San José – El periodismo y la prensa nicaragüense viven una crisis «sin precedentes» con el cierre por motivos políticos de al menos 61 medios de comunicación, incluidos el diario La Prensa, y las plataformas Confidencial y 100 % Noticias, alertó este lunes la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica.
En un informe titulado ‘Nicaragua: Memoria periodística y lucha por la verdad’, la FLED advirtió además que al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018
«El presente informe documenta una crisis sin precedentes en los derechos civiles y políticos vinculados al ejercicio periodístico en Nicaragua, marcada por un patrón sistemático de represión estatal contra periodistas y trabajadores de medios», señaló esa ONG en el estudio que abarca el período de abril de 2018 a abril de 2025.
La evidencia recogida, según el informe, «demuestra una ofensiva estructural del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, orientada a desmantelar el periodismo independiente como componente clave de la vida democrática del país».
Controlar la narrativa y éxodo de periodistas
Según la FLED, que forma parte de la red regional Voces del Sur, existe por parte del Estado de Nicaragua una aplicación deliberada de políticas públicas represivas, jurídicas, administrativas y de control social, destinadas a eliminar toda expresión de independencia informativa, y controlar la narrativa.
Durante el período analizado, se registraron 2.313 violaciones a los derechos civiles y políticos de periodistas y personal de medios, «reflejando una escalada sostenida de represión que ha resultado en la desaparición del 85 % del ecosistema mediático independiente del país», indicó el estudio.
«Estas cifras no solo representan datos estadísticos, sino historias de vidas forzadas al silencio, trayectorias profesionales truncadas y un grave retroceso en el derecho ciudadano a estar informado», advirtió.
A junio de 2025, al menos 293 periodistas y otros trabajadores de medios se encuentran en el exilio, «un desplazamiento forzado que confirma que abandonar el país sigue siendo, para muchos, la única vía de supervivencia o la delgada línea entre la libertad y la prisión», alertó.
«Este éxodo forzado evidencia la crueldad de la estrategia estatal orientada a la desarticulación del ecosistema informativo nacional», anotó.
Cierre forzoso de medios críticos y el costo económico
En el mismo período, se ha documentado el cierre forzado de al menos 53 medios de comunicación y 24 espacios informativos, incluyendo noticieros y programas de opinión.
Sin embargo, desde el regreso de Ortega al poder, en 2007, «la cifra total de medios clausurados asciende a 61, muchos de ellos con sus bienes confiscados por el Estado», de acuerdo con el informe.
Por otro lado, según el estudio, la «represión ha sido multidimensional»: 639 violaciones (27,6 %) afectaron directamente la libertad de expresión a través de censura, cierres de medios y criminalización del periodismo; 405 (17,5 %) vulneraron el derecho a la vida e integridad personal mediante amenazas, torturas y vigilancia; y 388 (16,8 %) atentaron contra la libertad personal, con detenciones arbitrarias, secuestros e incomunicación.
Según el informe, «el costo económico de esta represión se estima en más de 57 millones de dólares, debido a confiscaciones, embargos, destrucción de infraestructura, pérdida de equipos y la eliminación de más de 500 empleos directos en medios independientes».
«Pero el impacto social es aún más profundo: ha emergido un entorno marcado por la autocensura, el monopolio estatal de la información y la desaparición del debate público. La ciudadanía nicaragüense ha sido despojada de su derecho a la información plural, afectando gravemente el tejido democrático», afirmió.
El informe también advirtió que «la persecución contra el periodismo independiente en Nicaragua ha trascendido las fronteras, configurando un patrón de represión transnacional que se manifiesta en el hostigamiento sistemático y la descalificación a periodistas que informan desde el exilio».EFE
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