Tegucigalpa- El exfiscal general de la República y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó como “gravísimas” las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández, quien aseguró haber identificado al militar presuntamente involucrado en los retrasos del transporte de material electoral durante las elecciones primarias del 9 de marzo, y que sería el mismo que aparece en los audios atribuidos a una consejera del CNE y a un jefe de bancada del Congreso Nacional.
Según Orellana, lo expresado por el alto mando militar confirma por primera vez la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en los hechos que provocaron el retraso del traslado del material electoral, en las elecciones primarias.
“Lo que ha expresado el jefe del Estado Mayor Conjunto es gravísimo. Por primera vez se reconoce que desde el seno de las Fuerzas Armadas hubo quien participó el 9 de marzo ordenando que los buses se aparcaran y dispersaran el material electoral. Eso es un atentado contra la democracia, la Constitución y la República”, afirmó el exfiscal.
Orellana insistió en que no basta con separar al oficial de la línea de mando, como dijo el jefe castrense, sino que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público, ya que se trata de un delito que atenta directamente contra el orden constitucional.
“No se trata de marginarlo ni esconderlo por ahí. Si el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo está diciendo, entonces debe presentarlo al Ministerio Público. Este caso no puede quedar impune”, recalcó.
El exfiscal también recordó que, en declaraciones anteriores, el jefe del Estado Mayor había negado cualquier participación de las Fuerzas Armadas en el incidente, por lo que considera que este nuevo pronunciamiento representa un cambio de “timón” importante.
“Es la primera vez que él lo reconoce públicamente. Y si además admite que el mismo militar está involucrado en los audios presentados por el fiscal general, el asunto se vuelve todavía más grave”, señaló Orellana.
Asimismo, criticó la inacción del Ministerio Público, al considerar que se ha limitado a investigar únicamente a los funcionarios que participaron en la evaluación de las ofertas de transporte, sin abordar el verdadero problema: el retraso de los buses y el incumplimiento en la entrega del material electoral.
“Ya que el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo ha reconocido, el Ministerio Público debe actuar de oficio. Si no lo hace, su silencio se convierte en una contradicción a la ley. No puede quedar esto impune, porque si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer”, concluyó Orellana.
Las declaraciones del exfiscal remarcan el debate de la transparencia del proceso electoral y la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas, que por mandato constitucional deben estar bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral durante los comicios. LB
