El mandatario expuso que esa misma medida ha sido tomada en países como España y tiene como propósito que los funcionarios sean responsables en el manejo de los presupuestos.
“Es interesante lo que está pasando en España, ahora que don Tito Guillén (ministro de Finanzas, ha hablado del presupuesto y el gasto y que lógicamente también tenemos que hacer un esfuerzo supremo por evitar la evasión y la defraudación en todos sus sentidos”, argumentó Lobo.
Añadió que evitar esas actividades ilícitas corresponde a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que rectora Enrique Castellón.
Cuestionó que “encima de eso tenemos que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió favorable la petición de los empresarios sobre el tema de 1% afectando al Estado y eso lógicamente va a tener un impacto sobre todas las instituciones igual que sobre los poderes del Estado”.
Aseveró que el cobro del tributo del 1% sobre las ganancias de las empresas es muy justo porque hay algunos negocios que venden miles de millones de lempiras y por 10 años reportan pérdidas y es ilógico que una empresa tenga pérdidas por ese lapso de tiempo y siga operando.
Lobo advirtió que al fallar la CSJ para apoyar a los empresarios habrá un efecto grande sobre las arcas nacionales y en ese sentido, “este año será bastante duro y hay que tener una disciplina, además es bueno aprender a manejar bien el presupuesto”.
Indicó que “vamos a tener que reducir el presupuesto y lo que los empresarios van a recibir con esto, son 1,600 millones de lempiras, me da mucho pesar porque eso puede ir hacia programas sociales, pero bueno”.
Retomó que en España están aprobando una ley y aunque aquí le ley señala que quien se está excediendo en el presupuesto, se le pueden aplicar sanciones civiles, incluso penales, en ese país europeo se fueron a algo interesante que es la destitución y la inhabilitación cuando un secretario de Estado o gerente se salga del marco presupuestario.
Lobo prácticamente reconoció que las actuales medidas y sanciones no han sido una barrera para que los funcionarios e incluso los titulares de los poderes del Estado se hayan excedido en su presupuesto al reconocer que con sanciones como la que se tomó en España si se puede obligar a los servidores públicos a tener una disciplina presupuestaria al sentir la amenaza de que pueden ser destituidos e inhabilitados por 5 ó 10 años.
“Yo voy a pasarle toda la información a don Tito Guillén para que prepare un decreto y lo enviemos al Congreso Nacional, donde el funcionario que se salga del marco presupuestario tenga que ser automáticamente cesado en su cargo y además enfrentar una inhabilitación que será entre 5 y 10 años”, señaló.
