Tegucigalpa – La jueza natural Lidia Álvarez Sagastume luego de concluir la audiencia de declaración de imputados determinó dictar detención judicial para 19 señalados en el caso Pandora, que implica a 38 personas, entre ellos exfuncionarios, funcionarios y diputados actuales al Congreso de la República.
– La audiencia inicial se programó para el miércoles 25 de julio a las 8:30 de la mañana.
– En este caso aún hay 17 personas que no han sido habidas por las autoridades.
– Algunos de los 19 procesados fueron llevados a la cárcel de Támara y otros al Primer Batallón de Infantería.
Así lo informó el portavoz judicial, Carlos Silva, quien aclaró que no se modificaron los delitos para ninguno de los imputados, por lo que deberán estar recluidos en un centro carcelario que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) estime conveniente.
Las 19 personas que van a prisión son: Norma Keffy Montes Chandías, Laura Aidee Arita Palma, Félix Francisco Pacheco Reyes, José Adolfo Sierra Morales, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando Rivera Marroquín, Hernan Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres y Eduardo Enrique Lanza Raudales.
Juez Natural en caso Pandora dictó Detención Judicial contra 19 imputados que deberá ser cumplida donde ordene el Instituto Nacional Penitenciario, Arresto Domiciliario contra dama en situación de lactancia, Audiencia Inicial el 25 de julio a las 8:30am. pic.twitter.com/9mh9XRAkcJ
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) 24 de julio de 2018
Asimismo, deberán guardar prisión los diputados José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez, Elvin Ernesto Santos Ordóñez y Lenin Rigoberto Rodas Velásquez (suplente).
Celín Discua, Elden Vásquez, Elvin Santos y Rodolfo Irías Navas.En tanto, Velkys Rosibel Hernández fue favorecida con la medida cautelar de arresto domiciliario, en vista que está en un período post natal, se informó.
Carlos Silva, portavoz judicial.En el caso del diputado José Celín Discua Elvir, se ordenó que mediante sus apoderados legales y personeros de Medicina Forense se le realice una evaluación médica en vista que presenta una situación delicada de salud.
Mientras, para el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, deberá cumplir su detención judicial en el centro penal de Yoro, donde está recluido tras una condena por lavado de activos.
Los representantes legales de cada uno de los 20 imputados que comparecieron en audiencia de declaración de imputados este lunes fueron notificados de la resolución judicial.
La acusación del Ministerio Público establece que los imputados cometieron presuntamente los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
La mayoría de los imputados son acusados por lavado de activos, ilícito que no admite medidas distintas a la prisión.
Día agitado en la CSJ
La audiencia de imputados comenzó después de 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 2:00 de la tarde, pero en el intermedio se pidió un receso porque las tuberías se dañaron y la sala donde se realizaba la cita fue invadida por aguas residuales.
Luego la jueza Lidia Álvarez Sagastume concluyó la audiencia y pidió un espacio de dos horas para dictar la resolución judicial.
Atestada estuvo la CSJ este lunes.Mientras la expectativa de la población estaba centrada en lo que ocurría en la sala de la CSJ, afuera el ambiente era de paralización en vista a la huelga de los transportistas.
De acuerdo a los portavoces de la CSJ, los 20 imputados anteriormente descritos comparecieron a la cita judicial, aunque no hay fotografía alguna que lo respalde. Sin embargo, los propios apoderados legales confirmaron que todos estuvieron presentes en la misma.
En el caso del extinto William Chong Wong, exministro de Finanzas, su familia pidió que no se le extinguiera la causa y alegaron que probarán su inocencia de las imputaciones de la Fiscalía, como una forma de defender su honor.
Velkys Rosibel Hernández fue favorecida con arresto domiciliario.Un hermano de la imputada Velkys Rosibel Hernández llegó a las instalaciones del Poder Judicial y con bebé (20 días de nacido) en brazos alegó que su pariente está en período post natal, por lo que pidió que no fuera enviada a prisión, petición que fue respaldada por el Ministerio Público.
Hablan los apoderados El abogado, Félix Ávila, externó que como defensa no puede estar conforme con la resolución porque a su juicio se violenta la Constitución de la República, sin embargo, es una decisión de la jueza que deben respetar. “Esperamos que en la audiencia inicial se puedan desvirtuar los casos y salir librados con sobreseimiento definitivo. Sabemos que la resolución responde a otros tipos de intereses, se quiere que la sociedad vea personas de esta naturaleza en prisión para complacer intereses mezquinos”, dijo. De su lado, la profesional del derecho, Doris Imelda Madrid, apuntó que desde el momento en que un imputado se presenta personalmente está dispuesto a enfrentar las acusaciones, “pero en ese sentido y luego de la resolución las decisiones judiciales se respetan”. “En la audiencia inicial tengo que presentar la condición de los herederos y todas las diligencias dentro de los juzgados de lo civil”, dijo la representante del fallecido William Chong Wong. De su lado, el abogado Juan Carlos Sánchez afirmó que “esperamos el desarrollo de la audiencia inicial porque tenemos los elementos necesarios para acreditar la inocencia de nuestros representados”. Remató que “conocemos un buen porcentaje de las pruebas que presenta el requerimiento y en función de nuestros intereses presentaremos todos los elementos de pruebas necesarios”. |
Relación de hechos
Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo a lo informado por la MACCIH, el caso comenzó tras la denuncia de Pietro DiBatista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en Roatán, que refería sobre la presunta utilización indebida de la fundación D‘Batista en operaciones atípicas y no autorizadas. Luego en 2016 se acumuló a la denuncia la auditoría especial que realizó el Tribunal Superior de Cuentas en la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
UFECIC-MACCIH presentaron el caso el 13 de junio.Siempre en base a lo informado fuentes oficiales, se hallaron indicios suficientes que fondos públicos que estaban destinados a ayudas agropecuarias, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, y otros que iban a ser destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria, Sulaco, una escuela de campo para los agricultores de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas de tres partidos políticos en 2013 y otros gastos personales.
El monto defraudado fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos son públicos que provienen de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos recursos se usaron las fundaciones DiBatista y Todos Somos Honduras.
Tres partidos políticos beneficiados
A las referidas fundaciones se les otorgaron los fondos, sin embargo los recursos fueron depositados en cuentas de particulares de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores liberales, nacionalistas y del Frente Amplio, según la acusación.
La MACCIH aseguró que parte de los fondos se entregaron el 24 de noviembre del 2013, el día de los comicios generales.
Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli, se pagaron préstamos a un partido político por un valor alrededor de 100 millones de lempiras.
En el requerimiento fiscal se solicitó a la justicia medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de sus bienes.
Los que permanecen prófugos 1.- Jacobo José Regalado Hernández |
