– El titular de la DIECP demanda más apoyo presupuestario de cara al 2013.
– Las pruebas de confianza realizadas hasta la fecha no perderán su legalidad aunque la Corte Suprema confirme el fallo de la Sala de lo Constitucional, dice Villanueva.
El organismo llega a sus primeros 365 días de vida con la polémica desatada por la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en votación 4-1, decidió declarar inconstitucional las llamadas pruebas de confianza, piedra angular para la depuración policial.
Las llamadas pruebas de confianza son la herramienta utilizada para depurar un cuerpo policial que cayo al fondo del descredito y de la desconfianza tras conocerse que elementos policiales fueron los asesinos el 22 de octubre del 2011 de dos jóvenes universitarios, uno de los cuales fue Alejandro Vargas, hijo de la rectora Julieta Castellanos.
El caso destapó la olla de podredumbre en el instituto policial que con el paso de los días acumulaba denuncias por sicariato, extorsiones, tráfico de drogas, robo de vehículos, así como delincuencia común y organizada.
Además de la incapacidad y complicidad policial, ya que la policía inmediatamente vinculó la muerte de los jóvenes a otras causas y luego sus estructuras prepararon a los agentes involucrados en el asesinato a cambiar sus historias en los juzgados.ç
La enorme presión popular obligó al gobierno y al Congreso Nacional separar la llamada Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y transformarla en la actual Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), ete autónomo, con la capacidad para llevar a cabo la ansiada depuración.
Operación
El primero de diciembre de 2011 se nombra a Óscar Arita y Eduardo Villanueva como director y adjunto de la recién creada DIECP, respectivamente.
Arita, que fungió como titular de la referida dirección, interpuso su renuncia irrevocable en 29 de febrero de 2012, alegando “problemas familiares” y falta de apoyo por parte del Gobierno de Porfirio Lobo.
Sin embargo, fue hasta el mes de junio de 2012, que se nombra a Eduardo Villanueva como director de la DIECP y a Mario Chinchilla como adjunto para comenzar a paso firme el proceso de depuración policial.
Al referirse a los obstáculos que se ha encontrado en este año de fundación, Villanueva le confió a Proceso Digital que “primero trabajamos fuertemente en la estructuración de la entidad, hemos logrado consolidar la institución en tres áreas de trabajo: investigación de delitos y faltas; el marco institucional; y las evaluaciones de confianza”.
Explicó que en caso de las evaluaciones de confianza se han practicado los instrumentos jurídicos en colaboración con el Ministerio Público a través de un convenio interinstitucional de cooperación.
En cambio, las evaluaciones toxicológicas se hacen con el apoyo de la cooperación externa que incluye la sicofisiológica que es la prueba del polígrafo. “Con nuestros técnicos realizamos las sicológicas y sicométricas, así como las investigaciones de tipo patrimonial y socioeconómicas”, explicó Villanueva.
Deficiencias por restricciones presupuestarias
Para el titular de la DIECP, las grandes deficiencias han estado determinadas por restricciones presupuestarias principalmente en los últimos meses. “Nos asignaron 30 millones de lempiras, pero al final las restricciones nos impidieron nombrar 20 investigadores y expertos para consolidar nuestro trabajo. Espero que el presupuesto sea implementado y ampliado el próximo año porque se nos había dicho de un techo de 60 millones de lempiras que con esos recursos sí cumpliríamos con las necesidades que tenemos”, demandó.
Villanueva afirmó que “no sabemos si la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza que estima la Sala de lo Constitucional es total o parcial, estamos pendientes que en los próximos diez días se pronuncien al respecto”.
A renglón seguido, manifestó que “no pueden dejar sin valor ni efecto lo actuado con las pruebas porque la Ley de Justicia Constitucional establece que lo que ha sido en los efectos de la sentencia no afectará las decisiones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas… la sentencia sería a partir de cuando se emite”.
Han presentado pruebas de casos de corrupción de altos oficiales
Sobre los caso que se han podido judicializar en su gestión, el titular de la DIECP recalcó que “la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público, hemos puesto en estrados de la Fiscalía doce investigaciones que están en proceso de llevarse a los tribunales con los requerimientos fiscales correspondientes y estamos preparando 20 más que vamos a entregar en los próximos días, que son investigaciones concluidas con los equipos técnicos profesionales”.
Detalló que entre esos casos hay involucrados oficiales de las escalas I y II que son de los niveles superiores. “Hay indicios racionales de estos oficiales en delitos como: violación de los deberes de los funcionarios, evasión, tentativa de hurto, soborno doméstico, apropiación indebida, amenazas, daños, lesiones, y otros”, acotó.
Finalmente, expresó su deseo para crear el Centro de Psicodiagnóstico para determinar cuál es la situación de los miembros de la Carrera Policial en lo que refiere a la salud mental y el control del estrés. “Los estudios practicados hasta ahora nos han dado algunas alarmas”, puntualizó.
El pasado 25 de mayo, el presidente Porfirio Lobo, aprobó la Ley Especial de Depuración Policial, mediante la cual se autorizó a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) a realizar pruebas de confianza a los elementos de la Policía hondureña, mismas que iniciaron el 27 de junio de este año.
La DIECP ha practicado hasta la fecha 823 pruebas de polígrafo, quedando por entregar 323 evaluaciones, cuyos resultados serán emitidos mediante una resolución especial, en vista de que las pruebas se aplicaron antes del 25 de mayo, fecha anterior a la vigencia de la Ley Especial para la Depuración Policial que expiró el pasado 25 de noviembre.
