Tegucigalpa – De los 109 casos de violencia política registrados entre el 8 de septiembre de 2024 (fecha de convocatoria a elecciones) y el 30 de junio de 2025, 89 casos han estado vinculados al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) como agresor, pero también reporta el mayor número de víctimas.
“El partido que tiene el poder, obviamente va a hace uso de diferentes tácticas desde el Estado, va a hacer uso de dinero público, de la misma institucionalidad y obviamente en estos casos utilizan a los militares, a la Policía, pero también tácticas como lo hemos visto en el Congreso Nacional”, dijo el director del del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al presentar el informe «Conflictividad y Violencia Política: un monitoreo de las dinámicas electorales en Honduras, elecciones primarias 2025».
Ramírez señaló que los 404 casos de conflicto político-electoral registrados en 10 meses, también se registraron casos en contra el partido gobernante, «esto se debe a que en un proceso competitivo, todos quieren destronar al partido que está en el poder».
Seis muertos por violencia política
Las cifras que recopiló la Unidad de Monitoreo del IUDPAS señalan que de los 404 conflictos políticos, 182 estuvieron vinculados a problemas con la legitimidad de los resultados y 149 a dinámicas confrontativas a lo interno de los partidos o entre los partidos políticos.
En detalle, de los 109 casos de violencia política registrados, el 17.4 % fueron agresiones simbólicas, un 16.5 % a difamación/calumnia, el 12.8 % a lesiones/agresión fisica, el 11 % fueron actos de coacción, coerción o intimidación, 8.3% fueron atentados y homicidios 6.4 %, es decir 6 muertos por violencia política.
El otro 27.6% se distribuye en agresiones, amenazas, daños a la propiedad, discriminación, acoso y ridiculización.
Referente a los lugares más violentos, el monitoreo detalló que el 51.1% de los 109 casos de violencia política ocurrieron en Francisco Morazán, seguido de Cortés con 9.8% y Copán con 8.7%.
Los seis casos de violencia homicida se reporta en Copán, Atlántida, Comayagua, Lempira, Yoro y Colón con un caso cada uno, indicó la investigadora del Iudpas, Yajaira Padilla.
«Esos seis registros de homicidios, aunque son mucho menor que otras formas de violencia, es la forma más radical e irreversible de violencia», dijo Padilla al señalar que hay otros casos de muertes de aspirantes políticos que se encuentran en proceso de investigación para determinar si tienen algún vinculo político.
Los contextos en donde más violencia se produce son aquellos que involucran manifestaciones públicas 37 %, tareas o actividades políticas 22.8 % y riñas tumultuarias 9.8 % en espacios de uso colectivo.
“De los 109 casos de violencia política: el partido Libre registró el mayor número de víctimas (37.6 %), seguido por el Partido Liberal (24.0%), el Partido Nacional (17.4%) y el CNE (10.1%)”, detalló Ramírez durante la presentación.
Pormenorizó también que en 89 de 109 casos el agresor fue identificado y vinculado al partido Libre (35.0%), seguido por el Partido Liberal (26.5%), el CNE (10.8%) y el Partido Nacional (4.8%).
El monitoreo de la UNAH revela que las fuertes tensiones a lo interno y entre los partidos políticos y en instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Ministerio Público (MP), además de sectores económicos y sociales, se desarrollan en un contexto de profunda fragilidad institucional, abusos de poder, corrupción y polarización social que aumentan la desconfianza ciudadana, la inestabilidad política del país y generan un escenario incierto para las elecciones generales de 2025.
Los datos del informe «Conflictividad y Violencia Politica: un monitoreo de las dinámicas electorales en Honduras, elecciones primarias 2025» evidencian además de la captura partidaria de las instituciones del sistema político-electoral; los intentos de desestabilización del CNE.
También son el reflejo de la aprobación tardía del presupuesto de las elecciones; de la incapacidad estatal de transparentar, fiscalizar y sancionar el financiamiento político; y del uso discrecional de recursos y cargos públicos para campañas y prácticas clientelares.
El Iudpas también mencionó en este punto, el cuestionado desempeño de las Fuerzas Armadas así como el ataque a principios democráticos fundamentales como la libertad de expresión, la participación ciudadana, la separación de poderes y el principio de legalidad, han exacerbado la conflictividad y la violencia política en el país.
Violencia de género
Las mujeres se involucraron menos en situaciones de tensión política y los temas en los que participan bajo dinámicas conflictivas suelen relacionarse con desacuerdos durante el establecimiento de alianzas estratégicas, colaboraciones o apoyo (75.0%) y el manejo normativo o legal del contexto político (44.4%).
Los hombres tuvieron mayor interacción en temas vinculados a delitos electorales (62.3%). dinámicas de confrontación política (61.8%) y aspectos de legitimidad en los comicios (64.6%).
El informe indicó que 1 de cada 3 mujeres que participan en la vida política ha sido víctima de esta forma de violencia. Sin embargo, para la defensora de derechos humanos, Honorina Rodríguez, está ecuación se queda corta. » Si se hablara con las mujeres en los diferentes institutos políticos veríamos realmente que es 3 a 3″, aseveró.
Los actores o instituciones políticas-electorales que registran más involucramiento en conflictos son el Consejo Nacional Electoral (CNE) 29.2% y los partidos políticos en contienda (Libre 22.7%. Liberal 21.2% y Nacional 15.8%).
La diputada nacionalista, Johana Bermúdez destacó que desafortunadamente, si desde el Estado se normaliza la violencia, todo mundo cree que atacar, difamar, desprestigiar es algo normal. La parlamentaria recordó la reacción de la presidenta Xiomara Castro al ataque que sufrió para el caso la presidenta del CNE, Cossette López y concluyó que la primera mujer presidenta del Honduras respalda todo los actos de violencia realizados por el consejero Marlon Ochoa.
En este contexto, la UNAH hace un llamado urgente a las autoridades electorales, los partidos y actores políticos, las instituciones del Estado, liderazgos sociales, medios de comunicación, universidades y ciudadanía organizada a asumir la responsabilidad colectiva de asegurar elecciones generales y la continuidad del orden democrático. Proponemos como punto de partida los siguientes planteamientos:
1. Mostrar un compromiso con la democracia y elecciones libres de violencia. Hacemos un llamado a la dirigencia de los partidos políticos a competir de manera democrática, evitando actos de intimidación, agresiones verbales o física, daños a la propiedad y el patrimonio público con la intención sabotear la organización electoral y violentar el libre ejercicio del voto.
2. Actuar con independencia y aplicar la ley de forma imparcial y no partidaria es tarea del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ), por tanto, es urgente que garanticen la participación equitativa de las fuerzas políticas en un entorno del respeto al estado de Derecho.
3. Combatir la corrupción que conduce a la pérdida de confianza en los partidos políticos. Instamos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP) a cumplir sus mandatos legales y actuar con independencia y determinación para transparentar, prevenir, investigar, fiscalizar y sancionar el uso ilegal de recursos estatales con fines partidarios.
4. Espacios de diálogo entre sectores diversos. Motivamos a organizaciones sociales, universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general, a construir espacios de diálogo que promuevan el respeto a las diferencias y garanticen que, en Honduras, el próximo 30 de noviembre de 2025 celebremos elecciones limpias, transparentes y carentes de fallos «logísticos».
Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en estricto cumplimiento de su mandato constitucional, reafirma el compromiso de observar la conflictividad y violencia política a fin de alertar sobre los riesgos que enfrenta el proceso electoral porque solo a través de la responsabilidad compartida podremos fortalecer la democracia y garantizar elecciones legítimas y transparentes. VC
