Tegucigalpa – En la primera audiencia de declaración de imputados en los Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción se le dictó detención judicial al expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Olvin Antonio Mejía Santos, así como para ocho personas más a quienes el ente acusador presume responsables de un millonario desfalco en perjuicio de esa institución gremial.
Los otros imputados son: Pastor Eliut Valladares, Oscar Reynaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado, Rossel Arturo Euraque López, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero, todos acusados por los delitos contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que ocho de los imputados fueron trasladados a la Penitenciaria Marco Aurelio Soto de Támara y el fiscal Rossel Arturo Euraque López al Primer Batallón de Infantería.
Asimismo, informó que la audiencia inicial será el próximo sábado a las 10:00 de la mañana.
El requerimiento fiscal contra los imputados fue presentado la noche del lunes está referido a la presunta comisión de Delitos contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y el delito de Falsificación de Documentos Privados.
Los nueve imputados capturados en el marco de la operación Tormenta de Fuego XI realizada por el Ministerio Público en las últimas horas fueron puestos a la orden de la Juez de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción a eso de las 5 de la tarde para la realización de la correspondiente audiencia indagatoria.
La causa se basa en la investigación de una serie de irregularidades detectadas en la auditoría ordenada por la Asamblea ordinaria del CAH en el año 2013, mismas que fueron presuntamente ocasionadas por los responsables de Administrar el Instituto de Previsión del Profesional de Derecho, las cuales fueron denunciadas al Ministerio Público.
De acuerdo a la acusación presentada, se reflejan cobros irregulares por supuestos “beneficiarios” de seguro de vida, por una cantidad que asciende a Veintiseis Millones, setecientos veintitres mil ochocientos dieciocho lempiras (L. 26,723,818) en el periodo 2008 al 2010.
