Tegucigalpa – El derecho de y a la información, como pieza esencial en el ejercicio de la libertad de expresión, cobra fuerza en la región centroamericana ante la demanda ciudadana de saber con cifras claras, del avance de la pandemia, pero también del uso que se hace de los fondos públicos, así como el respeto de los derechos humanos frente a exabruptos de los gobiernos en nombre de la salud pública.
Entendido como la rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información y sus derechos accesorios a través de cualquier medio, el derecho a la información es una pieza fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, es el derecho a saber y conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas.
Entre sus objetivos destacan transparentar la gestión pública, fortalecer la relación de confianza entre gobierno y gobernados, así como poner a disposición de las personas información que le sirva para ejercer sus derechos políticos y que mejore su calidad de vida.
Calidad de vida que está en juego en medio de la pandemia del coronavirus que asola al mundo entero con más de 200 mil muertos y más de dos millones de personas contagiadas. Nunca ahora el derecho a saber ha estado tan en boga en el mundo, donde Centroamérica no se queda a la zaga.
En la región centroamericana algunas de las características que demandan el ejercicio de este derecho ciudadano son: el acceso a la salud y a saber los alcances de la pandemia, el número de contagios y de decesos, el tratamiento de la información oficial, las medidas preventivas de los gobiernos, el número de respiradores mecánicos, hospitales móviles, mascarillas, entre otros.
Nicaragua, sin acceso a la información
Este derecho a saber cómo andan los países en el tema de acceso a la salud lleva a otra demanda ciudadana: el tema de la transparencia, la lucha anticorrupción y la rendición de cuentas. Se suman a ellas otras como la entrega de las ayudas humanitarias, la salida de las fuerzas militares a las calles y el tema de los migrantes en la ruta migratoria, además de las medidas de protección hacia los sectores más vulnerables: mujeres, menores, jóvenes, ancianos, comunidad LGTBI y grupos indígenas.
Sobre todos estos temas la ciudadanía demanda acceso a la información. En algunos países, los reclamos son más severos que en otros, pero en todos, la gente quiere saber qué hacen sus gobiernos frente a esta emergencia sanitaria de carácter mundial.
En Nicaragua, los estudiantes regresaron a las aulas de clase
En Nicaragua, los reclamos por acceso a la información son muy fuertes debido a que el gobierno de Daniel Ortega ha intentado minimizar la crisis, no ha impuesto medidas de confinamiento y la gente sale al aire libre sin protección alguna, mientras se desconoce a ciencia cierta cuánto es el número de contagio, cuántos los muertos y cuántos los recuperados, además del tipo de medidas preventivas que se están tomando. “El amor en tiempos de coronavirus” parafrasean los Ortega en el poder y sin ambages promueven eventos multitudinarios.
Ortega desaparecido de escena pública desde que la pandemia avanzaba en la región, tras su ingreso a México, apareció recientemente en una reunión de ministros, en cadena nacional, rodeado de exquisitos fiambres y aceptando que el virus estaba en Nicaragua, que era temible, pero que el país no se iba a parar. Y para mostrar que no había que tener miedo al monstruo, sus funcionarios se saludaban de beso en la mejilla y fuertes abrazos. Nicaragua, según cifras oficiales, registra hasta ahora cerca de 11 contagios, 3 muertos y 11 personas recuperadas, pero la población se siente sin acceso a la información, lo que sale, está fuertemente controlado.
Bukele en la mira por autoritarismo
En El Salvador, uno de los primeros países en la región en endurecer sus medidas de aislamiento, los reclamos ciudadanos se centran hacia los excesos en que está cayendo el presidente Nayib Bukele, enfrentado en plena pandemia a la justicia por una decisión de la Sala Constitucional de poner un freno a su disposición de dar poder a los militares para que encierren a quien estimen no cumple la cuarentena sin andar preguntando motivaciones.
Las medidas implementadas por Bukele han sido cuestionadas de autoritarias
Las medidas han sido consideradas autoritarias, pero el presidente ha dicho que la vida es primero y se ha puesto por encima de la institucionalidad, generando así un efecto de involución en la democracia, su calidad y la situación de derechos humanos en la población. Bukele ha dicho que no va a retroceder.
