Tegucigalpa – Discriminación y violación a derechos humanos de mujeres y personas lesbianas, gais, personas trans, bisexuales, intersexuales y queer (LGTBIQ) aumenta en Honduras a causa de la corrupción, establece un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con apoyo de otras organizaciones de sociedad civil.
– La impunidad en feminicidios es de 91 % y los crímenes contra personas LGTBIQ+ también quedan impunes, reprochan las organizaciones.
El informe “Géneros y Corrupción en Honduras”, revela como la corrupción provoca un mayor índice de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBIQ+ en el país centroamericano.
El documento establece que la falta de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas impacta en los grupos vulnerables al no brindar respuestas oportunas y efectivas, lo que impide que tampoco tengan acceso a la justicia y respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Así también, tienen pocas oportunidades laborales y educativas.
El informe cita que en Honduras el índice de impunidad en feminicidios es de 91% mientras que según datos de la organización Cattrachas, entre el 2009 y el 2020, se contabilizaban 363 incidentes violentos hacia la población LGTBIQ+ y 1 caso de desaparición forzada.
Las denuncias por agresiones tampoco proceden ya que no está específicamente tipificado la discriminación por género. Adicionalmente, 14 fiscales llevan 5,500 denuncias en materia de derechos humanos y terminan siendo engavetadas por falta de personal para dar respuesta.
Son estos grupos en condición de vulnerabilidad los que también resultan ser las víctimas más frecuentes de sextorsión para acceder a servicios, tomando en cuenta que este delito no está tipificado en la legislación hondureña como tal y la mayoría de víctimas se quedan calladas por el temor de denunciar a funcionarios u oficiales.
En reacción a estos datos el director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, manifestó que “tenemos cada vez más, evidencia de como la corrupción afecta de manera directa y con más fuerza a diversos grupos y colectivos”, por lo que animó a las organizaciones a mantener la colectividad para fortalecer el diálogo y la lucha anticorrupción orientada a fortalecer la protección de los derechos humanos.
De acuerdo con el documento, en vez de tener recursos para invertir en programas de educación, de justicia, de trabajo; estos fondos se “pierden” o se invierten en otros asuntos, ya que estos grupos no son prioridad del Estado, mismo que no brinda apoyo a las organizaciones y asociaciones que trabajan con mujeres y personas LGTBIQ+ que deben autogestionarse para sobrevivir.
Por su parte, Claudia Padilla, coordinadora de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en Comayagua, declaró que este estudio “deja en evidencia las necesidades y el olvido que ha tenido históricamente el gobierno hacia estos grupos, por lo que es necesario abogar por alianzas entre el Estado y organizaciones de sociedad civil para garantizar el cumplimiento de sus derechos”.
La investigación presentada por ASJ, fue posible gracias a datos obtenidos a partir de información de cinco instituciones públicas, 10 entrevistas y 1 encuesta con personas con experiencia técnica, académica, práctica y vivencial en temas de géneros y corrupción, además se citaron 25 fuentes documentales.
Por otro lado, se contó con el apoyo de Asociación de Acción Social para el Desarrollo de Juventudes, Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH), Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF), Asociación Para una Vida Mejor (APUVIMEH), Humanos en Acción (HUMAC), Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad y SIDA en Tela (APREST), Red de Jóvenes Positivos de Honduras, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Grupo Lésbico Bisexual Litos de Honduras, Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ). (RO)
