spot_imgspot_img

El Miami Herald revela escalofriantes relatos de oficiales de Policía hondureños

Tegucigalpa – Los informes de prensa sobre la violencia y la colusión de un ala de la Policía con el crimen organizado siguen ocupando grandes espacios en los medios de prensa internacional.
 

Hace unas semanas el Washington Post reportó sobre la ola de inseguridad que sacude a este país centroamericano al que calificó como el más mortífero del mundo.

Ahora es el Miami Herald el rotativo estadounidense el que dedica un sendo reportaje en el que destacan testimonios de oficiales de los cuerpos de seguridad de Honduras en los que se revelan el lado más oscuro de crimen.

A continuación Proceso Digital ofrece a sus lectores el reportaje íntegro publicado por el Miami Herald:

La corrupción de las autoridades ahoga a Honduras

Tegucigalpa, Honduras — Sentado en la terraza llena de plantas de su casa, fuera de la capital, el luchador contra la corrupción Gustavo Alfredo Landaverde expresó lo que pocas personas tienen el coraje de decir en voz alta en esta pobre nación de América Central:

“Estamos podridos hasta la medula”, comentó sobre la corrupción relacionada con las drogas que infecta virtualmente todos los estratos de la ley y el orden en Honduras. “Estamos al borde de un abismo. Estas son organizaciones criminales por dentro y por fuera”.

Landaverde, ex subdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, un hombre de espejuelos y suaves modales, había sido despedido, demandado por difamación, y su último jefe había sido asesinado. “Me he preguntado: ¿por qué estoy vivo todavía?”, afirmó.

Dos semanas después de esa entrevista de noviembre con The Miami Herald, el experto de seguridad de 71 años estaba muerto. Sicarios en motocicletas se le acercaron en un semáforo el 7 de diciembre y acribillaron a balazos la ventanilla del lado del chofer de su Kia de cuatro puertas.

Landaverde se ha convertido en una figura trágica más en la presente lucha del país contra la corrupción que amenaza prácticamente todas las instituciones gubernamentales importantes de Honduras.

El hijo del presidente de una universidad fue derribado a balazos por policías. Los presos son obligados a salir de la cárcel para buscar drogas y luego muertos a balazos. El Cuerpo de Paz se retiró, diciendo que era demasiado peligroso llevar a cabo su misión en un país de 7.6 millones de habitantes que tiene ahora la tasa de homicidio más alta del mundo: 82.1 asesinatos por cada 100,000 habitantes, en comparación con 5.5 por cada 100,000 en la Florida.

Landaverde fue uno de los pocos que se atrevieron a decir que elementos de la Policía Nacional de Honduras estaban estrechamente vinculados con los carteles de la droga, los cuales, a su vez, cuentan con la protección de políticos, jueces y fiscales. Según fuentes policiales, militares y de derechos humanos de Honduras, los crímenes cometidos por las autoridades de este país van desde el asesinato hasta la extorsión y el robo de automóviles. Incluso las operaciones de drogas son administradas a menudo por la policía, con la complicidad de sus jefes, quienes andan en carros de lujo y viven por encima de sus medios.

Son robados almacenes de armas de la policía y las fuerzas armadas y los pertrechos van a parar a Colombia. Cuando a un congresista lo asaltaron y le robaron el auto, encontró a los culpables cuando fue a presentar la denuncia a la estación de policía, indicó un importante investigador de derechos humanos. El último ministro de Seguridad acusó públicamente a la policía de ser “controladores de tráfico aéreo” para los aviones de la droga.

Landaverde fue uno de apenas un puñado de personas dispuestas a que se mencionara su nombre en esta historia. Otros altos oficiales de la policía, un oficial de inteligencia militar, un importante investigador policial y activistas de derechos humanos insistieron en que no se publicaran sus nombres para no ser asesinados.

“Nunca se me ocurrió cuando asumí el mando de este ministerio que dentro de las postas de policía estaban delinquiendo y actuando contra la vida humana”, aseguró el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, nombrado recientemente para dirigir una limpieza de la policía. “Tenemos un problema serio”.

A pesar del caos rampante, no fue hasta octubre, cuando agentes de policía asesinaron al hijo de un altamente respetado presidente universitario y luego trataron de eliminar las pruebas, que el departamento fue sometido a un intenso escrutinio. Ese asesinato —y la liberación subsiguiente de los ahora fugitivos sospechosos— dejó estupefacta a la nación y condujo a una reorganización que costó su empleo al director de la Policía Nacional y a docenas de otros.

Se hizo una redada en la estación de policía de los asesinos y 40 personas resultaron suspendidas. Cada semana, reporteros investigativos publican más historias sobre cargamentos perdidos de armas policías y altos oficiales de la policía vinculados a los narcos. El Congreso creó una oficina especial del gobierno para “evaluar carreras policiales” y purgar la fuerza policial de 14,000 miembros.

Pero fuentes de The Herald afirman que los designados para dirigir ese departamento tienen algunas de las peores reputaciones en la policía hondureña, y son famosos por recibir sobornos, ordenar asesinatos y ofrecer protección a los traficantes de drogas.

“He visto maletas llenas de dinero, y las he visto en dos o tres ocasiones”, dijo un oficial de la policía a The Herald. “Cuando iba a presentar una denuncia, mis hombres me dijeron: ‘No, jefe, no lo haga. Lo matarían’ ”.

Un agente de inteligencia recordó haber estado vigilando una pista de aterrizaje clandestina de los narcos cuando lo llamó un coronel y lo envió a una ubicación a tres horas a distancia para comprobar una pista que resultó ser falsa. Cuando regresó, el avión de los narcos ya había venido y se había ido.

