Por: Julio Raudales
Tegucigalpa.- Honduras requiere desde hace tiempo y con urgencia una reforma fiscal profunda.
¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el gobierno se gasta casi la mitad de la producción nacional en mantener una burocracia destinada a proveer servicios públicos de calidad, mismos que son inexistentes en todo el territorio.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del INE, el 20% de la población no tiene acceso a servicios de agua potable. En el sector rural, la cifra sube al 46%. Sumado a esto, solo uno de cada dos hondureños tiene acceso a saneamiento básico.
Algo similar sucede con los servicios de energía eléctrica, donde un 22% de la población permanece sin el mismo y ¡peor aún!, prácticamente el 70% de la población rural se la pasa a oscuras.
En educación, pese a las mejoras de los últimos 4 años, las tasas de permanencia siguen siendo bajas y la cobertura en tercer ciclo en básica (7-9 grados) es todavía limitada, lo cual les resta oportunidades de un buen futuro a unos 500 mil jóvenes.
¿Y la salud? ¡Todavía peor! Enfermedades totalmente prevenibles hacen estragos sobre todo en la niñez. La desnutrición crónica en infantes es superior al 20% y la salud materna permanece descuidada.
Los centros de salud urbanos y rurales están desabastecidos y la inmensa mayoría de las familias que habitan las más de 3,000 aldeas, permanecen aisladas, viviendo en condiciones insalubres y expuestas a caer enfermas.
Solo la UNAH, que mantiene junto a la AMHON un Programa de Atención Primaria en Salud en unas pocas decenas de municipios, hace esfuerzos por llevar la salud a los hogares, que es la forma efectiva y de bajo costo. Sin embargo, las autoridades desconocen este esfuerzo, debido a atavismos y prejuicios.
Aunque se deben reconocer los esfuerzos por pacificar el territorio, es evidente que los resultados en términos de reducción de muertes violentas, no son correlativos a la inversión que la ciudadanía realiza mediante el pago de impuestos.
Las carreteras destruidas, al menos 3 puentes permanecen caídos, la infraestructura pública en mal estado. Pero ahora además de todo hay que pagar peajes.
El acceso a la justicia, la defensa de los derechos, las facilidades administrativas, la protección de los consumidores, ¡En fin! ¿Habrá alguna actividad en la que el ciudadano dependa del estado que se pueda decir que ande bien?
Por ello es necesaria una reforma fiscal.
¿En qué consiste? Básicamente en dos cosas: definir cuanto y quien debe pagar los impuestos y a que habrá que dedicar los recursos recaudados.
Ambas cosas requieren de una profunda reflexión de quienes estemos involucrados.
En cuanto al pago de impuestos, sabemos que está en discusión un nuevo Código Tributario.
Esto es positivo, aunque se ha advertido a las autoridades de la necesidad de que el mismo responda a principios de equidad y simplicidad que eviten que la brecha entre ricos y pobres se haga más amplia en el país.
Hace algunos años, la Secretaría de Planificación presentó una propuesta sobre cómo mejorar la administración tributaria, de manera que una reducción en las tasas impositivas se traduzca en una mejora en la recaudación. Nadie atendió dicha propuesta que ha tenido éxito en países como Perú y Botsuana.
En lo referente al Gasto Público, solo con un dialogo consciente entenderán empresarios, trabajadores y gobierno, la importancia de focalizar en los más necesitados y universalizar los servicios básicos para acceso de todos y todas.
Esperemos que el dialogo que actualmente se intenta llevar a cabo se concentre en elementos como los anteriores.
Estas y no otras son las cosas realmente relevantes para el bienestar.
