Ciudad de Guatemala – El Gobierno de Guatemala lamentó este lunes que el periodista José Rubén Zamora Marroquín se mantenga encarcelado por disposición del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.
«Toda Guatemala es testigo de cómo se criminaliza a periodistas y se amenaza con el uso desmedido de la prisión preventiva, identificado tristemente por el caso emblemático que hoy vive en carne propia el periodista Zamora», dijo hoy el portavoz del Gobierno, Santiago Palomo.
«Y no solo en Guatemala se sigue su caso, sino que se ha convertido en un referente mundial, de la persecución arbitraria», añadió el secretario de comunicación social de la presidencia.
Palomo también mencionó que otros periodistas como Juan Luis Font, Nelton Rivera y Quimy de León, quienes se encuentran en el exilio, también han sido víctimas de la criminalización por parte de la Fiscalía.
Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido por la Fiscalía el 29 de julio de 2022 tras lanzar fuertes críticas por corrupción en aquel momento en contra del presidente, Alejandro Giammattei (2016-2020) y Miguel Martínez, funcionario cercano al gobernante.
Desde entonces, se ha mantenido en prisión salvo por un lapso de varios meses cuando le fue dictada prisión domiciliaria.
La semana pasada, la familia del periodista indicó que su caso es un «un ataque contundente contra la libertad de expresión y una advertencia a los demás periodistas» del país centroamericano.
Zamora Marroquín ha sido acusado por lavado de dinero y obstaculización de la justicia, pero en ningún caso ha sido declarado culpable y los procesos judiciales en su contra se encuentran estancados.
Un año antes de su detención, el periodista, con más de 30 años de trayectoria, recibió de manos del Rey Felipe VI de España, el premio a medio destacado de Iberoamérica por la labor realizada de su matutino Elperiódico en Guatemala.
La persecución judicial en contra del periodista ha estado a cargo del Ministerio Público, cuya cúpula, comandada por la fiscal general, Consuelo Porras, y el secretario general de la institución, Ángel Pineda, se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Dichas sanciones obedecen a señalamientos de corrupción y a los intentos por derribar los resultados electorales de los comicios de 2023. JS