“Uno escribe un informe, se lo da a su jefe y entonces se da cuenta de que era él quien estaba cometiendo los crímenes”, aseguró un investigador de inteligencia militar a The Herald. “Tengo amigos que son criminales y sicarios. Es la policía, el ejército, el ministerio de seguridad. Ni siquiera se trata sólo de la policía o de las fuerzas armadas. Se trata hasta de los fiscales”.

En otra ocasión, él y su unidad vieron pasar una caravana de 15 Toyota Prados llenos de hombres armados con fusiles AK-47.

“Nos quedamos allí y los dejamos pasar como si nada”, dijo. “Yo puedo tener la mejor información, pero no la reporto. Las personas honestas que conozco recibieron empleos administrativos donde no están a cargo de nada”.

Ese fue el caso de María Luisa Borja, la ex comisionada de asuntos internos de la policía que fue marginada hace ocho años tras denunciar repetidamente a altos oficiales de la policía.

“El ministro de Seguridad me quitó el presupuesto de gasolina para que los carros no pudieran moverse. Yo empecé a pagar mi propia gasolina”, declaró. “Entonces él me quitó el carro”.

Finalmente, le vaciaron de archivos su oficina y la suspendieron por filtrar información. Las personas a quienes ella acusó de asesinato y de manipulación de pruebas fueron ascendidas, uno de ellos a viceministro de seguridad.

Otro alto investigador policial dijo a The Herald que había descubierto que su supervisor permitía a miembros de las fuerzas especiales servir de guardaespaldas a los narcos. Ese supervisor es ahora un comisionado, el rango más alto en el departamento policial.

“Tal vez la proporción de personas honestas a corruptas en la policía es de 10 a 1. Pero no ayuda que nueve estén limpias si el sucio está al mando”, explicó el investigador. “En este país, se designa a los jefes a determinados puestos con el propósito de facilitar la entrada y salida de drogas”.

Cada caso del investigador que apuntaba a un agente de policía, soldado o político se deshizo, dijo. Incluso llevo a cabo a menudo investigaciones encubiertas de drogas, sólo para darse cuenta de que los traficantes ya sabían quién era él.

El nombre más controvertido en el campo de la ley y el orden es el del comisionado José Ricardo Ramírez del Cid, el recién nombrado director de la Policía Nacional.

En una institución jerárquica, se obvió extrañamente a dos clases de funcionarios policiales con antigüedad cuando se nombró a Ramírez a su puesto. Funcionarios de la embajada de EEUU, autoridades gubernamentales y fiscales hondureños admiten que, incluso en una nación colmada de oscuros rumores, las alegaciones que se susurran en contra de Ramírez son peores que la mayoría.

“Es la primera vez que oigo eso”, respondió Ramírez cuando le preguntaron sobre su reputación en el departamento. “Si nos nombraron a nuestros puestos, es porque confían en nosotros. Hay mucha cháchara. Muestren pruebas”.

El jefe de la unidad de asuntos internos del departamento de policía dijo que hay por lo menos cuatro casos y múltiples cajas de informes en contra de Ramírez, que involucran alegaciones tales como abuso de autoridad, y que nunca se han probado.

“Me quedé sorprendido cuando lo nombraron, porque vi que se había obviado a personas de mayor rango, y pensé: ‘¿por qué no se nombró a esas personas? ¿Qué está pasando aquí?’ ”, preguntó el comisionado de asuntos internos Santos Simeón Flores. “Vamos a reactivar esos casos. No deberíamos tener casos así en el aire”.

Dijo que asuntos internos recibió 580 quejas contra agentes de policía en el 2009. Hacia noviembre del 2011, la cuenta anual había llegado a las 1,000. Alrededor del 28 por ciento se remitieron a la fiscalía, pero muchos casos fueron desestimados, ya sea por fiscales o por jueces, amplió.

Ramírez, jefe de policía desde fines de octubre, dijo que no lleva suficiente tiempo en el cargo para purgar a la policía de todos sus problemas. Insistió que la tasa de asesinato ha bajado desde que él ocupó el cargo. Los cínicos afirman que eso se debe a que la policía está recibiendo tantas acusaciones que han dejado de matar gente.

“No negamos que hay problemas”, sentenció. “Estamos despidiendo agentes a diario, constantemente. Poco a poco, vamos a enderezar este barco y a llevarlo a puerto”.

Muchos activistas hondureños han llamado a que Estados Unidos “intervenga” y ayude a administrar la policía. Expertos técnicos de seguridad estadounidenses se dirigirán pronto a Honduras. Colombia y Chile han enviado equipos para ayudar a investigar casos destacados, y la Organización de Estados Americanos envió una misión para averiguar qué papel puede jugar la organización diplomática.

“No hay duda de que estamos muy preocupados. Es importante para el gobierno hondureño hacer este proceso de limpieza, y hacerlo de manera firme y efectiva, y tan rápido como puedan”, dijo a The Herald la embajadora estadounidense Lisa Kubiske. “La policía no disfruta en estos momentos de la confianza de nadie en el país”.

El problema de seguridad es tan importante que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, su ministro de seguridad y el presidente del Congreso de Honduras se reunieron el miércoles en Miami con altos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad y del Departamento de Estado de EEUU para discutir el asunto, así como una propuesta de cambio constitucional que permitiría la extradición.

spot_img
spot_img

Lo + Nuevo

spot_img
23,172FansMe gusta
38,634SeguidoresSeguir
6,673suscriptoresSuscribirte
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img