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“El Tigre” dice no puede pagar abogado, EEUU le asigna uno y vuelve a Corte el 10 de junio

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Tegucigalpa / Nueva York – El exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, fue presentado este miércoles ante la juez Katharine Parker en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por delitos de narcotráfico.

Bonilla fue extraditado el martes a Estados Unidos y se convirtió en el hondureño número 30 en seguir ese proceso de entrega a la justicia norteamericana desde que en 2012 se hizo una reforma constitucional para permitir esa posibilidad.

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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusó al exdirector general de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla de tres cargos de conspiración para importar drogas y delito de armas.

El imputado, llegó vestido con una camisa blanca, presentó un informe patrimonial ante la jueza arguyendo que no tiene la posibilidad de pagar un representante que lo defienda en esa corte de New York.

En ese sentido, Bonilla fue presentado ante la juez, quien le preguntó al imputado si tiene un abogado a lo que él contestó que no, por lo que se le asignó uno.

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La juez le preguntó a la Fiscalía si piden la detención de Bonilla, a lo que éstos respondieron que sí, en ese sentido, la jueza programó para el 10 de junio de 2022 la audiencia de presentación de cargos ya con la presencia del abogado defensor proporcionado por EEUU.

La acusación de EEUU

De acuerdo al documento de acusación por parte de EEUU, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño. Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares. 

El acusado (Bonilla Valladares) fue miembro de la Policía Nacional entre 1998 y 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía hondureña, en 2012 y 2013.

El exfuncionario policial explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”. 

Por ejemplo, a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

Además en coordinación con Hernández Alvarado (Tony) y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

Alrededor de 2010, Hernández Alvarado (Tony) le dijo a un testigo colaborador (“CW-1”) que Hernández Alvarado y Hernández ayudaron a Bonilla a avanzar en su posición dentro de la Policía  y que protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio. 

Hernández Alvarado (Tony) también le dijo a CW-1 que Bonilla era muy violento, y que junto a Hernández (JOH) le confiaron tareas especiales, incluido el asesinato. Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala. 

La Demanda acusa a Bonilla Valladares de 62 años, de: conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos;  usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres. IR

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