– “Lo que cree la gente en la calle es que se quiere generar una crisis que conduzca a una asamblea general constituyente o impedir que todos los actos de fraude electoral puedan perjudicar la candidatura de alguien”, asegura Espinal Irías.
– Además, citó que hay artículos en el Código Penal que sancionan por abuso de autoridad a quien emite o decreta disposiciones que son contrarias a la Constitución.
“Todo eso parece producto de una mente maquiavélica y allí es donde nosotros empezamos a notar cuando comienza el Congreso Nacional para poder hacer la sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, piensa que necesita una base. Se basa en aprobar o improbar la conducta administrativa”, relató.
Agregó que las facultades de aprobar o improbar la conducta administrativa le son concedidas al Legislativo por la Constitución de la República.
Sin embargo, “las toman sin recordar precisamente las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia que es el órgano de ser administrativo del Poder Judicial; pero como necesitaban un pretexto, usan el que tienen a la disposición del alcance de la mano”.
Informe elaborado en menos de 24 horas
En ese sentido, el profesional de derecho, arguyó que el informe utilizado para la destitución de magistrados no fue realizado en un tiempo adecuado y no fue dado a conocer a los hoy defenestrados.
“El pueblo de Honduras debe saber que el famoso informe fue realizado en menos de 24 horas, no fue sometido al conocimiento de las personas que se les estaba apuntando o tribuyendo un mal manejo administrativo, hay una gran diferencia entre los actos administrativos y jurisdiccionales”, refirió.
Además, resaltó que en el aspecto administrativo, hay un aparato legal y se refiere a los informes que se presentan al Congreso cada año haciéndole saber cómo se ha invertido y ejecutado el presupuesto, así como cuales son las necesidades materiales y de sus funciones que han producido.
Con respecto a la declaración inconstitucional de una ley que ya había perdido vigencia, manifestó que el Congreso Nacional “no tenía ninguna razón” de actuar de esa forma.
Quienes hablan de videos pueden ser sancionados
El asesor del MP, también dio a conocer que quienes señalan de la existencia de videos e informes que vinculan a los magistrados destituidos en actos irregulares, pueden ser sancionados.
Por lo que refirió que hay artículos en el Código Penal que sancionan por abuso de autoridad a quien emite o decreta disposiciones que son contrarias a la Constitución y ese acto está consumado.
“Cuando llegan a decir que en la Sala de lo Constitucional tienen videos e informes que los vinculan con el crimen organizado, debo advertir que en el Código Penal nuestro existe una disposición que dice que cuando un funcionario público o un empleado público o alguien por razón de su cargo, se entera de los delitos que se están cometiendo debe de informar y hacer la denuncia correspondiente ante el órgano competente y si no lo hace, incurre en responsabilidad penal de tres a seis años y por igual período de inhabilitación para el ejercicio de cualquier otra actividad”, expuso.
Asimismo, dijo que “las personas que se atreven a hacer este señalamiento para denigrar a la Sala de lo Constitucional, pueden exponerse y deben ser expuestos en su momento a un requerimiento para que presenten esas pruebas que dicen tener o que recaiga en ellos esa responsabilidad”.
Un acto de crimen organizado
A renglón seguido, Espinal Irías, indicó que “nunca antes en Honduras se había visto el manejo de destruir y estas precisamente son tácticas del crimen organizado”.
“Los jueces y funcionarios que no son objeto de corrupción, que son insobornables -continuo- ¿qué se hace con ellos?, si son insobornables, hay que desprestigiarlos hay que señalarlos y ponerlos en condiciones que son de repudio general y cuando no pueden desprestigiarlos aplican medidas más drásticas contra sus familias, esas son las tácticas del crimen organizado”.
Igualmente, el asesor jurídico, dijo que “lo que cree la gente en la calle es que se quiere generar una crisis que conduzca a una asamblea general constituyente o impedir que todos los actos de fraude electoral puedan perjudicar la candidatura de alguien que si maneja el Congreso, que si mantiene el poder suficiente como para hacer el fraude o como para remover a los posibles magistrados que habían conocido de alguna violación de estos derechos pudiera haber influido en un sentencia favorable”.
La madrugada del 12 de diciembre, cuatro de los cinco magistrados de la CSJ, fueron destituidos en el Congreso Nacional, donde 97 de los 128 diputados, votaron a favor.
