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Congreso Nacional aprueba Día Nacional Contra la Epilepsia

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó en las últimas horas la declaración del segundo lunes de febrero de cada año como Día Nacional de Lucha Contra la Epilepsia que se celebrará en Honduras con diferentes actividades.

En ese sentido, con la presencia de un grupo de médicos, madres, padres y pacientes, se aprobó con dispensa de dos debates y por unanimidad, el proyecto de decreto presentado ante la Cámara Legislativa por el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), por Yoro, Liberato Madrid y dictaminado por la comisión ordinaria de salud, orientada a establecer como efeméride nacional la celebración del Día Nacional de la Lucha Contra la Epilepsia que recaerá el segundo lunes de febrero de cada año y que debe incluirse como tal en el calendario cívico nacional y debe celebrarse sin la suspensión de labores oficiales y privadas pero con diversas actividades.

Asimismo, se aprobó con dispensa de dos debates y por unanimidad, la iniciativa introducida por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y dictaminado por la comisión ordinaria de salud orientada a autorizar la prórroga del artículo 98 del decreto 171-2006 para la ampliación del plazo de ejecución por un período de tres años al proyecto de construcción del nuevo Hospital Regional del Sur, departamento de Choluteca.

Además, se aprobó con dispensa de dos debates, el proyecto introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por El Paraíso, Celín Discua Elvir, orientado a reformar el artículo 4 del decreto 130-2012 el que ahora establecerá que la corporación municipal de Danlí, El Paraíso, previo al Festival Internacional del Maíz (Festima), celebrará asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto para organizaciones locales debidamente constituidas para crear el comité organizador o de apoyo al mismo, a efecto de organizar y desarrollar los aspectos pertinentes a la celebración del festival internacional.

Para lograr tal propósito el comité estaría investido de facultades legales para suscribir, en el marco de la ley, acuerdos, convenios y contratos de forma total o parcial para el patrocinio y financiamiento del mismo con el fin de obtener el resultado positivo que se busca en el desarrollo del festival y su internacionalización.

En ese sentido, los miembros de la corporación municipal deberán de abstenerse en los absoluto de intervenir en la gestión administrativa de la misma con el fin de dar una mayor transparencia al contenido de las actividades del festival y previo a la celebración, el comité abrirá una cuenta en una institución financiera de la localidad para depositar los fondos que se obtengan y luego dará un informe en cabildo abierto a la población.

En primer debate se aprobó la iniciativa introducida al pleno por el diputado nacionalista por Lempira, Juan Carlos Valenzuela y dictaminado por una comisión especial orientado a interpretar el artículo 2 del decreto legislativo 38-2016 en el sentido que los proyectos ejecutados o por ejecutar al amparo de la modalidad de alianza público privada para la construcción de mercados o terminales de transporte terrestre con recursos propios, no están sujetos al pago del uno por ciento a la Superintendencia de Alianzas Público Privadas por ser estos proyectos de interés social, unos locales serán transferidos a los locatarios, transportistas y otros usuarios tipo micro, pequeños y medianas empresas con la modalidad de venta y ellos pasarían a ser los propietarios de los locales lo que permitirá bajar costos en beneficio en cuyos casos la Superintendencia de Alianzas Público Privadas, no participará como ente regulador siendo esta de la municipalidad respectiva.

Iniciativas de ley

En la parte de iniciativas de ley, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso, presentó un proyecto orientado a reformar el numeral 1 del artículo 11 del decreto 171-2016 y el artículo 230 los cuales se leerán así: Las secretarías de Estado de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa y la Procuraduría General de la República, a las cuales se les asignará hasta el 80 por ciento de los ingresos provenientes de las distintas actividades que realizan sus dependencias al Instituto de Desarrollo, Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el 100 por ciento vía el Instituto Nacional de Geología y Minas, el 90 por ciento respectivamente.

Para la obtención de estos recursos la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa presentarán ante la Secretaría de Finanzas, el presupuesto y el plan de gastos que debe incluir programas de prevención y rehabilitación. Asimismo, informará al Congreso Nacional y se exceptúan los ingresos que por registro de armas percibe la Secretaría de Seguridad conforme a lo instituido en el artículo cuatro del decreto legislativo 187-2004, el cual establece el 100 por ciento de los ingresos provenientes por este concepto.

El artículo 230 se reformará en lo que respecta a las partidas para las prestaciones de la Secretaría de Salud y del Servicio Autónoma Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).

Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Cortés, José Edgardo Castro, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Colegio de Periodistas de Honduras, a fin de establecer un salario mínimo para los periodistas que laboran en medios de cobertura nacional, 25 mil lempiras mensuales; 15 mil lempiras para los periodistas de medios de cobertura regional; para fotógrafos y camarógrafos que laboran en medios de cobertura nacional 15 mil lempiras y para fotógrafos y camarógrafos que no son de cobertura nacional, 10 mil lempiras.

Entretanto, el diputado de Libre por Cortés, José Luis Cruz, presentó dos iniciativas, una está encaminada a reformar el artículo 96 del Código de Trabajo en el sentido que a que los mismos beneficios del que gozan las mujeres en estado de embarazo le sean otorgados al esposo a efecto que no pueda ser despedido por el patrono durante dure la gestación.

La otra iniciativa está orientada a decretar una rebaja del 50 por ciento del sueldo que devengan los funcionarios públicos que ganan más de 100 mil lempiras al tiempo que se establece que la contravención a esta disposición, se tipificará como abuso de autoridad.

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