Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El gobierno estadounidense intensificará la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado transnacional (TCOs, por sus siglas en inglés) al dirigir los esfuerzos de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) a las acciones de dichas organizaciones que lavan dinero y para ello sobornan a funcionarios de gobiernos extranjeros dejando en desventaja a personas y empresas norteamericanas.
– La iniciativa del Departamento de Justicia de EEUU busca eliminar a las organizaciones criminales y sancionar a los funcionarios extranjeros corruptos.
La medida tendrá impacto en Honduras, ya que entre organizaciones del crimen transnacional la administración del presidente Donald Trump incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), con amplia presencia en Honduras, así como en los países vecinos como El Salvador y Guatemala.
Trump designó como organizaciones terroristas a varios cárteles de la droga mexicanos, como a la MS-13, lo que los pone en la diana de las acciones del Departamento de Justicia y otras agencias de lucha contra el crimen del gobierno norteamericano a Honduras, donde las maras incluso tienen vínculos con políticos, según investigaciones internacionales de organismos de justicia.
En un memorándum del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, al jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia (Fiscalía General), se señalan las nuevas directrices en la aplicación de la FCPA.
En el documento se indica que los fiscales de la FCPA pausarán durante varios meses el espíritu original de la ley en cuanto a investigar y sancionar a empresas y ciudadanos estadounidenses que realizaran prácticas corruptas en el extranjero para realizar negocios, especialmente sobornando a funcionarios de gobiernos externos.
En el memorándum de Blanche se establecen nuevas directrices a investigadores y fiscales en la aplicación de la FCPA, ya que ahora está dirigida a las acciones contra las conductas que “socavan directamente los intereses nacionales de EEUU”.
Prioridad eliminar cárteles y TOCs
El documento establece que la prioridad ahora es la eliminación de los cárteles de las drogas y las organizaciones criminales transnacionales (TOCs), así como las terroristas, ya que “amenazan la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental (Latinoamérica y el Caribe)”, ya que representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.
La orden reconoce que existe una “infiltración de los cárteles internacionales en gobiernos extranjeros en todo el hemisferio occidental”.
Por ello, se recordó en el documento, que la fiscal general norteamericana Pamela Bondi ordenó la eliminación total de los cárteles y las TOCs, para lo cual la unidad de la FCPA debe priorizar las “investigaciones relacionadas con el soborno internacional que facilita las operaciones delictivas de los cárteles y las TOCs”.
En ese sentido el documento destaca que la “erradicación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales requerirá un esfuerzo sostenido para enjuiciar a sus socios corruptos y desmantelar los mecanismos de financiación y las empresas fantasmas utilizadas por estas redes criminales” y su eliminación beneficiará a las empresas estadounidenses y a la nación en su conjunto.
Blanche señaló que la FCPA debe iniciar una investigación si la mala conducta está relacionada con operaciones delictivas de los cárteles o las TOCs, si se utilizan blanqueadores de dinero o empresa fantasmas lavadoras de los criminales o si la acción está vinculada a empleados estatales u otros funcionarios extranjeros que recibieron sobornos.
Desventajas para EEUU
Se destaca que es importante el crecimiento económico y la expansión de oportunidades de Estados Unidos en el extranjero.
El memorándum destaca que las empresas que sobornan a funcionarios extranjeros para obtener negocios colocan a empresas que respetan la ley, incluyendo las estadounidenses, en una “grave desventaja económica”.
“Al sobornar a funcionarios extranjeros para obtener contratos lucrativos y ganancias ilícitas —en ocasiones, cientos de millones de dólares—, los competidores corruptos distorsionan los mercados y perjudican a las empresas estadounidenses y a otras empresas respetuosas de la ley durante muchos años”, se invoca en el documento.
El fiscal adjunto Blanche pidió a los fiscales e investigadores que consideren si la mala conducta practicada privó a entidades estadounidenses de un acceso justo a la competencia o si hubo perjuicio económico.
El documento recordó que la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump destaca que “los terroristas y criminales prosperan donde los gobiernos son débiles, la corrupción es rampante y la confianza en las instituciones gubernamentales es baja. Los competidores estratégicos a menudo explotan, en lugar de desalentar, la corrupción y la debilidad del Estado para extraer recursos y explotar a sus poblaciones”.
Señaló que la seguridad nacional norteamericana depende en gran medida que Estados Unidos y que sus empresas tengan ventajas comerciales estratégicas en minerales críticos, puertos de aguas profundas u otras infraestructuras o activos claves.
“Por lo tanto, la aplicación de la FCPA se centrará en las amenazas más urgentes a la seguridad nacional de EEUU derivadas del soborno de funcionarios extranjeros corruptos que involucra infraestructura o activos clave”, destaca el memorándum.
También destaca la orden que la aplicación de la FCPA “no debe penalizar a los ciudadanos y empresas estadounidenses por prácticas comerciales rutinarias en otras naciones”, resaltando que los fiscales deben tener en cuenta que dicha ley contiene excepciones para facilitar y agilizar pagos.
“Más bien, la aplicación de la FCPA se centrará en las presuntas faltas de conducta que presenten fuertes indicios de intención corrupta vinculada a individuos específicos, como pagos sustanciales de sobornos, esfuerzos probados y sofisticados para ocultar pagos de sobornos, conducta fraudulenta para promover el esquema de soborno y esfuerzos para obstruir la justicia”, se detalla en el documento. (PD).
