San José – Una supuesta red de tráfico de influencias conocida popularmente como «El cementazo» y que tiene como protagonista a un importador de cemento, está salpicando a tres de los cuatro poderes del Estado en Costa Rica y ya le costó el cargo, de manera temporal, al fiscal general, Jorge Chavarría.
El caso se comenzó a destapar hace unos tres meses cuando el medio digital CRHoy publicó investigaciones acerca del empresario Juan Carlos Bolaños y un crédito de 30 millones de dólares que obtuvo en el estatal Banco de Costa Rica (BCR), en condiciones de riesgo para la entidad.
En el tema de la aprobación del préstamo uno de los más señalados ha sido el exgerente del BCR Mario Berrenechea, y en menor medida los miembros de la Junta Directiva, quienes fueron suspendidos de sus cargos a inicios de octubre por el presidente del país, Luis Guillermo Solís.
El caso ha venido creciendo como la espuma y salpicando desde directivos bancarios hasta diputados, exministros, un magistrado, funcionarios del Gobierno, el fiscal general, y hasta el mismo presidente Solís.
Un audio filtrado a la prensa de una conversación en la que el empresario Bolaños advertía a directivos del BCR sobre la posibilidad de dejar de pagar el préstamo y hasta de demandar a la entidad por violar el secreto bancario, fue el detonante de este caso y sirvió para que el Congreso abriera una comisión investigadora.
En esta comisión y en la prensa han ido saliendo más ramificaciones, incluidos más préstamos otorgados al empresario por diversos bancos, algunos estatales, que han debido suspender varios desembolsos y ejecutar garantías ante la morosidad.
Este viernes la Corte Suprema de Justicia decidió suspender por tres meses al fiscal general para investigar si ocultó adrede una informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que aparentemente contiene pruebas contra dos diputados que habrían colaborado con Bolaños para modificar reglamentos y facilitar la importación de cemento chino.
El caso contra los diputados había sido desestimado meses atrás por la Sala III de la Corte por petición del fiscal Chavarría.
Con el pasar de las semanas, las investigaciones del Congreso y la prensa han revelado múltiples relaciones del empresario con altos funcionarios, como el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, el diputado separado del oficialista Partido Acción Ciudadana, Víctor Morales Zapata, y legisladores y dirigentes de otros partidos.
Muchos de los dardos han sido apuntados a Morales Zapata, reconocido como uno de los hombres más cercanos al presidente Solís al inicio de su Gobierno, una relación que se rompió desde hace un par de años.
Morales sostuvo reuniones con Bolaños en Casa Presidencial junto al exministro de la Presidencia Melvin Jiménez, el exministro de Economía, Welmer Ramos, y otros funcionarios en los primeros años del Gobierno de Solís.
Solís compareció ante la Comisión del Congreso el pasado 4 de septiembre y reconoció haber recibido al empresario una vez, pero negó rotundamente que haya aceptado favorecerle de manera personal.
El mandatario afirmó que las modificaciones de reglamentos que su Gobierno aplicó para facilitar la importación de cemento tenían el objetivo de abrir el duopolio de las empresas Holcim y Cemex y beneficiar al consumidor.
En los últimos días funcionarios aduaneros han dicho que hubo irregularidades en el almacenaje de cemento y presiones del empresario Bolaños.
Bolaños es un hombre de 38 años, dueño de la empresa importadora de cemento y constructora Sinocem y durante casi una década ha sido contratista del Estado para trabajos de obra pública, principalmente con la Comisión Nacional de Emergencias.
Sus conexiones a tan alto nivel en el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo han sorprendido a los medios locales y a la ciudadanía, pues antes de que reventara este caso, Bolaños era un empresario prácticamente desconocido, que ha amasado un patrimonio importante en los últimos años.
Todo este caso será investigado por el Ministerio Público, ahora a cargo de manera temporal por la Fiscal Subrogante, Emilia Navas.
