centros penales.
El gobernante aseguró cambios y limpieza en el sistema carcelario y varias instituciones del Estado al tiempo que anunció que ahora, el privado de libertad si tendrá restricciones y escarmientos para que no vuelva a delinquir y que cuando cumpla las penas y haya logrado su rehabilitación y salga a la calle en libertad evite asociarse con grupos delictivos.
Hernández también lamentó que los organismos de derechos humanos se opongan a las nuevas medidas que implementará el gobierno en las cárceles, por lo que se preguntó si ¿los que están en contra de las medidas y los cambios en las cárceles tienen conocimiento y saben las verdaderas dimensiones de lo que allí sucede con la planificación que hacen los privados de libertad en perjuicio de las personas honradas?
Sobre el tema, el comisionado Solís refirió que en la Ley de Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad y Ley del Régimen y de Permanencia para los Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad, conocida como “Ley Picapiedra”, se habla de aislar a los presidiarios altamente peligrosos y agresivos a quienes se les restringe la visita y la comunicación, entre otras prohibiciones.
Rehabilitación es lo importante
Sin embargo, a criterio de Solís, a un privado de libertad entre más se aísla y más se le relega, tiene menos acceso a la reinserción de educación y rehabilitación y en el artículo 87 de la Constitución de la República, se establece que las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procura en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo y en ese sentido, esa es una responsabilidad del Estado.
Recalcó que en los centros penitenciarios debe haber presencia del Estado en todos los aspectos como creando talleres de sastrería, carpintería, ebanistería, zapatería, y todo lo que es artesanía para que eso sirva de reinserción al privado de libertad.
Asimismo, señaló que los centros penitenciarios, no están provistos de detectores o escáneres de metales, de marihuana, de cocaína y otros estupefacientes y eso es lo que ha recomendado el Conaprev para que no haya pretextos de parte de los custodios penitenciarios.
Momentos difíciles
Recalcó que el sistema penitenciario hondureño vive momentos difíciles debido al hacinamiento y no se está desarrollando la base fundamental de la rehabilitación de los privados de libertad y aislarlos, relegarlos e ignorarlos va en contra de las convenciones internacionales y de garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República.
No obstante, considera que el mandatario está tomando esas medidas ya que se está atentando contra la seguridad de los hondureños.
Detalló que en la actualidad hay 17 mil 310 privados de libertad en las 25 cárceles del país y en los cuatro centros anexos que funcionan en los batallones de las Fuerzas Armadas.
Indicó que el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel Luis Róbelo Valladares y sus colaboradores, han conformado los comités disciplinarios integrados por un trabajador social, un sicólogo, un médico y un abogado para trabajar en la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.
Se perdió el control
Respecto a las revelaciones que recientemente han hecho los altos oficiales de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), en el sentido que el 80 por ciento de las masacres y las extorsiones se ordenan desde las cárceles, el diputado Osman Aguilar, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, señala que eso no es algo nuevo y se debe a que el Estado perdió el control de los centros penales.
Señaló que desde el Congreso Nacional se han aprobado leyes para evitar el ingreso de teléfonoscelulares y la salida de llamadas desde los centros penitenciarios e incluso se obligó a los operadores de la telefonía móvil a instalar equipos para el bloqueo incluso para la señal de WiFi, pero solamente cumplieron parcialmente y es responsabilidad del Estado hacerlos cumplir para lo cual hay que pedirles cuentas a los administradores de los centros penales y establecer si hay colusión de las empresas que prestan el servicio.
Recalcó que a pesar que se hizo una reforma a la ley y se creó el Instituto Nacional Penitenciario, continúa el hacinamiento, el ingreso de armas, aparatos móviles, drogas y siguen saliendo llamadas desde los centros carcelarios.
El empresario Eduardo Facussé indicó que tiene conocimiento que a través de mensajes en papelitos algunos privados de libertad se comunican con sus compinches que están en libertad.
Por esa razón, Facussé consideró que esa actividad debería ser controlada por una entidad que se encargue de grabar todas las conversaciones para detectar cualquier tipo de anomalía.
“Yo particularmente me siento bastante preocupado porque a pesar de todas las acciones que se han venido haciendo en los centros penitenciarios, los problemas todavía no cambian y es lamentable para el pueblo hondureño que sigan ocurriendo tantas muertes y tanta delincuencia en el país”, acotó.
Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario, indicaron que las órdenes para cometer crímenes desde las cárceles no solamente se hacen a través de llamadas telefónicas.
Las autoridades buscan implementar otras medidas de control, pero de acorde con la legislación vigente en relación a los privados de libertad, a quienes no se les pueden prohibir las visitas porque la ley las permite y lo que va a hacerse es regularlas.
Se estima que, a finales de este año, se definirá el número de privados de libertad que serían aislados.
En tanto, en las cárceles los reclusos siguen gozando de privilegios, despachan de sus celdas como si fueran oficinas públicas, ordenan crímenes y como claramente lo reconoció en las últimas horas un jefe policial, usan hasta costosos teléfonos satelitales sin que ellos puedan hacer mucho. El reino del crimen impera sin duda desde las cárceles hondureñas y sus efectos se extienden por el país.
