En apenas unos días el mundo ha vuelto a recordarnos que la estabilidad es mucho más frágil de lo que aparenta. La guerra entre Estados Unidos e Irán mantiene bajo tensión una de las regiones más sensibles del planeta, el petróleo vuelve a convertirse en termómetro de incertidumbre y el estrecho de Ormuz demuestra que una franja relativamente pequeña del mapa puede terminar afectando el precio del transporte, los alimentos y la energía a miles de kilómetros de distancia.
Mientras tanto, desde otro territorio completamente distinto, los avances de la inteligencia artificial comienzan a mostrar riesgos que hasta hace poco pertenecían más a la especulación que a los hechos: agentes autónomos capaces de superar determinados controles, acceder a sistemas externos o producir consecuencias que sus propios desarrolladores no habían previsto.
Nada de esto significa que estemos ante el fin del sistema financiero ni frente a una catástrofe inevitable. Significa algo más sensato y, quizá por eso, más inquietante: nuestras sociedades son extraordinariamente sofisticadas, pero también extraordinariamente dependientes.
La economía contemporánea funciona sobre una arquitectura invisible y el dinero circula entre bancos sin necesidad de transformarse en billetes, las empresas pagan electrónicamente, compramos desde un teléfono y buena parte de nuestra riqueza existe como registros en sistemas informáticos conectados entre sí. Entonces cada transferencia necesita servidores, telecomunicaciones, electricidad, software, ciberseguridad y confianza, y cuando una plataforma bancaria o un sistema interbancario deja temporalmente de funcionar, el dinero no desaparece, pero descubrimos algo que casi nunca pensamos: una cosa es tenerlo y otra poder disponer de él.
Por eso resulta revelador que algunas de las sociedades más digitalizadas estén recomendando conservar efectivo para emergencias. No se trata de sacar el dinero de los bancos ni de prepararse para un apocalipsis financiero. Se trata de resiliencia, mientras que países europeos aconsejan mantener una cantidad de efectivo que permita afrontar algunos días de interrupciones en los sistemas de pago, apagones, fallas de Internet o ataques informáticos. Es una paradoja extraordinaria: cuanto más avanzamos hacia una economía digital, más necesario parece conservar algún mecanismo elemental que funcione cuando lo sofisticado falla.
La globalización convirtió al planeta en una gigantesca red de interdependencias; nos hizo más eficientes, pero también consiguió que una ruptura ocurrida muy lejos pueda terminar llegando hasta la factura de electricidad, el supermercado o la cuenta bancaria de cualquier familia.
Quizá ese sea uno de los grandes espejismos de nuestra época, ya que hemos confundido progreso con invulnerabilidad y creemos que por tener más tecnología, más riqueza y más información estamos necesariamente más protegidos frente al futuro, cuando en realidad buena parte de esa seguridad depende de que millones de piezas continúen funcionando simultáneamente.
Y es aquí donde aparece una contradicción todavía más desconcertante, ya que mientras millones de personas observan con preocupación guerras, inflación, desempleo, fenómenos naturales y amenazas tecnológicas, todavía existen quienes dedican su inteligencia y su poder a apropiarse de lo que pertenece a otros y el empresario que produce, el profesional que prospera, quien ahorra, invierte o construye una fortuna merece respeto.
Hablo del latrocinio. Del funcionario que ve un hospital sin medicamentos y encuentra allí una oportunidad para enriquecerse; del que contempla una escuela deteriorada, una carretera destruida o una comunidad sin agua y calcula cuánto puede extraer del contrato público, del que ya posee suficiente para vivir varias vidas y aun así necesita acumular otro millón.
Esa conducta parece todavía más absurda cuando entendemos que ninguna fortuna existe completamente fuera del sistema que la sostiene. El dinero depositado necesita bancos; los bancos necesitan comunicaciones; las comunicaciones necesitan energía; las monedas necesitan confianza; las propiedades necesitan seguridad jurídica y las inversiones necesitan sociedades suficientemente estables para conservar su valor.
Tener dinero no significa siempre poder disponer del mismo y esta quizá sea una de las lecciones silenciosas de estos días. No porque el mundo esté necesariamente al borde del colapso, sino porque acontecimientos muy distintos están revelando simultáneamente los límites de aquello que considerábamos seguro.
Y quizá por eso resulte tan difícil de comprender la obsesión por acumular sin medida, especialmente cuando esa acumulación nace del abuso del poder público. En un mundo cada vez más interdependiente, la verdadera seguridad no depende únicamente de cuánto se posee, sino también de la solidez de las instituciones, de la estabilidad de las sociedades y de la capacidad colectiva para resistir aquello que no podemos prever.
