Destituidos de la Policía Nacional gozarían de pensiones del IPM

Según la ley, al IPM se pueden asegurar todos los miembros de la Fuerzas Armadas, bomberos y policías quienes gozan de servicios como pensiones por vejez, pensiones por jubilación y seguro de vida.

“Nuestro sistema brinda cobertura universal, todos tienen derecho a los beneficios que otorga el IPM, los oficiales, suboficiales, tropa, auxiliares, escala básica, bomberos, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos”, destacó el actuario del organismo de previsión social, mayor Otto Mejía.

El viernes recién pasado, el Ministerio de Seguridad confirmó la destitución de 52 miembrosde esa institución policial por haber cometido “faltas graves” que no fueron especificadas.

La Secretaría de Seguridad advirtió que los despidos seguirán y que una nueva lista de “purgados” será dada a conocer esta semana.

El portavoz del Ministerio de Seguridad, Héctor Iván Mejía, precisó que entre los destituidos están un comisionado general, dos comisionados, un subcomisionado, un inspector, cuatro subinspectores y 43 elementos de la escala básica, quienes se supone están afiliados al IPM.

Mejía señaló que (por motivos legales) no se ha brindado información sobre “causas, motivos y nombres” de los expulsados, pero sí manifestó que la destitución se dio por cometer “faltas graves”.

El hecho se da sólo un día después de que otros 75 uniformados fueran suspendidos de sus cargos por negligencia. Ante el acontecimiento, Mejía agregó que hay otra lista de policías destituidos que se conocerá “posiblemente el próximo viernes”.

Asimismo, indicó que no se presentará ninguna demanda criminal contra los destituidos, porque “no le corresponde a la Policía”.

“Se les entregará su acuerdo de cancelación y a partir de ese momento, el Estado de Honduras queda sin ninguna responsabilidad con ellos”, argumentó el vocero.

Asimismo, el director nacional de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad, Danilo Orellana, aseguró a periodistas en Tegucigalpa, sin precisar detalles, que unos 50 policías de la escala básica y 25 oficiales fueron destituidos «por irregularidades».

Sin embargo, para la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, el proceso de depuración “debe continuar porque el nivel de corrupción policial no solamente es en algunas postas, es en todas y a todos los niveles”.

A criterio de la funcionaria universitaria, el Estado debe poseer la garantía de que las personas que ejercen la función de seguridad en el país no estén coludidas con el delito y por lo tanto el trabajo debe seguir.

Agregó que luego de esas destituciones deshonrosas, se deben emprender otras acciones ahora que se han cancelado a esos elementos.

En ese sentido, demandó que se debe ofrecer mayor información de parte de las autoridades, porque ni siquiera se han atrevido a proporcionar los nombres de los oficiales y miembros de la escala básica que han sido dados de baja.

Asimismo, consideró que se debe iniciar el proceso de judicialización contra esos policías y tener un control sobre las personas que salen de la institución y evitar, de esa forma, que se involucren en posibles actos delictivos, lo que ha pasado en otros países.

Para algunos entendidos en la materia, algunos de los oficiales que han sido cesados en sus cargos, buscarán la forma de fundar una agencia de seguridad privada y posiblemente desde ahí podrían continuar involucrados en actos delictivos que les generan el dinero fácil.

“Es importante que esos expedientes (de los policías destituidos) que fueron investigados por la Policía, sean remitidos a la Fiscalía para evitar que los casos queden en la impunidad”, advirtió la rectora universitaria.

Según fuentes del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad aún no ha remitido los expedientes de las investigaciones de los primeros 40 policías separados.

“Tenemos entendido que el proceso de recopilación de pruebas y el mismo de investigación aún no concluye por parte de la Secretaría de Seguridad”, indicó Castellanos.

Según las informaciones extraoficiales, los oficiales cancelados el viernes pasado cometieron “faltas graves”, como negligencia en las investigaciones y manejo del asesinato de dos universitarios el 22 de octubre de 2011.

La muerte de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora Julieta Castellanos y su amigo Carlos Pineda, selló el inicio de la crisis policial, donde se descubrió redes de policías que asaltaban viviendas, mataban, robaban y extorsionaban.

La rectora recordó que, por ejemplo, la posta de La Granja “operaba en un sistema que ellos asaltaban, asesinaban jóvenes, les quitaban el vehículo y luego ese auto lo reformaban, le modificaban la serie y los usaban los oficiales para su uso privado”.