Ha llegado el momento de saber quien es quien en Honduras.
Parece que los partidos políticos, cooptados desde hace mas de un siglo por grupos de poder y de presión, liderados por agentes del mal, quienes desprovistos de talento y sensibilidad, no tienen mas trabajo que obedecer a sus amos mediante la sempiterna captura de las instituciones públicas para garantizar su supervivencia.
Así ha sido y parece que sigue siendo, no importa quien esté en el poder. Por mas que dentro de su militancia coexistan los áulicos rastreros con militantes comprometidos con el bien común. Pareciera ser que los partidos políticos llevan de forma endémica el virus del sectarismo, la corrupción y el autoritarismo, que facilitan la alianza con “empresaurios”, grupos criminales, gobiernos extranjeros autoritarios y demás especímenes distópicos, enemigos de la gobernanza y el buen vivir.
En noviembre pasado, la ciudadanía hizo gala de su poder; eligió sin ambages la destitución de un régimen corrupto y dictatorial. La prueba de fuego es ahora para quienes deben elegir una Corte Suprema de Justicia que inicie la reconstrucción del poder judicial, históricamente apolillado y envuelto en el cieno de la corrupción.
Nuestra Constitución estableció, desde 2001, un mecanismo moderno, yo diría ejemplar de elección de los magistrados a la Corte Suprema, que consiste en ciudadanizar este proceso, mediante la escogencia de candidatos por parte de una junta nominadora integrada por personas conspicuas, representantes de organizaciones sociales de prestigio.
La idea es acorde con la ruta participativa que debe tomar la democracia. Hay quienes la denostan usando argumentos desvalorizados, como que en los EUA, los magistrados son electos por el Congreso a propuesta del Presidente de aquel país. ¿Por qué pensar que la nuestra no es una mejor opción? siempre y cuando los políticos y otros poderes fácticos, saquen sus sucias manos del proceso.
Hace unas semanas, el Congreso Nacional aprobó una ley que permite una subsanación de los problemas con que funcionó el mecanismo de elección en los tres procesos anteriores. Aunque el actual proceso no ha sido ajeno a la abyecta intervención de los partidos de uno y otro lado, pareciera que las y los representantes elegidos hasta ahora para integrar esa junta, poseen calificaciones adecuadas para no dejarse amedrentar por las presiones de siempre.
Ojalá y así sea, porque hoy mas que nunca está claro que solo una reforma integral al sector justicia podrá garantizar el inicio de los cambios que el país requiere para avanzar.
Justicia, según Papiniano, es el propósito de que a cada quien se le reconozca lo que le corresponde. Esta simple enunciación encierra serios interrogantes: con qué criterio se establece lo apropiado para cada persona, quién hace la evaluación y qué procedimiento se sigue para ella. No hay solución perfecta para los interrogantes, pues ellos conllevan la ambigüedad propia del lenguaje humano, pero hay unas mejores que otras.
Esa es la razón por la cual es urgente cambiar de tajo el accionar del poder judicial. Darle autonomía, independencia y sobre todo pulcritud en su acción. Los de siempre, quienes tienen arruinado al país, continúan en la espuria justificación de la necesidad de que la política partidaria intervenga en la acción judicial. Pensar así solo nos llevará al deterioro constante y la caída libre del bienestar material y moral de la sociedad.
Basta examinar de forma superflua la estructura del índice de competitividad que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, mantiene a Honduras entre los parias del globo, para entender como el bajo acceso a un sistema de justicia eficaz ahuyenta la inversión, desmotiva a los trabajadores y desintegra la acción social. Es quizás esa la principal explicación de nuestra pobreza, pero sobre todo de ese espíritu desesperanzador que caracteriza a los hondureños y hondureñas, motivandolos a irse del país.
Michael Sandel, uno de los mas prominentes filósofos de nuestra era, nos dice en su aclamado libro “Justicia: ¿Hacemos lo que debemos?, que las cuestiones económicas, si bien sujetas a las leyes del mercado, lo están mas a la forma en que los individuos deben tratarse, a como debe organizarse la sociedad y el rol fundamental que la ley y sus administradores tienen que actuar para generar confianza.
Ojalá y tomemos en cuenta esta simple fórmula y aprendamos que el paso inicial en el camino a la prosperidad, debe estar signado por un poder judicial autónomo, inteligente y honesto. Amén.
