“Vamos a impedir el ingreso de las urnas dichos locales en exigencia para el pago de salarios de más de cuatro mil docentes afectados en el presente año y se instruye a todos compañeros que han sido convocados por el Tribunal Supremo Electoral para apoyar la transmisión de resultados para que se abstengan de participar en ese tipo de actividades”, dijo el dirigente magisterial Luis Sosa.
La resolución fue adoptada hoy en una asamblea convocada por el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) para tratar la problemática del sector magisterial y concretamente la tardanza de la Secretaría de Educación en pagar los salarios a más de cuatro mil educadores del interior del país.
La dirigencia del Copemh asimismo anunció que otra de las acciones de presión será no entregar las calificaciones a los estudiantes de los diferentes institutos de secundaria del país, mientras el gobierno no realice los desembolsos para honrar los pagos atrasados a los docentes que no han recibido sus estipendios desde inicios de año.
“Se instruye a los cuatro mil docentes a no entregar las calificaciones en las secretarias de los colegios para que sean entregadas a los padres de familia en vista que no fue cancelado su salario y que sea el Ministro de Educación el que responda esa demanda de los padres de familia y no el docente que trabajó sin un salario en el presente año”, dijo Sosa.
El artículo 45 de la Constitución de la República declara punible todo acto por medio el cual se prohíba o se limite la participación del ciudadano en la vida política del país y por tanto la obstaculización del ejercicio del sufragio es una forma en la que el ciudadano puede verse limitado políticamente y eso implica un delito contra el sistema democrático, según los expertos.
Los educadores advirtieron que no temen las repercusiones jurídicas que esa decisión puede tener para ellos y señalaron que irán a la cárcel de ser posible pero cumplirán con su amenaza de no permitir el ingreso de los votantes y del material electoral a los centros de votación el próximo 30 de noviembre.
El fiscal general de la República, Leonidas Rosa Bautista, dijo que llamar a la ciudadanía a no cumplir con lo que establece la Constitución de la República implica delito y conlleva responsabilidad penal para todos aquellos que lo promuevan o lo inciten.
