Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La austeridad y la transparencia fueron parte de las promesas de campaña del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero la práctica indica que el proceso de refundación de Honduras tiene en los poderes Ejecutivo y Legislativo una tonalidad de “engorde” en donde las compras y contrataciones directas, los asesores, asistentes y otras consultorías se distancian de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
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En el poder Ejecutivo, la presidenta Castro ha seguido el estilo de gobernar con comisiones interventoras, compras y contrataciones directas, inversión social vía subsidios y amplios poderes a dependencias gubernamentales estratégicas, entre ellas las responsables de la seguridad y la defensa, a lo que se suma el nepotismo, último que es considerado una de las prácticas más opacas y proclive a la corrupción.
Las acciones de nepotismo brotan por doquier en el poder Ejecutivo desde el primer anillo presidencial hacia el resto de las circunferencias que rodean este poder del Estado. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha sido una de las instituciones civiles que ha detallado la configuración del nepotismo en el gobierno de la refundación y del bicentenario.
Se suman ahora las comisiones interventoras en distintas dependencias públicas con amplios poderes para contratar de forma directa sin licitaciones, una especie de carta blanca para hacer y deshacer. Dependencias como Defensa, Seguridad, Infraestructura y Transporte, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto Nacional Penitenciario, Salud, entre otras, han sido autorizadas para compras directas y de emergencia, sin mayores restricciones que las que se impongan los propios funcionarios.
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La administración pública hondureña sobrepasa los 210 mil empleados públicos y de acuerdo con los organismos de sociedad civil que siguen el tema del gasto e inversión pública como parte de la ejecución presupuestaria, la mayoría del Presupuesto de la República se destina al pago de salarios, servicio de deuda y transferencias por ley, entre otros. El Presupuesto de la República para el 2023 fue superior a los 371 mil millones de lempiras. De este monto, el poder Ejecutivo, en especial la Casa de Gobierno, tiene una partida confidencial secreta de al menos unos 12 mil millones de lempiras.
Un presupuesto cada vez más inflado
La tendencia de un Presupuesto de la República cada vez más al alza sigue siendo una característica del presente gobierno, la reducción no asoma, mucho menos la disminución de la burocracia, que cada vez tiene ribetes de engorde.
La inversión pública del gobierno si bien ha aumentado, sigue siendo baja y apenas representa el 4.5% del total del Presupuesto de la República, señala en uno de sus reportes de seguimiento a la ejecución del presupuesto, la organización civil ASJ.
Otros organismos que monitorean la economía y las finanzas señalan la necesidad de readecuar el presupuesto para inversiones más efectivas, en donde el gasto social no se diluya solo en bonos sociales para compensar la pobreza, pero no para lograr una reducción sostenida de la misma. Es preciso achicar el Estado, aseguran. Se estima que el Estado tiene al menos 117 instituciones y que el Presupuesto de la República para 2025 será superior a los 413 mil millones de lempiras.
Pero la efectividad de esas instituciones que conforman los tres poderes del Estado sigue siendo pausada, crece hacia los lados apuntando a mayor burocracia. El nepotismo no sólo se enraiza en el poder Ejecutivo, también traspasa a los otros dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. La práctica del nepotismo ha tomado raíces en la administración del Estado, donde los intentos por instalar una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se diluyen mientras el país avanza con fuerza a una nueva recta electoral para un recambio de gobierno en noviembre de 2025.
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Uno de los poderes del Estado que compite en materia de discrecionalidad con el poder Ejecutivo, es el Congreso Nacional, donde un reciente informe de monitoreo legislativo presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), revela como la “lógica de engorde” legislativo no es compatible con el discurso de Estado austero vendido al país y a la sociedad.
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La austeridad del CN
De acuerdo con la ASJ, de enero a octubre de 2024, la cámara legislativa ha ejecutado más de 898 millones de lempiras, en 29 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias y 242 horas sesionadas en ese mismo período.
El dinero ejecutado se ha ido mayormente en subvenciones (L. 208 millones), sueldos a diputados (L. 189 millones), viáticos (L. 113 millones), sueldos a diputados suplentes (L. 60 millones), viáticos al extranjero (L. 15 millones).
A ello se suma la contratación de 118 asesores solo en el mes de octubre. En enero y febrero de este año, los legisladores o congresistas como gusta que les llamen, tuvieron mayor número en los meses de enero (125) y febrero (128), aunque no significa que los meses siguientes a la fecha del monitoreo, el número de asesores entre los 113, los 116 y los 120 asesores. El Congreso Nacional estuvo muy dinámico a nivel de contratación de asesores en función de los 443 proyectos de ley presentados, 93 aprobados, 320 engavetados y 10 en discusión.
Los asesores fueron asignados a las bancadas de los partidos políticos hí representados, las gerencias del congreso nacional y las comisiones especiales parlamentarias. En promedio, los asesores tienen un salario mensual que oscila entre 31 mil y 60 mil lempiras mensuales.
En los meses de enero a octubre de 2024, el congreso nacional gastó cerca de 44 millones de lempiras en pago de asesores, así como un promedio de 4 millones de lempiras mensuales para el pago de asesores permanentes y por contrato. De acuerdo con el informe de la ASJ, el presupuesto legislativo para el pago de asesores supera el monto total anual asignado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), último que ha anunciado que está por cerrar su portal único de transparencia por falta de recursos y deudas que tiene con la estatal eléctrica ENEE.
Pero si el número de asesores del Congreso Nacional es relevante, lo es más el número de asistentes que tienen los asesores: 243 en total al mes de octubre de 2024 contratados de forma permanente.
Pero en los meses de mayo, el número de asistentes fue de 293, 283 en junio, 280 en agosto; 253 en enero, los meses con mayor número de asistentes, pero el resto de los meses la cifra de contrataciones supera las 178 personas.
Esas contrataciones del Estado “austero” pregonado por el gobierno de la refundación representó un derroche de 55 millones de lempiras en los meses de enero a octubre 2024, y un promedio de gasto mensual de asistentes de los asesores por contrato y permanente de 5 millones de lempiras. La discrecionalidad de esas contrataciones cae en la presidencia del Congreso Nacional, Luís Redondo, un político que se denomina un activista a ultranza de lucha contra la corrupción.
Si los asesores y sus asistentes no dan abasto para la gran producción legislativa que genera el congreso, entre ellas declaratorias de días festivos o reconocimientos culturales, se optó por contratar también los llamados especialistas por servicios profesionales: peritos, especialistas, técnicos, asesorías relacionadas con estudios, investigación, análisis y auditorías.
Toda esta gama de producción y engorde legislativo ha erogado un monto de 7 millones de lempiras de enero a octubre 2024, y un promedio mensual de 765 mil lempiras.
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De esta forma el Estado “austero” de Honduras está en pausa o camina lentamente, como fue el paso de la tormenta tropical Sara, engullendo la administración pública, alejándose del adelgazamiento del Estado y avanzado hacia la opacidad, en un país donde se eliminó una ley de secretos oficiales, pero se abrieron nuevas cajas discretas y opacas como las instaladas por la administración del expresidente Hernández. La refundación ha empezado también su propio derroche. (PD)
