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El Poder Judicial por el que voté seis veces en contra, insiste en tener vivo este juicio, se queja diputado Casaña

Tegucigalpa – “Desde acá, donde se autorizan reelecciones, desde donde se hacen hablar a los muertos y se reviven a plena 2:00 de la tarde y se sacan a pasear, con esta ley hondureña, acá siguen manteniendo vivo este juicio en mi contra”, expresó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, luego que un juez desistiera conocer su solicitud para acogerse al Decreto de Amnistía.

Lamentó que el juez se haya declarado incompetente para conocer la solicitud de aplicación del Decreto de Amnistía. “No lo denegó, solo ha dicho que él no es competente y que vayamos a otra instancia”, en ese sentido anunciamos que vamos a seguir con este proceso”, indicó.

Recordó que en 2010 aprobaron un reajuste salarial de 300 lempiras para los jubilados, pero le resulta incomprensible que 11 años después sigan abierta las acusaciones por esta causa.

“Este reajuste salarial fue firmado por el presidente Porfirio Lobo Sosa, él lo elevó a decreto en Consejo de Ministros, lo publicó en La Gaceta, luego se convirtió en un PCM, seguidamente el Congreso Nacional aprobó esos 100 millones de lempiras para poder ser aplicados”, arguyó.

Casaña citó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se pronunció al respecto en 2018 y lo declaró inocente de las responsabilidades, sin embargo “en el extraño mundo retorcido de la justicia hondureña, las llamadas, los mensajitos, las reuniones en cuartos oscuros, siguen insistiendo en tenernos en este problema legal, aun cuando todas las instancias habidas y por haber se han pronunciado a nuestro favor”.

Tachó que “es penoso” que desde ese poder del Estado sigan las acusaciones sin razón de ser.

Concluyó que es una guerra cantada que tienen en su contra la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la que votó en contra en seis oportunidades en 2016.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto a los exdirectivos  de Inprema: Alfonso Guillén, César Ramos y Óscar Recarte fueron condenados por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. JS

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