Tegucigalpa- En un hilo completo en su cuenta de X, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, explicó las implicaciones legales de la reciente declaración de inconstitucionalidad de la normativa que regula las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).
El exfiscal, en su análisis, planteó una interrogante clave: «¿Sigue vigente esta normativa en los contratos de estabilidad jurídica suscritos, como dispone la ley derogada?»
A renglón seguido Orellana detalló que, en términos generales, cuando una ley deja de ser útil, es el Congreso Nacional el encargado de derogarla. Sin embargo, cuando una ley es inconstitucional, su derogación corresponde a la jurisdicción constitucional.
«La derogación legislativa no afecta las situaciones jurídicas surgidas al amparo de la ley derogada», comentó, explicando que esas situaciones continúan bajo protección de la norma hasta la sentencia de inconstitucionalidad, adicionó.
Prosiguió que, en contraste, una vez que una ley es declarada inconstitucional, la norma en cuestión deja de tener validez, lo que implica que ningún juez puede aplicarla sin incurrir en responsabilidad. Esto afecta directamente a los contratos de estabilidad jurídica firmados bajo el amparo de la normativa de las ZEDE. Según Orellana, estos contratos no podrán ser invocados en los tribunales, ya que los jueces rechazarán cualquier intento de hacerlos valer.
“Ningún juez, por consiguiente, podrá aplicarla, so pena de incurrir en responsabilidad”, remarcó.
Con su explicación, el exministro de Transparencia subrayó la inaplicabilidad total de la normativa ZEDE tras la sentencia de inconstitucionalidad, lo que genera un escenario incierto para los inversionistas que se acogieron a estos contratos.LB
