Tegucigalpa – Tres congresistas estadounidenses, aupados por informes de organismos civiles de derechos humanos de Honduras, entre ellos el Cofadeh, ponen en duda la transparencia del proceso electoral del 24 de noviembre próximo y casi insinúan que no hay clima para las elecciones, en contraste con una amplia delegación de la Unión Europea que empezó a desplazar por el país sus observadores internacionales antes, durante y posterior a las mismas.
Son las dos caras de la moneda de la cooperación y vigilancia internacional. Por un lado, una minoría de congresistas estadounidenses, cuestiona no solo el proceso electoral, sino también el papel de su embajada en Tegucigalpa, pese a que ésta ha señalado que no tiene candidatos favoritos ni problemas para trabajar con quien resulte ganador de los comicios generales donde se elegirá el nuevo gobernante de Honduras.
En la nota de los congresistas del 15 de octubre enviada al Secretario de Estado de Estados Unidos, Jhon Kerry, afirman que las elecciones en Honduras se encuentran en “grave peligro” por las violaciones a los derechos humanos, por la recién creada policía militar y por la presunta “persecución política” en contra de los activistas de Libre, entre otros hechos que asombran a quienes conocen el entorno hondureño, incluso a la misma diplomacia acreditada en Tegucigalpa.
Para los congresistas Raúl M. Grijalva, Hank Johnson y Michael Honda, en Honduras ha existido una “larga historia de fraude electoral” por lo que consideran que “el país no tenga actualmente las condiciones para garantizar un proceso electoral libre e imparcial”, en una clara insinuación a la suspensión del proceso.
Inclinados
Asimismo, aseguran de supuestos actos de violencia e intimidación en contra de líderes de la oposición, “especialmente miembros de Libre. Según Cofadeh, la organización de derechos humanos más prominente en Honduras, al menos dieciséis activistas y candidatos de Libre han sido asesinados desde junio de 2012”.Acusan al Partido Nacional y a su candidato presidencial de usar “medios ilegales” para continuar la intimidación en contra de miembros de la oposición, pero no aportan pruebas ni hechos contundentes para dar fuerza a su denuncia.
Aunque avalan la posición neutral de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, cuestionan que no se pronuncie en contra de lo que llaman sistemática violación a los derechos humanos, en especial de los opositores políticos agrupados en Libre y los defensores de los derechos humanos.
Desconociendo el papel constitucional que se le da a las Fuerzas Armadas en la custodia de las urnas electorales, los congresistas ahora dudan que los uniformados cumplan bien ese papel, al aseverar que ello “limita las opciones de los ciudadanos hondureños en caso de que se cometa un fraude”.
La otra cara de la moneda
Esta vigilancia electoral pasa por la suscripción hace más de un mes de un Pacto Mínimo de Garantías para la transparencia y aceptación de resultados para lo cual ya hay una mesa técnica instalada que dará seguimiento al cumplimiento del pacto suscrito por los presidenciables.
Esta iniciativa es respaldada por la comunidad internacional agrupada en el grupo de países cooperantes en Honduras, el G-16, entre los que está, irónicamente Estados Unidos.
En este esfuerzo de vigilancia y supervisión, la Unión Europea decidió dar un toque distinto a su participación. Envió más de 90 delegados a todo el país para comenzar con la observación del proceso electoral en todas sus etapas previa, durante y posterior al mismo.Han instalado una oficina en Tegucigalpa desde donde darán seguimiento a todos los reportes de sus observadores y de otro tipo de denuncias. De momento, se han abocado a las autoridades del Tribunal Electoral para conocer cómo avanza el proceso y empaparse del mismo.
Ellos comenzaron ya a tener reuniones con diversos sectores de la sociedad hondureña, políticos, no estatales y gubernamentales. Por ahora no ven hechos que indiquen que la transparencia electoral no está funcionando, ni mucho menos una alerta orientada a suspender los comicios.
Ellos han reiterado que acompañan el proceso y que si ven irregularidades que puedan desequilibrarlo, las denunciarán, pero confían en que las elecciones del 24 de noviembre sean no solo las más vigiladas de Honduras, sino que también las más votadas para reafirmar el compromiso hondureño con la democracia.
Recientemente, el presidente Lobo Sosa, denunció que desde el extranjero se gestaba una campaña internacional en contra del proceso electoral y de su gobierno, acusó a una ONG que no identificó de liderar esta embestida, al tiempo que reiteró su compromiso por garantizar elecciones libres y justas en Honduras.
Las elecciones del 24 de noviembre tienen mucho simbolismo para los hondureños porque participan, por vez primera, nueve partidos políticos, está en juego el futuro del bipartidismo político, la suerte de los partidos emergentes y la posibilidad de que más de alguno desaparezca una vez concluida la contienda, entre otros aspectos.
