El caso, por la combinación de violencia intrafamiliar, mafias, trampas y vericuetos legales, poderes ocultos y corrupción, reúne los ingredientes de una novela negra, y desata pasiones, enojos y condenas en las clases medias y altas de este país centroamericano, que pocas veces se conmueven ante este tipo de hechos.
La noche del 6 de julio de 2011 fue la última vez que alguien vio a Cristina con vida. Roberto Barreda, su esposo, denunció su desaparición y las autoridades empezaron a investigar el caso como un secuestro, pero tras analizar las evidencias cambiaron de padecer.
En la lujosa residencia donde se creía habitaba una «familia feliz», la familia Barreda-Siekavizza, en un sector exclusivo del este de la capital, los fiscales encontraron muestras de violencia, muebles movidos, sangre y pisos recientemente lavados.
Los familiares de Cristina empezaron a sospechar por la «frialdad» con que Roberto asumía la desaparición de su esposa, y se alertaron por la ansiedad y temor que padecían los niños.
Acorralado porque las sospechas se cernían en su contra, Roberto, un exitoso ejecutivo que gustaba del buen vivir, hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Jusicia, Ofelia de León, huyó pocos días antes de que se cumpliera el primer mes de la desaparición de su esposa, llevándose consigo a sus dos hijos menores.
Según declaró ante las autoridades Petrona Say, la empleada doméstica de la familia, quien fue detenida con cargos de complicidad, la noche del 6 de julio de 2011, tras una acalorada discusión, Roberto asesinó a golpes a Cristina.
La empleada confesó haber ayudado, bajo amenazas de correr la misma suerte, a lavar la habitación donde Cristina Siekavizza murió desangrada y aseguró haber visto como subió Roberto el cadáver en su vehículo para llevarlo a un sitio aún desconocido.
Norma Cruz, directiva de la Fundación Sobrevivientes, dedicada a ayudar a mujer víctimas de violencia machista, quien asesora a la familia de Cristina, dice que este caso muestra la «podredumbre» del sistema de Justicia de Guatemala.
Aunque la Fiscalía ha logrado demostrar el apoyo recibido por Roberto de parte de su madre, la expresidenta del Poder Judicial, investigadores privados, y otros familiares suyos, parece que todo ha sido bloqueado por artimañas y «trampas» judiciales.
El 20 de octubre de 2011, Ofelia de León fue capturada bajo cargos de obstrucción de la Justicia, por haber ayudado a su hijo a huir llevándose a los niños, pero una jueza la dejó en libertad en marzo de este año, tras el pago de una fianza de 1.200 dólares.
Hace dos semanas, otro juez ordenó cerrar el proceso penal en contra de Humberto Rodas y Mauricio Castillo, los otros dos procesados por colaborar supuestamente con Barrera en la desaparición del cuerpo de Cristina y el secuestro de los niños.
Así las cosas, un grupo de mujeres creó «Voces por Cristina», una organización por medio de la cual realizan actividades para sensibilizar a la sociedad y presionar por el esclarecimiento de este caso.
Dos años después, pareciera que nada se ha logrado: las personas que supuestamente colaboraron con Roberto en sus crímenes, han recobrado su libertad, el cadáver de Cristina, que ha sido buscado en fosas comunes, barrancos y ríos, entre otros sitios, sigue sin aparecer.
De Roberto y los niños tampoco se sabe nada. Hay versiones que dicen que un poderoso grupo de narcotraficantes lo protege; otras aseguran que, con el apoyo de autoridades locales, salieron del país y que se encuentran en Estados Unidos, en Panamá, en México, o incluso en Europa.
Juan Luis Siekavizza, padre de Cristina, quien ha hecho de la aparición de su hija y sus nietos su motivo de vida, asegura que seguirá hasta encontrarlos, a pesar de que ha comprobado que el sistema de Justicia de Guatemala es «todo menos justo», «lento e ineficiente», y sobre todo, «que está sujeto a influencias».
