Washington.- Las autoridades de EE.UU. comenzaron este jueves a aplicar la normativa del Gobierno para denegar el asilo a los indocumentados en la frontera sur que hayan pasado por México u otros países sin haber pedido allí esta protección, tras el espaldarazo a esta medida que dio el miércoles el Tribunal Supremo.
«La decisión (del Supremo) significa que los demandantes de asilo que vengan a EE.UU. a través de un tercer país deben primero solicitar el asilo allí antes de que se les conceda en EE.UU», explicó a Efe la experta Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Escuela de Leyes de Columbia.
El Alto Tribunal dio luz verde ayer de forma temporal al Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, para denegar el asilo a inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, en la frontera.
La decisión, tomada con siete votos a favor y dos en contra, no es definitiva pero se aplica mientras la batalla legal sigue su curso en otras cortes de menor instancia.
Aun así, el Supremo suspende con su resolución el fallo de un tribunal menor que había bloqueado esa medida.
A finales de julio, la Administración de Trump anunció cambios en su política de asilo que impedían a la mayoría de indocumentados solicitar la protección tras cruzar la frontera sur con México.
Un juez federal en California bloqueó rápidamente la medida, lo que provocó el inicio de un litigio que llegó hasta al Supremo.
La directora del programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Maureen Meyer, recordó a Efe que la decisión del Alto Tribunal es temporal hasta que otras cortes de menor instancia determinen si el reglamento del Gobierno sobre asilo es legal o ilegal.
Entretanto, los funcionarios de EE.UU. «tienen poder para rechazar a cualquier solicitante de asilo en la frontera sur de EE.UU. que haya pasado por otros países que tienen un sistema funcional de asilo, es decir, México, Guatemala o cualquier otro país», puntualizó Meyer.
No obstante, Mukherjee se mostró esperanzada en que finalmente haya un fallo favorable en cortes de menor instancia para los demandantes de ese amparo: «Espero que la judicatura ayude a proteger a los solicitantes de asilo porque la decisión del Tribunal Supremo los pone en riesgo».
Ambas expertas auguraron que el desenlace a este proceso judicial podría darse en los próximo meses, aunque no descartaron que podría prorrogarse hasta el próximo año.
En ese sentido, Mukherjee subrayó que, aunque no hay un calendario establecido, «podría tomar largo tiempo, aunque como es un asunto de seguridad nacional, puede resolverse en los próximos meses».
Sea como fuere, en opinión de Meyer, «lo que ha demostrado el Gobierno de Trump es que cualquier fallo de un tribunal menor lo van a apelar y buscar la vía rápida para que lo resuelva el Tribunal Supremo».
Y es que en la actualidad hay dos litigios a este respecto en dos cortes menores pendientes de resolverse, que, no obstante, podrían ser apelados ante el Supremo.
«Lo más grave es que en estos meses se está poniendo en marcha un programa cuya legalidad es muy cuestionable», lamentó la experta de WOLA.
Hasta ahora varias decisiones en material de inmigración puestas en marcha por el Ejecutivo de Trump han acabado en los tribunales, pero el presidente cuenta con la carta del Tribunal Supremo.
La máxima instancia judicial del país dispone actualmente de una mayoría conservadora entre sus jueces (cinco conservadores frente a cuatro progresistas), después de que Trump nominara a dos magistrados en menos de dos años.
Desde su llegada al poder en enero de 2017, el mandatario ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos, ya que considera que hay un abuso del sistema del que los inmigrantes se aprovechan para ingresar y trabajar en el país.
En los últimos meses, la frontera sur ha vivido un incremento en las llegadas de solicitantes de asilo centroamericanos con sus familiares y hay cerca de 436.000 peticiones sin resolver según datos oficiales.
Mayo fue el mes de mayor flujo desde 2006, con la detención de más de 132.000 personas que cruzaron la frontera sin permiso.
Trump ha probado varias medidas para desincentivar esa migración, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos, pero espera que impedir las peticiones frene finalmente el flujo.
