Tegucigalpa – No fue un jueves cualquiera en Honduras. Desde horas de la madrugada se corrió la noticia que la dirigente indígena, Berta Cáceres (45), había sido asesinada en su propia vivienda en la Residencial El Líbano, ubicada en La Esperanza, Intibucá.
– La autopsia revela que Cáceres tenía dos impactos de bala calibre nueve milímetros incrustados en el tórax. Hay dos personas consideradas “claves” para esclarecer el deceso violento, entre ellos un ciudadano mexicano que salió herido durante el ataque.
– Centenares de personas lloran el triste deceso de la representante lenca.
Su crimen de inmediato concitó la atención nacional e internacional porque se trataba de una mujer de altos quilates. Su muerte le duele a toda Honduras.
La malograda dirigente indígena comenzó su lucha a favor de la etnia lenca en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que fue cofundadora en 1993, junto con su exmarido Salvador Zúniga.
Berta Cáceres, fue una mujer Lenca que creció durante la violencia que azotó a Centroamérica en la década de 1980. Su madre, una partera y activista social, acogió y cuidó de refugiados de El Salvador, la enseñanza de sus hijos pequeños el valor de defender a las personas privadas de sus derechos.
Viajó por muchos países defendiendo los recursos naturales de los pueblos indígenas. Cuando solía tomar la palabra para discursar su mensaje era corto.
En abril de 2015, Cáceres fue declarada ganadora del premio Goldman de Medio Ambiente 2015 en la región Sur Centroamérica. El galardón le fue conferido por su lucha a favor de los indígenasd lencas del occidente del país.
Se caracterizó por ser una mujer valiente que denunció las atrocidades que sufren los pueblos indígenas sin importar las consecuencias para ella o su familia.
Además era de la opinión de que “el capitalismo verde” pretendía imponerse en Honduras con proyectos hidroeléctricos que promovían organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y Estados Unidos.
La lucha ambientalista
Cofundó el Copinh para hacer frente a las crecientes amenazas que plantea a las comunidades lencas la tala ilegal, la lucha por sus derechos territoriales y mejorar sus medios de vida.
En 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron al Copinh a pedir ayuda. Habían sido testigos de una afluencia de maquinaria y equipo de construcción que entra en su comunidad. No tenían idea de lo que era la construcción o quién estaba detrás del proyecto.
Lo que sí sabían era una agresión contra el río, un lugar de importancia espiritual para los lencas, un acto, que según la tradición, va en contra de la comunidad, su libre albedrío y su autonomía.
El proyecto era el Agua Zarca Dam, un plan conjunto de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) y la estatal china Sinohydro, el mayor desarrollador de presas del mundo.
Familiares y amigos ligan crimen
a su lucha ambientalista
Tanto la madre de Berta, Austra Flores, como su hermano Roberto Cáceres, han denunciado que su pariente era constantemente amenazada por la lucha emprendida a favor de los pueblos indígenas.
Según la progenitora, la muerte de Berta “viene de una compañía minera en la cual ella había emprendido una lucha por el daño que éstos le están provocando al país”.
“Ella deja un legado de lucha y tenemos que continuar con esa lucha para que no quede en la impunidad”, aseguró la octogenaria con la voz entrecortada por el dolor de haber perdido a una hija.
Iguales aseveraciones tuvo Roberto Cáceres, hermano mayor de la malograda dirigente campesina, al manifestar que su familiar recibió amenazas de las empresas que pretenden construir la represa en Río Blanco, entre las que mencionó una hondureña y otra china.
“También tenía amenazas de órganos del Estado, pero según los cuerpos de investigación los que constatarán los móviles de su muerte”, dijo para luego demandar: “Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interfiera porque aquí vivimos en un Estado fallido”.
Avalancha de pésames de la comunidad internacional
El primero en manifestar sus muestras de pesar por la muerte de Berta Cáceres fue el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien luego de condenar el hecho demandó: “Que se esclarezca ya”.
Asimismo, el embajador de Estados Unidos, James Nealon, reprochó el crimen y de inmediato puso a las órdenes de las autoridades hondureñas un equipo de expertos norteamericanos para acompañar las investigaciones.
Nealon destacó que se comunicó con autoridades hondureñas, que no identificó, y ofreció “todos los recursos” del Gobierno de Estados Unidos “para apoyar los esfuerzos para llevar a estos criminales ante la Justicia”.
También repudiaron el asesinato de Berta Cáceres: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional (AI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ambientalistas de Centroamérica, y senadores y activistas de EEUU.
Estado obligado cumplir medidas cautelares
Luego de las declaraciones del ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien reveló que Cáceres desistió de la protección que le brindaba la Policía Nacional, el Ombudsman hondureño, Roberto Herrera Cáceres, expresó que “exhortamos públicamente a las autoridades encargadas de la seguridad en el país, atiendan e implementen de manera efectiva las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las medidas de protección que adopta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para salvaguardar la integridad física y la vida de las personas”.
Herrera Cáceres explicó que los derechos humanos son irrenunciables y el Estado está obligado a garantizarlos. “Cuando una persona renuncia y expresa su voluntad que no se haga determinado tipo de medidas, el Estado debe adoptar otro tipo de medidas que no atenten contra esa voluntad expresada por la persona interesada pero que, al mismo tiempo, garantice que no va a ser amenazada en su situación personal o familiar”.
Gobierno promete esclarecer asesinato
El propio presidente Juan Orlando Hernández informó que desde la madrugada del jueves se conformaron y desplazaron varios equipos de investigación al occidente del país, lugar donde ocurrió el asesinato de Berta Cáceres.
La Fiscalía Especial de las Etnias se encuentra liderando el proceso de toma de declaraciones y la propia investigación, explicó Hernández.
También comunicó que a la investigación se ha sumado un equipo especializado de los Estados Unidos. Como primeros resultados, ya se encuentran bajo custodia policial un testigo protegido, un testigo y un sospechoso del crimen.
“Se ratifica que este ataque a los hondureños que ha quitado la vida a tan ejemplar y valiente ciudadana no quedará impune y que a tal efecto se continuará dando el total apoyo a las investigaciones”, informó el Poder Ejecutivo en un comunicado oficial.
FIDH reclamó esta semana a Honduras
medidas tras asesinato de cinco tolupanes
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reclamó esta misma semana a las autoridades hondureñas medidas para proteger a los indígenas, tras el reciente asesinato de cinco Tolupanes, que eleva a 17 a las personas de esa comunidad muertas con violencia desde 2012.
“Es preocupante la grave situación de desprotección y vulnerabilidad, en particular, de las comunidades indígenas que defienden sus tierras en Honduras. Es urgente que el Gobierno Nacional tome medidas inmediatas para superar esta situación», declararon en un comunicado la FIDH, y sus filiales hondureñas Ciprodeh y Cofadeh.
Esas organizaciones de defensa de los derechos humanos exigieron que Tegucigalpa realice una “investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre estos asesinatos, así como sobre el resto de asesinatos de miembros del pueblo Tolupán”.
Los cinco indígenas, de la comunidad San Francisco Locomapa, municipio del Yoro, fueron asesinados el pasado 21 de febrero.
