Tegucigalpa – El exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, acusados de asesinato en el marco del golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, regresaron a prisión este martes tras las revocación de su arresto domiciliario.
Un juzgado de Tegucigalpa notificó a Cervantes y Puerto sobre esta revocación y ordenó su regreso a prisión preventiva, dijo a periodistas la portavoz del tribunal, Bárbara Castillo.
Agregó que los dos generales retirados fueron enviados de nuevo a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, donde habían estado recluidos del 5 al 12 de enero, hasta que un juzgado ordenó el arresto domiciliario.
Cervantes y Puerto se presentaron voluntariamente ante la Justicia después de que un juez de primera instancia ordenara su captura, junto con la del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, tras la revocación del arresto domiciliario el 3 de marzo.
Hasta ahora, no se ha confirmado si Vásquez se presentará también de manera voluntaria ante el juzgado de Tegucigalpa o si comparecerá en la audiencia programada para mañana por el Poder Judicial.
Los tres militares fueron capturados el 5 de enero, acusados de «asesinato en perjuicio de Isis Obed Murillo y asesinato en su grado de ejecución de tentativa Alex Roberto Zavala», ambos seguidores de Zelaya, quien es esposo y asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Murillo falleció el 5 de julio de 2009, tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación mientras Manuel Zelaya intentaba regresar al país por vía aérea, lo que impidieron las Fuerzas Armadas cruzando camiones en la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín, de la capital hondureña.
Por su parte, Zavala sufrió «graves lesiones» a causa de disparos realizados por soldados hondureños, según la Fiscalía.
Las investigaciones han determinado que las acciones de los militares fueron «brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente».
Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular llamada ‘Cuarta urna’, que buscaba reformas constitucionales, desoyendo las advertencias del Parlamento, del Tribunal Supremo Electoral, de la Procuraduría General, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, quienes consideraban que la convocatoria a dicha votación era ilegal. JS
