«Centroamérica es una región que demanda nuevas políticas económicas y sociales e instituciones democráticas que abran paso a la participación ciudadana», señaló la comisión política del FMLN en un comunicado.
Indicó que el «golpe de Estado» y la suspensión de algunas garantías ciudadanas en Honduras «no son más que la respuesta de los grupos que tradicionalmente detentan el poder económico en ese país por descarrilar violentamente el proceso de cambios democráticos que impulsa el presidente Manuel Zelaya».
«El golpe de Estado constituye un desafío a la Constitución y a la institucionalidad democrática no solo de Honduras, sino de todos los países de la región», añadió el pronunciamiento.
El FMLN pidió, «al unísono con lo planteado por la comunidad internacional», que se restablezca «de inmediato» a Zelaya en su puesto, que se desconozca al Gobierno surgido de esta ruptura institucional y que se respeten los derechos humanos y la soberanía del pueblo hondureño.
Por otra parte, consideró «inconcebible que existan voces en la derecha salvadoreña que pretendan justificar el golpe de Estado» y cuestionó a los partidos que no se sumaron a un pronunciamiento legislativo sobre la situación en Honduras.
La medida, impulsada por el FMLN, no logró el respaldo en la Asamblea legislativa, al igual que una propuesta de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) en contra del cierre decretado esta semana durante 48 horas del transporte de mercancías por las frontera terrestre con Honduras.
Zelaya fue destituido y expulsado de Honduras por los militares cuando iba a comenzar una consulta que había convocado con el objetivo de iniciar un proceso para reformar la Constitución que había sido declarada ilegal por distintas instancias y que sus detractores consideraban una estrategia para volver a presentarse como candidato después de 2010, algo que impide actualmente la Carta Magna.