Guatemala y Honduras, unidas por la opacidad
En Guatemala, la sociedad tampoco se siente informada y sus reclamos van en dos líneas: las compras y los excesos en la emergencia de la pandemia, y el trato inhumano que se está dando a los migrantes centroamericanos que se encuentran varados en ese país en su tránsito por la ruta migratoria.
Millonarios recursos destinados para reparar un avión viejo, compras anómalas en Salud, derroche en compras de salmón, jamón y pavo para reuniones en casa presidencial, además de una cuestionada donación de pruebas de lector para el COVID 19 que hizo una empresa que terminó siendo contratada para la aplicación de pruebas del coronavirus y con el monto ofertado más alto, en comparación a otras ofertas.
Todo ello ha llevado en Guatemala a la destitución del viceministro de Salud guatemalteco Rodolfo Galdámez Orellana y será investigado por las autoridades acusado de corrupción.
En Guatemala, dos exviceministros de salud han sido destituidos por irregularidades en las compras de emergencia foto de la Prensa Libre
La salida de Galdámez, confirmada por el Gobierno de Guatemala, se une a la de otro viceministro de Salud que también fue removido del cargo, Héctor Marroquín Barrios, tras asumir hace un mes.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) aseguró en un comunicado de prensa que “inició una investigación” contra el «exviceministro Rodolfo Galdámez» quien “presuntamente era proveedor del Estado siendo funcionario de esa cartera”, según denunció un medio de comunicación.
Esa demanda por mayor transparencia y rendición de cuentas, también se ha instalado en Honduras, donde rodó la cabeza del ministro de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, Gabriel Rubí, luego de un informe preliminar del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el cual señalaba una serie de inconsistencias en millonarias compras hechas durante la emergencia.
La denuncia ciudadana en redes sociales y de los medios de comunicación al comparar los precios de compras publicados en los portales de transparencia de Copeco y la Secretaría de Finanzas, fue la gota que puso el acento en el tema de las compras de emergencia y ha obligado a actuar a los entes contralores y al gobierno a acudir a las Naciones Unidas para suscribir un convenio y pasarle a ese organismo internacional que tome el liderazgo en esa materia en un afán por generar transparencia.
El hospital móvil adquirido para atender pacientes del COVID-19 en Villanueva se encuentra en abandono
Pero la ciudadanía sigue atenta a los procesos en el caso de Invest-H, designado especial y principal para comprar durante la emergencia. Sobre este ente y su actuar, se han denunciado conflictos de interés en las adquisiciones, pero los responsables de la organización rechazan tales aseveraciones.
En ese sentido, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, manifestó su apoyo para que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, se aleje de las investigaciones sobre las compras de emergencia por el COVID-19.
El rubro de la Salud en Honduras ha estado en la mira pública desde el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y frente a esta emergencia, el acceso a la información, la transparencia, la auditoría social y la rendición de cuentas cobran mayor fuerza. Otro eje que es objeto de cuestionamiento, incluso en un comunicado de la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, es de las ayudas humanitarias o solidarias a manos de líderes locales de barrios y colonias, en especial en tierra adentro.
Costa Rica, en otra apuesta
Costa Rica parece ser el país en donde la información fluye en otro sentido, en una dinámica más positiva en donde las acciones se han centrado en dar reportes no solo de los avances de la pandemia y las muertes y recuperaciones, sino que también en la apuesta a la investigación científica, al anunciar que están por fabricar sus propias pruebas para detectar el coronavirus.
Costa Rica desarrolla sus propias pruebas para detectar el COVID-19
Estas dinámicas que cobra el derecho a la información han llevado al relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, en un encuentro regional promovido por la Alianza Regional para el Acceso a la Información, a señalar que ante la presente pandemia el acceso a la información pública y la transparencia para enfrentar esta crisis son cruciales, así como la necesidad de que los gobiernos informen de manera veraz y oportuna.
Se suma a estas demandas, los derechos de libre expresión e información para que no sean restringidos, tras abogar por que el acceso a la información pública se proporcione en formatos digeribles para los ciudadanos a fin de garantizar el derecho a la información.