Madrid – El Gobierno español quiere que la reestructuración del sector financiero se complete este mismo año, parar lo que ha dado cuatro meses a las entidades para anunciar eventuales fusiones y un año para sanear sus activos inmobiliarios con 50.000 millones de euros.
El objetivo de la nueva reforma financiera, que aprobará mañana el Consejo de Ministros, es lograr en poco tiempo un «sector más saneado y mejor dimensionado» que pueda volver a dar crédito, según anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Destacó que el punto de partida no es fácil, pues el sector cuenta en su balance con una cartera de activos inmobiliarios problemáticos de 175.000 millones de euros, a los que se une otra de 148.000 millones de créditos que a día de hoy no dan problemas, pero que lo pueden dar en el futuro.
La intención de la reforma es actuar sobre las dos partidas. El suelo que tiene la banca, independiente de si es rústico o urbanizable o de su ubicación, habrá que dotarlo al 80 por ciento, frente al 31 por ciento actual.
De igual manera, las promociones en curso se dotarán al 65 por ciento del total de crédito concedido (un 27 por ciento en la actualidad), y las que están terminadas y las viviendas adjudicadas al 35 por ciento (un 25 por ciento en la actualidad).
En previsión de que el entorno económico puede empeorar en el futuro, el equipo económico ha impuesto también una provisión del 7 por ciento para los créditos ‘sanos’, por los que ahora no había que apartar ni un euro.
El plazo para realizar estas dotaciones es de un año, salvo que las entidades entren en un proceso de fusión o lo hayan iniciado en los últimos cinco meses, en cuyo caso tendrán de plazo dos ejercicios.
Esta regulación financiera, según indicó el ministro, tendrá dos efectos claros. El primero es que facilitará que la banca saque al mercado las viviendas que posee a precios más baratos tras haber realizado las provisiones.
El segundo efecto, muy deseado por el Gobierno de Mariano Rajoy, es que las entidades que no puedan soportar el nuevo esfuerzo de saneamiento tendrán que fusionarse.
«Lo que se pretende es mejorar la confianza y la credibilidad del sistema bancario español, a través del saneamiento de los activos inmobiliarios, la consolidación de las entidades no viables, y la incorporación de un mejor gobierno corporativo», señaló De Guindos.
El Gobierno impulsará con ayudas las fusiones, aunque las operaciones tendrán que hacerse con premura. Deberán anunciarse antes del 31 de mayo, y el Ejecutivo deberá dar su visto bueno antes de un mes.
Para lograr su aprobación, las entidad fusionada deberá aumentar al menos un 20 por ciento su tamaño (un 10 % bajo determinadas condiciones), y comprometerse a incrementar la concesión de créditos.
Además, deberán asumir unas normas de buen gobierno, relacionadas entre otros aspectos con la remuneración de los altos directivos.
Las entidades que se fusionen también podrán solicitar financiación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará de tener un capital de 9.000 a 15.000 millones de euros gracias a una aportación del Tesoro Público.
El ministro insistió que este apoyo no supondrá una inyección de dinero público, y que por tanto no costará recursos al contribuyente.
Será un préstamo a precios de mercado, que se ejecutará mediante la compra, por parte del FROB, de unos títulos de renta fija emitido por la entidad que se pueden convertir en acciones.
En su relato de la travesía a la que se enfrentan los bancos y cajas de ahorro españolas, De Guindos no quiso dar los nombres de las que podrán saldarla en solitario y las que se verán abocadas a una fusión.
«No sé cuantas entidades van a quedar. Pero sí sé que serán más sólidas y estarán más saneadas», afirmó.
La patronal bancaria AEB señaló que la reforma que ha planteado el Gobierno «es acertada, siempre que ello suponga la resolución de las entidades más débiles e inviables en este proceso».
La reforma del sector financiero español es, junto con la del mercado de trabajo, una de las dos grandes prioridades que se ha fijado el gobierno que preside el líder conservador Mariano Rajoy para tratar de frenar la grave crisis que vive España, que estuvo precedida del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Destacó que el punto de partida no es fácil, pues el sector cuenta en su balance con una cartera de activos inmobiliarios problemáticos de 175.000 millones de euros, a los que se une otra de 148.000 millones de créditos que a día de hoy no dan problemas, pero que lo pueden dar en el futuro.
La intención de la reforma es actuar sobre las dos partidas. El suelo que tiene la banca, independiente de si es rústico o urbanizable o de su ubicación, habrá que dotarlo al 80 por ciento, frente al 31 por ciento actual.
De igual manera, las promociones en curso se dotarán al 65 por ciento del total de crédito concedido (un 27 por ciento en la actualidad), y las que están terminadas y las viviendas adjudicadas al 35 por ciento (un 25 por ciento en la actualidad).
En previsión de que el entorno económico puede empeorar en el futuro, el equipo económico ha impuesto también una provisión del 7 por ciento para los créditos ‘sanos’, por los que ahora no había que apartar ni un euro.
El plazo para realizar estas dotaciones es de un año, salvo que las entidades entren en un proceso de fusión o lo hayan iniciado en los últimos cinco meses, en cuyo caso tendrán de plazo dos ejercicios.
Esta regulación financiera, según indicó el ministro, tendrá dos efectos claros. El primero es que facilitará que la banca saque al mercado las viviendas que posee a precios más baratos tras haber realizado las provisiones.
El segundo efecto, muy deseado por el Gobierno de Mariano Rajoy, es que las entidades que no puedan soportar el nuevo esfuerzo de saneamiento tendrán que fusionarse.
«Lo que se pretende es mejorar la confianza y la credibilidad del sistema bancario español, a través del saneamiento de los activos inmobiliarios, la consolidación de las entidades no viables, y la incorporación de un mejor gobierno corporativo», señaló De Guindos.
El Gobierno impulsará con ayudas las fusiones, aunque las operaciones tendrán que hacerse con premura. Deberán anunciarse antes del 31 de mayo, y el Ejecutivo deberá dar su visto bueno antes de un mes.
Para lograr su aprobación, las entidad fusionada deberá aumentar al menos un 20 por ciento su tamaño (un 10 % bajo determinadas condiciones), y comprometerse a incrementar la concesión de créditos.
Además, deberán asumir unas normas de buen gobierno, relacionadas entre otros aspectos con la remuneración de los altos directivos.
Las entidades que se fusionen también podrán solicitar financiación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará de tener un capital de 9.000 a 15.000 millones de euros gracias a una aportación del Tesoro Público.
El ministro insistió que este apoyo no supondrá una inyección de dinero público, y que por tanto no costará recursos al contribuyente.
Será un préstamo a precios de mercado, que se ejecutará mediante la compra, por parte del FROB, de unos títulos de renta fija emitido por la entidad que se pueden convertir en acciones.
En su relato de la travesía a la que se enfrentan los bancos y cajas de ahorro españolas, De Guindos no quiso dar los nombres de las que podrán saldarla en solitario y las que se verán abocadas a una fusión.
«No sé cuantas entidades van a quedar. Pero sí sé que serán más sólidas y estarán más saneadas», afirmó.
La patronal bancaria AEB señaló que la reforma que ha planteado el Gobierno «es acertada, siempre que ello suponga la resolución de las entidades más débiles e inviables en este proceso».
La reforma del sector financiero español es, junto con la del mercado de trabajo, una de las dos grandes prioridades que se ha fijado el gobierno que preside el líder conservador Mariano Rajoy para tratar de frenar la grave crisis que vive España, que estuvo precedida del estallido de la burbuja inmobiliaria.
