Tegucigalpa – Las denominadas cárceles de «máxima seguridad» de Honduras siguen siendo trampas mortales para los reos, a quienes el Estado no les garantiza la vida, lo que de nuevo quedó evidenciado el jueves en la prisión conocida como La Tolva, en la que habrían muerto cinco reclusos y más de 30 resultaron heridos.
Hasta ahora el Instituto Nacional Penitenciario (INP), ni ninguna otra autoridad, han informado sobre los hechos registrados en La Tolva, que se localiza en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras.
Según versiones extraoficiales, a partir de declaraciones de algunos reos que resultaron heridos con esquirlas, una granada lanzada desde una parte alta de la prisión, supuestamente por miembros de una de las pandillas M-13 y M-18, le causó la muerte a los cinco reclusos, aunque algunos medios dan cuenta solamente de tres fallecidos.
Luego de la explosión de la granada se produjeron tiroteos con fusiles y pistolas de diverso calibre, sin que se conozca hasta ahora si algunos de los presos también tenían armas, aunque extraoficialmente ha trascendido que un fusil AK-47 estaba en manos de pandilleros de la M-13.
El pasado día 8, en otra cárcel de «máxima seguridad», en Ilama, departamento de Santa Bárbara, otro reo murió en un amotinamiento en el que también explotó una granada, mientras que en la prisión de El Porvenir, Francisco Morazán, centro del país, se registró una decena de lesionados en otro hecho violento, informaron medios locales.
LOS CRIMINALES CONTRALAN LAS PRISIONES
El exfiscal hondureño Ángel Edmundo Orellana dijo a Efe que lo que está ocurriendo en las cárceles del país, no de ahora, «se explica desde un solo ángulo: se han convertido en verdaderos centros de monopolio del crimen y los criminales disponen qué entra y qué sale».
«Adentro de las prisiones los criminales tienen su propia administración y el Estado ha perdido autoridad, de modo que cuando surge una riña cualquiera, se puede llegar a convertir en un escenario prácticamente apocalíptico en el mismo ambiente», enfatizó Orellana.
Añadió que por las imágenes que han trascendido y algunas declaraciones de reclusos heridos que llegaron al Hospital Escuela, de Tegucigalpa, sobre lo ocurrido en La Tolva, «prácticamente quienes tenían controlado el centro eran las maras (pandillas violentas), no la autoridad».
Según Orellana, los responsables de que los criminales controlen las prisiones no son ellos, sino «las autoridades que han permitido eso, que crezca la autoridad del recluso por sobre la misma autoridad del Estado y que sean ellos los que decidan qué tipo de armas entran a la cárcel».
Agregó que una granada, armas de grueso calibre y otros objetos, solo pueden entrar con la autorización de las personas que están investidas de autoridad estatal para controlar el centro de reclusión.
En opinión de Orellana, los reclusos que entran a las prisiones calificadas de máxima seguridad por haber pertenecido a un grupo criminal, adentro se convierten en imperios que se dividen, tal son los casos de las pandillas M-13 y M-18.
Además, según el exfiscal, en las prisiones han de operar otras agrupaciones criminales y todas se cuidan entre ellas mismas.
«Quien queda realmente desolado, es que el entra por un delito que no es el producto de estar integrado a una agrupación criminal, ese sí está totalmente huérfano, a ese le puede pasar cualquier cosa. El Estado no garantiza seguridad al reo, sino que adentro el imperio es del recluso», apostilló Orellana.
El 25 y 26 de octubre de 2019 fueron asesinados dos reclusos y, como si fuera un mensaje con dedicatoria para alguien, pronto trascendían los vídeos de ambos casos.
Uno de los reclusos fue asesinado La Tolva, y el segundo en El Pozo I, de Ilama, Santa Bárbara, y con ellos sumaban cinco los reos que habían perdido la vida violentamente en 2019 en ambas prisiones.
A los cinco prisioneros asesinados en 2019, se sumaron otros seis; dos en junio de 2017 y dos en septiembre de 2018 en La Tolva, más otros dos en El Pozo en octubre de 2018.
Luego de los hechos registrados en 2018, las autoridades hondureñas anunciaron que las prisiones pasaban a ser controladas por la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciario (FNCCP), lo que supuso que cesaría la violencia en esos centros y que no volverían a ingresar armadas y drogas, entre otras cosas no permitidas. Eso no ha ocurrido.
JS
