Tegucigalpa – El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, será presentado hasta mañana ante un juez para la audiencia de imputado, confirmaron miembros del Ministerio Público.
El legislador pasará la noche en las instalaciones de la Dipamcop.
Márquez fue detenido este martes por agentes policiales por un caso de presunta corrupción, junto a juez Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala.
De acuerdo al procedimiento de la ley, los diputados que son señalados por actos reñidos de la justicia deben ser sometidos a un procedimiento especial, se les nombra un juez natural que generalmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien procede tradicionalmente a citar al alto funcionario o diputado. En este caso, la acción contra Márquez fue abrupta y en lugar de ser objeto de citación se le libró orden de captura.
De acuerdo a las investigaciones, el caso surge cuando Márquez fue titular de la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Presuntamente también está implicada la excoordinadora general del gobierno, Martha Doblado ; la exdirectora legal de Sedecoas, Eva María Vásquez Villanueva ; el apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA), Juan Fernando Madrid Lezama ; la exintegrante del tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Caronte Rojas Zavala ; y el representante legal de la empresa DRC Inc, Murray Paul Palmer .
Igualmente, son acusados el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía; y el receptor del Poder Judicial, Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
En el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP. IR
